2006/FEB/09 -

LA AUTONOMÍA IMPIDE AL PODER EJECUTIVO APLICAR SANCIONES
Prohibición de fumar en manos de los entes
El debate está instalado en el CDC de la Universidad, que recibió una carta del MSP

La campaña que lanzó el gobierno contra el tabaquismo que, decreto mediante, prohibirá fumar en los lugares de trabajo a partir del 1º de marzo, se está encontrando en la práctica con algunas trabas que pueden llegar a matizar su efectividad si no se cuenta con la buena voluntad de los fumadores. Tal es el caso de la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), organismos a los cuales la Constitución le otorga una autonomía tal que impide que el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) les aplique sanciones si no cumplen con la prohibición de fumar. Un decreto, explican los juristas, no puede ir contra la Constitución.
El director nacional de Salud, Jorge Basso, dijo a El Observador que en el MSP son “concientes de la autonomía del sistema educativo”, y que por esa razón apelan a la buena voluntad de los fumadores y a la colaboración de las autoridades de la Universidad de la República y de la ANEP.

En 1996, un decreto menos tajante del presidente Julio María Sanguinetti, prohibió fumar fuera de los espacios habilitados para ese fin. Esta medida motivó una consulta de la Universidad de la República a su Dirección Jurídica para determinar si la norma se imponía en la autonomía universitaria. La consulta concluyó que sí, porque el decreto regulaba disposiciones constitucionales respecto a la salud de la población.

Juan Pablo Cajarville, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, se manifestó de acuerdo con ese dictamen, y dijo a El Observador que “el Poder Ejecutivo está habilitado, a través del MSP, a tomar medidas relativas a la salud pública, sin que eso viole la autonomía de los entes autónomos, pero en el caso de los entes de enseñanza, en principio, el Poder Ejecutivo no tiene posibilidad de sancionarlos si no cumplen esas normas, incluso si su accionar es ilegítimo”.

Sólo alguien que se considere lesionado en forma personal por ese incumplimiento puede elevar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El catedrático explicó que el Poder Ejecutivo no puede aplicar sanciones de tipo administrativo a los funcionarios de un ente autónomo, pero en el caso de los organismos de la enseñanza, tampoco podría observar o remover a sus autoridades.

Basso dijo que el MSP mantiene una “apuesta que va más allá del aspecto impositivo de todo decreto, y apunta al involucramiento de la ciudadanía”. Con esa intención envió una carta al rector Rafael Guarga, para solicitar la colaboración de la Universidad de la República en la campaña contra el tabaquismo.

“Hoy no se necesitan inspectores para impedir que se fume en ómnibus, cines o teatros, y apostamos a ganar cada vez más espacios”, señaló.

Otra carta de Basso en junio al Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad tuvo un recibimiento dispar por parte de los consejeros que la recibieron a medianoche del martes, tras seis horas de sesión. El único entusiasta fue el decano de Ciencias Económicas, Miguel Galmés, que propuso realizar un balance de las medidas contra el tabaco que tomó cada facultad. Pero los demás ya se retiraban. “Quizás sería bueno encomendar a la Facultad de Medicina un estudio sobre cómo el uso de autos particulares contamina el ambiente y afecta nuestra salud”, señaló una consejera.

A tres semanas de que entre en vigencia el decreto que prohíbe fumar en espacios cerrados de uso público, cada facultad marcha a su propio paso hacia su aplicación, que algunos reciben de buena gana, y otros a contrapelo de una cultura de tabaco y autonomía universitaria.

Varios estudiantes consultados por El Observador coincidieron en que en las facultades se fuma, aunque aumentaron las restricciones a esa actividad desde el año pasado. La consejera estudiantil ante el CDC, Valeria Rubino, dijo que “dentro de un salón de clases no se puede fumar, aunque a veces se rompa esa norma”.

Galmés, uno de los promotores de políticas antitabaco, dijo que en la Facultad de Ciencias Económicas se prohibió fumar incluso en espacios abiertos. El decano afirmó que la medida “obtuvo buena respuesta de estudiantes y funcionarios en general, con algunos inconvenientes menores”.

Entre ellos, mencionó que “a veces resulta un poco violento decirle a un funcionario de muchos años que no fume, que está prohibido, aunque él argumente que trabaja solo y no perjudica a nadie, o que fuma en espacios abiertos”.

La Facultad de Ciencias Económicas, además, debió “montar un mecanismo con los vigilantes para pedirle a la gente que apague el cigarrillo o que no entre fumando”, dijo Galmés. A su entender, en este caso la autonomía universitaria “puede regir en que la Universidad se de a sí misma los mecanismos para instrumentar la nueva disposición, o en analizar cómo se sanciona a quien incumpla la norma”.

El decano de la Facultad de Odontología, Álvaro Maglia, dijo que la campaña antitabaco en ese instituto comenzó en 1988, y hace tres años se intensificó. “Hay ámbitos en los que ya no se fuma, entre ellos los salones de clase, y se limitó el consumo de tabaco a los espacios abiertos”, dijo.

Consultado respecto a las disposiciones del gobierno de prohibir fumar en todos los lugares de trabajo, Maglia dijo que “en lo personal” prefiere “una campaña que informe de manera adecuada para desestimular el consumo de tabaco, y no una imposición”.

En cambio, la decana de Enfermería, Raquel Mazza, consideró “excelente” lo dispuesto por el gobierno “para preservar al que no fuma”, aunque coincidió con Galmés en las dificultades para implementarlo, y señaló que aún está pendiente “analizar cómo se sanciona” a quien incumpla la norma.