2004/MAR/10 -

TEXTO LEGAL OBLIGA A REPORTAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS
Especialista cuestiona proyecto que previene lavado de activos
Gabriel Adriasola dijo que la iniciativa convertirá en soplones a los profesionales

Gabriel Adriasola. El especialista alertó sobre los peligros del proyecto

El abogado penalista y ex juez penal, Gabriel Adriasola, cuestionó duramente el proyecto de ley sobre lavado de activos enviado el mes pasado por el gobierno al Parlamento. Según el especialista, la iniciativa convertirá en “soplones” a los abogados, escribanos, agentes inmobiliarios y contadores, quienes de aprobarse el proyecto tendrán la obligación de informar a las autoridades sobre operaciones financieras sospechosas realizadas por sus clientes. 

Adriasola –quien es coredactor de la ley vigente en Uruguay sobre lavado de dinero– afirmó a El Observador que la norma propuesta modifica aspectos básicos de la relación cliente-profesional, como el secreto de las transacciones y operaciones comerciales.

El abogado calificó de “peligrosa” la extensión de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Actualmente sólo están incluidas las empresas controladas por el Banco Central, pero el proyecto amplía la obligación a las inmobiliarias, los casinos, los escribanos, contadores, abogados y los marchands de arte, entre otros. 

Adriasola dijo que el tema es complejo porque no sólo se deberá definir “qué es una operación sospechosa” sino que los profesionales tendrán que adoptar criterios de conocimiento de sus clientes y de los fondos que manejan. “A partir de allí tendrán la carga de calificar como sospechosa o no a una operación. Imagínese que un escribano tiene un cliente que compra un apartamento en US$ 20 mil, a los pocos años lo vende y compra uno más grande de US$ 60 mil. Un buen día llega con US$ 1 millón para comprar una propiedad enorme. Teóricamente eso sería una operación sospechosa y ese escribano estaría obligado a reportar la operación”, afirmó Adriasola.

Para el abogado, el Estado desplaza a privados cargas de vigilancia que le son propias. “Convierte a determinados sujetos en vigilantes. En ‘antenas´ para detectar personas sospechosas de lavado de activos”, afirmó.

Adriasola dijo que con el proyecto el Estado se entromete en profesiones que “centenariamente son portadoras de un secreto profesional muy fuerte. Ni siquiera un juez penal puede tomarle declaración a un abogado, escribano o contador acerca de lo que le dijo su cliente”. El proyecto de ley releva del secreto al profesional que reporte una operación sospechosa. El abogado sostuvo que, de aprobarse, se producirá “un quiebre en el ejercicio liberal de la profesión y un cambio radical”. Adriasola reconoció que los clientes ponen en manos de sus abogados o escribanos “información altamente privilegiada que siempre estuvo resguardada por el secreto”. El especialista en lavado de dinero calificó de inoperante el proyecto y alertó de que el mismo puede tener un efecto “secundario: impedir o poner trabas al tráfico jurídico y económico”.

Adriasola dijo que la posibilidad de intercambio administrativo de información entre oficinas estatales sobre el funcionamiento de personas físicas o jurídicas –prevista en el proyecto– abre una puerta peligrosa. “Hasta ahora todo lo que integra la privacidad de la persona sólo puede ser obtenida mediante orden judicial”, afirmó.


El único juez que procesó por lavado

Gabriel Adriasola, reconocido profesor de Derecho y penalista, es hasta el momento el único magistrado que dictó sentencia en un caso de delito de lavado de dinero registrado en Uruguay. En su condición de juez penal de Maldonado a principios de 1990 concedió a Estados Unidos la extradición de Ramón Puente Patiño, solicitada por la DEA. Por el mismo caso, Adriasola procesó en Uruguay por el delito de lavado de dinero al socio de Puente Patiño, el boliviano Selich Chop.


Ministro no quiere hoteles financiados por narcotráfico

El ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, destacó la posición asumida por Uruguay a la hora de identificar el origen de los fondos provenientes del exterior volcados en la industria turística y en otros sectores de la economía como forma de impedir que capitales provenientes del narcotráfico o de otras operaciones ilícitas intenten operar en la plaza local. 

“A Uruguay le interesa hace muchísimos años de donde viene el dinero de los inversores. El Banco Central del Uruguay ha emitido circulares donde se obliga a los responsables de las operaciones mayores a US$ 10.000 a explicar el origen del dinero. No queremos hoteles construidos por el narcotráfico”, advirtió el titular de Turismo. 

“Cada vez que hubo inversiones relacionadas con complejos turísticos nos preocupamos de saber de dónde viene el dinero. No estamos de acuerdo con que no se sepa. Nosotros no permitimos un hotel construido por el narcotráfico. Por suerte en Punta del Este no hay”, señaló Bordaberry.