2005/SET/29 -

A UN AÑO DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Fuerte aumento en la detección de fondos sospechosos de lavado
BCU tuvo 25 denuncias de operaciones dudosas este año, más del doble de las que hubo en 2004. El gobierno se apresta a revisar pases de fútbol, obras de construcción, casinos y supermercados

POR LEONARDO LUZZI DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR

Desde la aprobación de la ley denominada "Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo", en setiembre de 2004, aumentaron significativamente las denuncias recibidas en el Banco Central del Uruguay (BCU) por movimientos de dinero "sospechosos de origen ilegal", dijo a El Observador, Ricardo Gil Iribarne, presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, que funciona bajo la órbita de la Presidencia de la República.

En todo 2004, el sistema financiero notificó a la autoridad monetaria 11 casos de movimientos sospechosos o inusuales de dinero. Entre enero y julio de este año el BCU recibió 25 denuncias y se proyecta llegar a fin de año con 50 movimientos de fondos de dudosa procedencia, dijo Gil Iribarne. Aclaró que un movimiento sospechoso no tiene porqué configurar el delito de lavado de dinero pero "es una punta para empezar a investigar", agregó.

Los mayores controles se efectúan en el sistema financiero pero también se afinan los procedimientos que buscan evitar el delito en los casinos e inmobiliarias. En efecto, dijo el jerarca, el gobierno se apresta a hincarle el diente a "los pases de jugadores de fútbol" que se hacen a través de sociedades, algunas de ellas panameñas, "la construcción", sobre todo de edificios y "los supermercados", que manejan grandes volúmenes de dinero.

El Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, trabaja actualmente en la preparación del "esquema operativo del Estado", que estará pronto a fin de año y con el cual se enfrentará ese delito. Gil Iribarne parte de la base de que "en Uruguay se pueden estar lavando activos", pero no es una "situación dramática ni incontrolable", por lo que "hay que actuar ya para evitar que pase a mayores", señaló.

Consideró que el gobierno tiene "la firme voluntad política de combatir fuertemente el problema" y dijo que para eso cuenta con "un buen marco legal". La ley 17.835 que regula esos ilícitos fue aprobada por unanimidad de los partidos políticos en setiembre de 2004 y reglamentada en febrero último.


Fiscalización. El control "más aceitado" se hace por parte del BCU sobre los bancos, cambios y corredores de bolsa. También se tomaron medidas vinculadas al traslado de efectivo en la frontera (los montos mayores a US$ 10.000 deben ser reportados al BCU y a la Aduana) y se reglamenta la transferencia electrónica de remesas.

En el Ministerio de Economía se ajustan los mecanismos para controlar a los casinos, inmobiliarias, corredores de objetos de artes y profesionales que se dedican casi exclusivamente a la administración de sociedades comerciales, dijo el jerarca.

Respecto a las inmobiliarias, Gil Iribarne piensa que potencialmente son centros que pueden verse involucrados en maniobras de lavado de dinero. Estimó que la atomización del sector dificultará el trabajo de control, pero anunció que se tomarán medidas que no afectan el normal desempeño del sector.

Con los directivos de los casinos, agregó, se comenzó a mantener reuniones para verificar los procedimientos que aplican, que según lo que apreció "están razonablemente bien diseñados", dijo.

Explicó que, en ese caso, la maniobra se da cuando aparece, por ejemplo, un apostador con US$ 600.000 y abre una cuenta en el casino para empezar a jugar. Al retirarse, tal vez perdió US$ 150.000, pedirá un cheque por el resto del dinero depositado y de esa manera habrá ingresado al sistema legal casi medio millón de dólares.

Lo que se hace para evitar el lavado, explicó Gil Iribarne, es entregarle al apostador, cuando se retira de la sala, los mismos billetes con los cuales abrió la cuenta en vez del cheque. De esa forma, el efectivo "sospechoso" no ingresa al circuito legal. Consideró también que las grandes cadenas internacionales de casinos trabajan en la prevención de este tipo de delitos para no ver afectadas sus licencias.

El jerarca estimó entre 25% y 30% "el peaje" que se paga como costo para legalizar fondos que provienen de actividades ilegales.


Investigación. Gil Iribarne señaló que el secreto bancario vigente en Uruguay "no complica las investigaciones sobre lavado de activos" e incluso el BCU, a través de su Unidad de Información y Análisis Financiero, puede solicitar a los demás bancos datos bajo secreto.

Esa información la puede enviar al exterior, si así lo solicita una entidad bancocentralista, pero con la condición de que no podrá ser utilizada en un eventual juicio.

Se estableció que "la comunicación será reservada". La norma especificó que la obligación de informar al BCU "no configurará una violación al secreto, reserva profesional ni mercantil".

En consecuencia, "no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie".

El Centro de Capacitación en Lavado de Dinero, prevé ingresar el año próximo en una segunda etapa, que es cuando se confía detectar con más agilidad los casos de lavado de dinero.

Paralelamente se coordinarán acciones con otros agentes, como la Policía, el Poder Judicial, fiscales, Aduana y la Dirección General Impositiva, para cruzar información.

La última etapa, explicó Gil Iribarne, será crear juzgados especializados en el tratamiento de delitos económicos, dos de los cuales está previsto que sean abiertos en el año 2007. En ese sentido, el Poder Judicial solicitó recursos presupuestales para crear más cargos de jueces letrados.


El FMI y el Banco Mundial evaluarán a Uruguay

Del 3 al 18 de noviembre próximos Uruguay será auditado por primera vez en materia de lavado de dinero, por un equipo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial al que se sumará un observador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFISUD). Hasta el presente, las evaluaciones las realizaba únicamente GAFISUD y la última se realizó en el año 2002. Tras un acuerdo entre los tres organismos, Uruguay será el primer país que auditará el FMI y el BM sobre lavado de activos.


La cifra

1,2 son los millones de dólares que deberán pagar como "multa máxima" los operadores financieros que no reporten al Banco Central actividades sospechosas de lavado de dinero. La multa mínima es de US$ 62 (1.000 unidades indexadas).


¿Qué se considera lavado de dinero?

El lavado de dinero es la maniobra por la cual ingresan, al circuito legal de activos, fondos obtenidos ilegalmente en ciertos delitos expresamente previstos por la ley. El dinero proviene de actividades ilícitas como, tráfico de armas, explosivos y municiones; tráfico de personas; tráfico de sustancias nucleares o drogas; corrupción; contrabando; tráfico de órganos, tejidos y medicamentos; secuestro; tráfico de obras de arte; proxenetismo y ciertos casos de estafa.