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"Informe Catania"
Versión Taquigráfica de la señora Senadora Percovich en sesión del 17 de mayo de 2005
SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la
hora previa.
Tiene la palabra la señora Senadora Percovich.
SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en
el día de hoy quiero referirme a las recomendaciones que en
diciembre del año pasado hizo el Parlamento europeo –que son
conocidas con el nombre de "Informe Catania"- en
relación a la nueva estrategia que tiene planteada la Unión
Europea a desarrollar en el período 2005 – 2012 con respecto al
tema de las drogas.
El Informe Catania propugna una alternativa a
la política de drogas actual, que está basada en la
prohibición. En lugar de mantener el sistema vigente, el Informe
Catania propone la generalización de las políticas conocidas
como "reducción de daños" o "reducción de
riesgos" por toda la Unión Europea. Esta nueva estrategia
sería adoptada en junio de 2005.
Como la forma de atacar esta problemática es
un tema de discusión permanente en nuestra sociedad, quiero
extraer de ese informe algunos elementos que me parecen buenos
para el debate que se da en nuestro país.
El informe propone a los estados europeos
redefinir la cooperación en el ámbito de la política sobre la
droga, orientada a poner coto al tráfico de drogas
transfronterizo de gran escala, de tal forma que se aborde el
problema desde todos los puntos de vista, basándose en un enfoque
científico, en el respeto de los derechos civiles y políticos, y
en la protección de la vida y la salud de las personas. Propone,
también, tener en cuenta que las evaluaciones realizadas hasta el
momento de los seis objetivos principales establecidos en la
estrategia antidroga de la Unión Europea en el período 2000 –
2004, demuestran que en ninguno de ellos se han obtenido
resultados favorables, y que de todo esto se han de sacar las
consecuencias políticas y legislativas al elaborar la estrategia
europea en materia de lucha contra la droga para el período
2005-2012 y los correspondientes planes de acción. Me parece que
este punto es especialmente importante, porque implica una
revisión, que se está discutiendo en Europa, América Latina y
Estados Unidos, de los principios sobre los cuales se ha venido
trabajando en todo el mundo, derivados de las convenciones de las
Naciones Unidas de los años 60 y 70, que están basados,
prácticamente, en el tema de la represión. Propone también
determinar objetivos y prioridades claros, precisos,
cuantificables, que puedan plasmarse en indicadores y acciones
operativas en los futuros planes de acción, debiéndose definir
las responsabilidades y plazos de aplicación con suma claridad,
teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, a fin de
garantizar la agilidad de la ejecución, que requiere un enfoque
multidisciplinario a escala europea en torno a estos objetivos
claramente delimitados: la coordinación, la información, la
evaluación y la cooperación internacional. Estos son principios
que nosotros, en un área difícil como lo es América Latina,
deberíamos ir tomando en cuenta. Para ello, propone llevar a cabo
una evaluación detallada de la eficacia de la ejecución de la
anterior estrategia, prestando especial atención a la prevención
del consumo y la dependencia, la reducción de la oferta y la
demanda de drogas ilícitas, la limitación del daño social –es
decir, la marginalización- la limitación de los daños a la
salud y una reducción de la delincuencia a pequeña escala y de
la delincuencia organizada relacionadas con la droga. Por lo
tanto, propone no adoptar la nueva estrategia europea en materia
de lucha contra la droga para estos próximos cinco o seis años
sin conocer los resultados reales alcanzados por la anterior
estrategia, medidos a través de las pertinentes evaluaciones
técnicas, científicas, legislativas y políticas.
También propone definir normas mínimas, que
mejoren la disponibilidad y la eficacia de las intervenciones y
las relativas a las medidas de rehabilitación, sobre la base de
las mejores prácticas de los Estados miembros, con el objeto de
reducir el impacto social derivado del uso de estupefacientes.
Aquí está el tema de los protocolos, que es un tema todavía
pendiente en nuestro país. Se propone, además, incrementar la
disponibilidad de los programas de reducción de daños,
especialmente con miras a evitar la propagación del VIH y de
otras enfermedades de trasmisión hemática entre los consumidores
de drogas. A la vez, se propone establecer normas mínimas de
rehabilitación basadas en las mejores prácticas de los Estados
miembros, en lugar de centrarse en exceso en los tratamientos a
posteriori, a base de sustitutos de drogas; aquí está todo el
tema del tratamiento con metadona. Con este fin, deberán
realizarse esfuerzos particulares con miras a la reinserción
social.
También propone incidir mucho más en los
aspectos de la reducción de daños, la información, la
prevención, el cuidado, la atención a la protección de la vida
y de la salud de las personas con problemas derivados del consumo
de sustancias ilícitas, y definir medidas para evitar la
marginación de las personas afectadas, en lugar de aplicar
estrategias represivas al límite de la vulneración de los
derechos humanos fundamentales.
Se propone también establecer programas de
rehabilitación para los delincuentes consumidores como
alternativas a la cárcel, puesto que este tipo de programas han
resultado ser eficaces en los países en los que se han realizado.
Se habla, también, de prever y garantizar la accesibilidad a los
programas de sustitución, prestando especial atención al
ambiente carcelario, y fomentar al mismo tiempo la aplicación de
medidas alternativas a la detención para los consumidores de
sustancias ilícitas o por delitos menores y no violentos
relacionados con dichas sustancias. En Europa muchos países
penalizan a los consumidores.
Por otro lado, se propone aumentar
significativamente la ayuda al desarrollo de los países
productores de droga –este es un tema especialmente delicado-
mediante programas que financien cultivos alternativos sostenibles
y la reducción radical de la pobreza. Se propone estudiar
también la posibilidad de favorecer y proteger la producción,
por ejemplo, de los opiáceos con fines médicos y científicos,
así como tomar en consideración la posibilidad de lanzar
proyectos pilotos para la industrialización de productos lícitos
derivados de las plantas que figuran en la Convención de 1961,
como, por ejemplo, el cáñamo índico y las hojas de coca y
marihuana. Se propone llevar a cabo un estudio científico sobre
los costos y beneficios de las actuales políticas de control de
las sustancias estupefacientes, que incluye un análisis del
cannabis y sus derivados, lícitos e ilícitos, también con el
objeto de evaluar sus efectos y su potencial terapéutico, así
como los resultados de las políticas de criminalización y de las
posibles alternativas. Se habla de llevar adelante un análisis de
la eficacia de los programas de distribución de heroína bajo
control médico con fines terapéuticos, respecto del objetivo de
reducir las muertes a causa de la droga, y un análisis de los
costos económicos, jurídicos, sociales y ambientales de las
políticas de prohibición en términos de recursos humanos y
financieros destinados a la aplicación de las leyes. A la vez, se
propone un análisis de las repercusiones, en terceros países, de
las actuales políticas derivadas tanto de la estrategia europea
como del sistema mundial del control de las drogas.
Creo que aquí hay una serie de elementos que
importa que entren en el debate de las políticas relacionadas a
este tema en nuestro país, porque ya hay una práctica en otras
regiones con relación a la aplicación de las viejas Convenciones
de las Naciones Unidas. Me parece pertinente que estos temas, que
se están discutiendo en la Unión Europea, también se incorporen
al debate en nuestro país.
Solicito que la versión taquigráfica de mis
palabras sea remitida a la Junta Nacional de Drogas, a la
Secretaría Nacional de Drogas, al Ministerio de Salud Pública, a
la Suprema Corte de Justicia, a los organismos de la Enseñanza y
a todos los gobiernos departamentales, donde sé que hay
comisiones específicas preocupadas por este tema, especialmente
en las Juntas Departamentales, a nivel de los ediles.
Muchas Gracias, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el
trámite solicitado por la señora Senadora.
(Se vota:)
26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Si desea comunicarse con la Cámara de Senadores, por favor diríjase a la Secretaría del Senado
seccss@parlamento.gub.uy
Fuente:
CAMARA DE SENADORES
Comunicaciones del Senado con el Exterior
css@parlamento.gub.uy
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