2006/FEB/02  - Semanario Búsqueda

Fuente: www.mipais.com.uy

Para 'preservar a la sociedad' de delitos graves, los menores deberían ser internados en nuevos centros de reclusión seguros
El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia advirtió que los jueces no están para adecuarse 'a ningún tiempo'

escribe Raúl Ronzoni

El flamante presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Hipólito Rodríguez Caorsi, sostuvo que los menores que comentan delitos graves deben ser internados para "preservar a la sociedad" y opinó que la solución "es construir centros de reclusión seguros".

Rodríguez Caorsi rechazó críticas de dirigentes políticos y de organizaciones de derechos humanos respecto a la decisión de un Tribunal de Apelaciones que avaló el archivo del caso del asesinato de María Claudia García de Gelman. Los críticos de esa decisión judicial reclamaron que la Justicia se adecué a los tiempos que corren.

"Los jueces no están para adecuarse a ningún tiempo sino para aplicar las normas vigentes. Si un fiscal pide el archivo el juez no puede hacer otra cosa", destacó.

El magistrado aseguró que la SCJ investigará la actuación de los jueces que cometan errores y dijo que "si el error es inexcusable y amerita la destitución, así se procederá por los intereses de la sociedad".

A los 67 años de edad, el ministro que comenzó su carrera en 1971 como juez de paz en Colonia, asumió ayer miércoles 1° la Presidencia de la SCJ en presencia del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y ante una nutrida asistencia de integrantes del gobierno.

Luego de la ceremonia oficial, Rodríguez Caorsi declaró a Búsqueda que "ninguna persona sensata puede estar en desacuerdo en cuanto a que un menor que comete desmanes o viole la ley por hechos graves deba tener una fuerte custodia para preservar la integridad de las personas. Eso conduce, inevitablemente, a que esté en reclusión".

Cuando se le recordó que en los centros de reclusión se producen frecuentes fugas, el presidente de la SCJ opinó que "los menores de infracciones graves deben estar en un lugar que permita preservar a la sociedad, y la única forma es construir centros seguros, sin mengua de la educación y el respeto por los derechos humanos".

Al referirse a una eventual disminución de la edad de imputabilidad, dijo que ésa "es una discusión de décadas" y desarrolló su posición con un ejemplo.

"Si un menor de 17 años, 11 meses y 29 días de edad asesina a una familia recibe como sanción un período breve de reclusión. En cambio, si el hecho ocurre al día siguiente, cuando cumplió 18 años, recibirá una condena severa, con largos años de reclusión. Entonces sería necesario aplicar sanciones graduales que permitan establecer para los menores cuotas de responsabilidad penal. Para ello serían necesarios estudios de equipos multidisciplinarios y una política legislativa. Esta situación no se soluciona con una rebaja de la edad de imputabilidad porque lo mismo sucedería si la edad límite fuera de 17, de 16 o de 15 años", afirmó.

Rodríguez Caorsi se refirió también al aumento de la agresividad entre los menores de edad y lo atribuyó al consumo de drogas, especialmente la llamada "pasta base", y a la situación de marginalidad en que muchos de ellos viven.

Para el magistrado, "ambos hechos se transforman en disparadores porque existe una relación directa con la violencia. Por eso creo que hay que atacar las causas. Es innegable que en los últimos años los delitos violentos crecieron dramáticamente, especialmente entre los jóvenes y también entre las mujeres".

Al aludir a la ley de "des-congestionamiento carcelario", señaló que el gobierno recogió la opinión de la SCJ sobre el número y el tipo de libertades para evitar "una hecatombe social".

"Ya existía la voluntad legislativa y la SCJ se limitó a dar su opinión porque tenemos una gran experiencia de trabajo", precisó.

Errores inexcusables. En los últimos tiempos, la SCJ dispuso varios pedidos de informes y sumarios a jueces por decisiones adoptadas en el marco de su tarea jurisdiccional. El ministro dijo que eso responde a una resolución de actuar de acuerdo con la ley.

"Los actuales integrantes de la Corte tenemos una relación personal y profesional de décadas que nos permite trabajar en forma coordinada, fluida y con coherencia en las decisiones, a diferencia de lo que sucedía algunas veces en el pasado", manifestó.

Recordó que desde 1989 existe una ley que regula ese aspecto. "El error inexcusable de los jueces quedó establecido sustancialmente en el artículo 26 del Código General del Proceso (CGP) que establece que los magistrados serán responsables por sentenciar cometiendo, justamente, un error inexcusable", dijo.

"Algunos remarcan que un juez es independiente para juzgar, pero la independencia se termina después que juzgó. A partir de ese momento, el magistrado debe ser responsable de su fallo. Hay errores humanos que pueden disculparse pero el término inexcusable es bastante claro. Esta Corte actúa en forma enérgica de acuerdo con la gravedad del hecho y si se constatan errores, se aplicarán las sanciones de acuerdo con la gravedad del hecho y en función de los antecedentes del juez. Si el error es inexcusable y amerita la destitución, así se procederá para velar por los intereses de la sociedad porque quien paga los platos rotos es el justiciable. Nosotros estamos para solucionarle problemas a la población y no para creárselos", enfatizó.

Al ser consultado sobre el nivel profesional de los jueces uruguayos, respondió que esa interrogante no puede ser respondida de manera simple. "Quizá por la influencia del CGP (que estableció los juicios orales), los magistrados son hoy más expeditivos que antes. Lo que pretende el justiciable es que le resuelvan un problema y no que surjan sentencias brillantes. Es necesario señalar también que una Facultad de Derecho de la que egresan mensualmente decenas de abogados conspira contra la calidad y buena preparación de los abogados. Nosotros tenemos el Centro de Estudios Judiciales que permite implementar un sistema de selección que antes no existía. Por eso la pregunta no se puede responder en forma sencilla", afirmó.

Sistema penal. Rodríguez Caorsi destacó que en materia penal él es contrario a separar las funciones de juez de instrucción y juez de sentencias, y cree mejor mantener el sistema actual, en el cual el mismo juez que procesa es el que condena.

"Soy el único integrante de la Corte que se opone. Guarido me argumentan que un juez penal tratará de defender su procesamiento en la sentencia porque existe el riesgo de que se enamore de su decisión y no la revierta en la condena, si un juez trabaja seriamente puede lograr la prueba que le permita en definitiva condenar. A quienes sostienen que un juez que procesa puede sentirse comprometido al condenar, yo respondo con una pregunta: ¿no es posible que un juez que no tendrá que condenar actúe frívolamente al reunir la prueba porque la responsabilidad de condenar será de otro? Bajo otro régimen yo fui juez de instrucción y juez de sentencias y cuando era juez de instrucción me sentía como un comisario de lujo", dijo.

El ministro declinó manifestarse sobre los anunciados proyectos para derogar o interpretar la "ley de caducidad", porque "si eso sucede, eventualmente yo tendría que intervenir y de ninguna manera puedo prejuzgar. Por otra parte, no me consta que el gobierno tenga la intención de llevar adelante iniciativas de esas características".

Luego de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de segundo turno que archivó el expediente sobre la investigación del asesinato de María Claudia García de Gelman, a pedido del fiscal, surgieron críticas de gobernantes y de organizaciones de defensa de los derechos humanos que reclamaron a la Justicia adecuar su actuación a los tiempos que corren. Rodríguez Caorsi fue terminante en su respuesta.

"En la aplicación del derecho penal, a diferencia del civil, existe una gran rigidez. Las normas son muy justas y los tipos delictivos muy rígidos. La pretensión punitiva está a cargo del Ministerio Público y su opinión condiciona al juez. Entonces, si un fiscal pide el archivo el juez no puede hacer otra cosa. Los jueces no están para adecuarse a ningún tiempo sino aplicar las normas vigentes", dijo.

El magistrado destacó que desde el año pasado se produjo una "poco frecuente relación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que tuvo su mayor expresión durante la discusión del presupuesto. Las reuniones de la Corte con el ministro de Economía, Danilo Astori, fueron casi diarias, luego con legisladores del gobierno y con el ministro del Interior, José Díaz, para el proyecto de descongestionamiento carcelario".

Al acto de asunción de Rodríguez Caorsi asistieron, además del presidente Vázquez, el vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, el ministro interino de Interior, Juan Faroppa, el subsecretario de Educación, Felipe Michelini, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Nora Castro.

El presidente de la SCJ hizo una valoración de esa concurrencia. "Eso demuestra lo que le decía antes: las relaciones y la comunicación son excelentes y muestran un acercamiento que redundará en beneficio de toda la sociedad y permitirá que el Poder Judicial deje de ser una isla", auguró.