El cuerpo de la misión está fuertemente de acuerdo con la iniciativa del Gobierno de crear instituciones separadas de la policía que se encarguen de la administración de cárceles. Frente a la ausencia de un Ministerio de Justicia debe tomarse en consideración el mantener la administración de cárceles dentro del Ministerio del Interior.

Dados los actuales desafíos de la reforma carcelaria en el país, la misión apoya fuertemente la iniciativa del Gobierno de integrar la administración de todas las cárceles bajo el mismo servicio.

El nombre que se le de a cualquier nuevo servicio deberá reflejar adecuadamente el rango de servicios que proporcionará, dando de esta manera una dirección más clara para sus funcionarios, los delincuentes y la población, en relación a su orientación y visión general.

El desarrollo de un nuevo ente totalmente separado de la policía deberá implicar el impulso de una formación adecuada y estándares profesionales para los empleados de esta nueva administración.

La formación de una estructura que incluya a los representantes del Sistema Judicial, la administración de cárceles y otros entes relevantes de la justicia penal, para monitorear el tamaño de la población carcelaria, la proporción de reclusos que esperan un juicio, así como las condicione en que se mantiene a los reclusos.

El establecimiento de una base de datos única de antecedentes de los reclusos para todo el Uruguay, a modo de proporcionar una imagen generalizada de la población carcelaria, para mejorar la coordinación de los entes de la justicia penal y para asistir los esfuerzos de la reforma, e incluso para ilustrar los debates sobre la categoría de reclusos a los que podría apuntarse en el futuro para penas sin prisión.

El establecimiento de una infraestructura más efectiva para administrar de modo eficiente las sanciones sin prisión que se encuentran a disposición en la ley.

Formar a los jueces sobre las ventajas de las sanciones sin prisión. Alentar la creación de una ley que habilite a los jueces a utilizar las medidas alternativas a la prisión que hoy se limitan al transcurso del proceso para que puedan emplearse como verdaderas alternativas a las penas impuestas por la sentencia que finaliza el juicio.

Sujeto a la aprobación del Gobierno, la ONUDD está preparada para financiar un seminario de alto nivel para los oficiales de alto rango y los expertos externos, para considerar prácticas comparativas respecto a las alternativas al encarcelamiento en algunas categorías de delincuentes.

Considerar modificaciones al sistema establecido de libertad condicional tal como la libertad bajo palabra, tanto para reducir el número de individuos encarcelados así como para asistir a la reinserción de los reclusos en la sociedad.

Los grupos de interés involucrados en el otorgamiento de la reducción de pena (el poder judicial, los servicios fiscales y la administración de cárceles) deberían discutir de modo urgente el motivo por el cual el sistema trabaja de modo inefectivo, fallando en la reducción de la presión en el sistema, y conduciendo a la frustración entre los reclusos a los que, a pesar de su buena conducta en la cárcel, se les ha negado la libertad mediante la reducción de pena. También debe tomarse en consideración la simplificación del proceso actual por medio del cual se otorga la reducción de pena.

La Oficina del Ombudsman de la cárcel es considerada por el cuerpo de la misión como un ejemplo de una buena práctica y las lecciones aprendidas a partir de esta Oficina son de gran utilidad para otras sociedades luchando contra los mismos desafíos. Es esencial que esta Oficina reciba tanto apoyo práctico como político para continuar el trabajo en el que se encuentra actualmente involucrada.

Establecer una inspección interna dentro del nuevo sistema de administración de cárceles para asegurar la conducción de inspecciones regulares dentro del departamento mismo, garantizando de este modo el cumplimiento con las disposiciones y directivas pertinentes y fomentando una mayor responsabilidad por parte de los administradores de cárceles.

Alentar a los miembros del Poder Judicial y del servicio fiscal para que realicen visitas más frecuentes a las cárceles para evaluar las condiciones bajo las cuales se mantiene a los detenidos y los casos de algunos reclusos que han sido encarcelados sin sentencia definitiva por largos períodos de tiempo.

Realizar un estudio del sistema actual de las políticas en general para la rehabilitación y la reinserción en la sociedad. Desarrollar una estrategia general de administración de cárceles en este respecto y asegurar que este enfoque abarcativo se integre con el trabajo de la administración carcelaria y la formación del equipo profesional.

Partiendo de la base de los trabajos realizados por el Ombudsman de la cárcel, el Gobierno debería considerar un estudio urgente de los servicios de salud proporcionados a los reclusos. Debería ser fundamental para este estudio un enfoque para determinar como pueden ser fortalecidos los vínculos con el sistema de salud pública. Es importante también considerar a largo plazo el traspaso la responsabilidad general por la salud de los reclusos al Ministerio de Salud Pública para asegurar un nivel equitativo de cuidados.

La práctica de encadenar a los reclusos a sus camas en COMCAR deberá ser estudiada como un problema urgente, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de las Reglas Estándares Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

Establecer sistemas efectivos del uso de drogas, su prevención y tratamiento en las cárceles. La ONUDD apoya totalmente las propuestas de la Secretaría Nacional de Drogas en este respecto y buscará proporcionar apoyo financiero a estos esfuerzos.

Existe una necesidad urgente de apuntar hacia la prevención, el tratamiento y los cuidados contra VIH de forma abarcativa en todas las cárceles del país. Una estrategia de este tipo deberá incluir una evaluación de prevalencia, actividades para la toma de conciencia entre los reclusos, una investigación acerca de la implementación de los principios de precaución universales, incluyendo los servicios de salud y dentales, acceso a artículos de prevención y la formación de los funcionarios. La implementación de este programa debería estar bajo la responsabilidad del Plan Nacional de SIDA/Ministerio de Salud Pública, con una colaboración cercana de las ONGs, el Instituto de Criminología y la Facultad de Psicología de la Universidad, así como otras organizaciones del ámbito académico.

Se recomienda que el entorno carcelario se agregue a la lista de prioridades de la UTG sobre el VIH y el SIDA.

Establecer servicios separados para las necesidades especiales de las mujeres, incluyendo el acceso a los mismos servicios que se le proporcionen a los hombres en relación al uso, prevención y tratamiento de las drogas, así como la prevención, el tratamiento y el cuidado del VIH en todas las cárceles del país en las que se mantiene a las mujeres.

Considerar la opinión pública en general con respecto a los reclusos, especialmente en relación al VIH y el cuidado de su salud. Podría ser de utilidad a su vez la aplicación del proyecto del PNUD "Mesas de diálogo" como una herramienta de apoyo público para sensibilizar a la población sobre la necesidad de reformas carcelarias y programas de VIH y SIDA para los sistemas carcelarios.