2004/MAR/21 -

EL JUEZ DE MENORES ALEJANDRO GUIDO ES TESTIGO DE COSAS INCREÍBLES QUE PASAN CON ALGUNOS NIÑOS
Con 10 años inhalan drogas y enfundan una Magnum
El magistrado puso en duda algunos planes implementados por el Iname y las ONG

A. FERRARI

Colonia Berro. Está al tope

Pobreza, marginalidad, facilidad de acceso a armas potentes y creciente consumo de drogas duras hacen un cóctel peligroso y a veces mortal que explica en parte por qué los menores delincuentes son cada vez más y más violentos. Al menos así se lo indica la experiencia al juez de menores Alejandro Guido, uno de los tres magistrados que actúan en esa materia en Montevideo. 
Los adolescentes rara vez dicen al juez dónde obtuvieron drogas, o quién les vendió un arma. “Cada vez manejan armas más modernas, de mayor calibre y más poder de fuego. Tuve casos de menores que consiguen una Magnum, un arma casi prohibida”, dijo Guido, que en su juzgado nota “un aumento en la delincuencia y en el grado de violencia de los menores”.

Consultado acerca de si la legislación es adecuada para tratar esa problemática social, Guido opinó que “no se trata de un problema de legislación, sino más bien de falta de recursos que permitan al Instituto Nacional del Menor (Iname) funcionar en forma óptima”.

Libertad. La Policía suele quejarse de que los menores quedan en libertad aunque reincidan en los delitos, y tengan decenas de “anotaciones policiales”. Ese registro policial tiene para los jueces muy poca validez, afirmó el magistrado. “Una anotación de esas puede ser por mendicidad, por vagancia, por cosas que no tienen que ver con lo delictivo”, dijo. Cuando se habla de anotaciones por rapiña o por hurto, “se debe a que la Policía lo vincula con uno de esos delitos, pero no lleva un registro donde conste si después se comprobó que no tenía responsabilidad; entonces hay una especie de falacia en esos datos”. 

El juez afirmó que la privación de libertad es el último recurso para el caso de menores, inevitable en los delitos graves como los homicidios, lesiones gravísimas, rapiñas reiteradas o violentas. “En esos casos se entiende que los menores infractores tienen que tener una contención, porque la experiencia indica que con ellos no va a funcionar una libertad asistida, no porque sea una mala medida sino porque directamente no van a concurrir” explicó.

Consideró que cuando se informa que un menor queda en libertad luego de cometer una “rapiña”, se utiliza una palabra fuerte sin establecer grados delictivos que sí manejan los jueces. “Una rapiña puede ser cometida con o sin armas. Con una amenaza ya puede configurarse ese delito y el menor (acusado) puede ser primario, con una familia continente, estar estudiando”. Todos esos elementos pesan en una gama de medidas de libertad asistida que los jueces pueden determinar. 

La familia cumple un papel importante en la libertad asistida. En algunos casos los padres concurren al juzgado, y brindan “una cierta garantía de que se pueden hacer cargo del menor, corregir esa inconducta y respaldar las medidas de libertad asistida”, afirmó el juez. Pero también los menores que provienen de familias donde la delincuencia es habitual, pueden acceder a esas medidas. “No podemos decir que es irrecuperable porque proviene de tal familia, tenemos que pensar que él en particular puede ser recuperable y darle una oportunidad”, opinó el magistrado. “Hay otros menores que no tienen ningún respaldo y hay que poner en manos del Estado, del Iname, esa tarea correctiva”, añadió. 

Dudas. En los casos en los que el juez inicia un procedimiento judicial a un menor y lo envía a una libertad asistida, el acusado debe participar de un programa ejecutado por el Iname o por una Organización No Gubernamental (ONG). Esto se aplica en casos de delitos leves. “En realidad yo tengo mis dudas sobre la plena efectividad de esos programas”, opinó Guido, “Ellos trabajan en hacerle comprender al chico que cometió una conducta ilícita y que se tiene que responsabilizar por eso, es un proceso de tipo educativo que se cumple en libertad”.

En la opinión del magistrado, esos programas muchas veces funcionan, en particular uno que instrumentó el Iname que incluye trabajo comunitario, pero otros no, porque “si bien lo cumplen técnicos muy capacitados, no logran llegar al chico porque no hablan su mismo lenguaje ni entienden sus códigos, o su realidad, que a veces es durísima, de una grandes carencias, e incluso muchos de ellos son analfabetos”.


“Somos los que recibimos las críticas”

El lunes 1° de marzo en el instituto SER de la Colonia Berro hubo un motín. “El SER tenía en sus comienzos una población de 25 internos. El invierno pasado llegó a 119”, dijo el juez Guido. “Si accediéramos a todos los petitorios fiscales de internación con medidas de seguridad, tal vez en lugar de 119 tendría 200”, dijo. Consideró que la Fiscalía cumple con su deber al pedir esas medidas, pero que son los jueces los que deben ponderarlas. “Por eso también somos nosotros los que recibimos las críticas”, añadió.


Lo dijo
Alejandro Guido
Juez de menores

«Tengo dudas sobre la efectividad de los programas de las ONG»


La cifra

119, la cantidad de internados que llegó a haber en el pabellón de seguridad de la Colonia Berro.