2005/OCT/23 -

Se combatirán falencias en control de lavado de dinero
Enjuagues de la plata sucia
URUGUAY ABRIRÁ FUEGO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS AUNQUE TODAVÍA ESTÁ EN PAÑALES EN LOS CONTROLES. SE ESTUDIARÁN POSIBLES VULNERABILIDADES DE INMOBILIARIAS, CASINOS, ENTRE OTROS OPERADORES

MAGDALENA HERRERA

El apostador llega a cualquier casino de la región con un millón de dólares. Obviamente, no puede andar circulando con ese dinero por las mesas de ruleta y póquer. Realiza una transferencia desde otro país y lo deposita en caja a su cuenta y antojo. Dice que jugará fuerte, y hasta le ofrecen el salón vip. Es cierto, apuesta fuerte, gana, pierde, una y otra vez. Un día después se retira con 800 mil dólares. Pero el negocio no fue para el casino donde quedaron 200 mil. La ganancia fue del lavador que ingresó con un millón de dólares sucios, y se fue con un poco menos, pero completamente limpios. Ese dinero, producto del narcotráfico, de la corrupción, de la venta ilegal de armas, del tráfico de personas o de cualquier otro de esos delitos del crimen organizado, ya forma parte del activo limpio que circula en plaza. Se lavó, así nomás de simple. El ejemplo, manejado por quienes entienden del tema, se repite en diferentes tipos de negocios, entre ellos inmobiliarios, bancarios y hasta de inversiones en construcciones.

Claro que el lavado de dinero no siempre es tan sencillo, y por eso muy difícil de controlar. A veces implica cientos de personas, contactos, llamadas por teléfono con alias y en clave, vuelos aéreos, decenas de cuentas en entidades financieras o parafinancieras, compra de propiedades, sociedades anónimas, entre una compleja red del crimen organizado que busca convertir plata sucia en limpia.

"El lavador no tiene rostro, actúa en la oscuridad y de una forma muy rápida. Nosotros, actuamos en la claridad y en general más lento", señala el fiscal letrado en lo penal, Enrique Möller, autor de la ley 17.835 de "fortalecimiento del sistema de prevención, control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, votada por absolutamente todos los sectores políticos en el 2004. "El objetivo es convertir en dinero lícito, el fruto del narcotráfico, de la corrupción, de la venta de órganos, del contrabando, del negocio de las armas, del tráfico de personas. Pero la vedette en todo esto es la droga y nuestro país, se sabe, es lugar de pasaje, y también se vende y se consume. No somos inmunes a la mala globalización en cuanto a lavado de activos. También es un país donde llegan capitales de otros lugares. Por ahí pueden entreverarse las cosas", agrega el magistrado.

"El lavador no tiene negocios, ni tampoco busca la rentabilidad. Su único objetivo es convertir dinero ilícito en lícito, coincide Leonardo Costa, abogado del estudio ABCT Asesores y experto en el tema. "En algunos países del mundo se habla que un 3% del PBI podría ser lavado, en otros la cifra llega hasta un 5 o un 6%. En realidad es casi imposible saberlo con exactitud, porque se trata de economía informal, negra. Uruguay no es inmune, existen casos sospechosos que hoy están siendo investigados", afirma el ex prosecretario.

De varios trabajos internacionales realizados por expertos en lavado y terrorismo, Costa recoge que "los lavadores de dinero suelen usar compañías de fachada, sociedades que aparecen como legítimas, y se involucran en negocios legítimos, pero son de hecho controladas por criminales. Esas sociedades mezclan fondos de origen ilícito con fondos legítimos a los efectos de ocultar los dineros sucios provenientes de las actividades delictivas. El acceso a fondos ilícitos, les permite subsidiar bienes y servicios, inclusive por debajo del costo del mercado. Como consecuencia de ello, las empresas legítimamente instaladas les resulta difícil competir con las entidades de fachada, cuyo principal objetivo es proteger los fondos ilegales y no producir ganancia per se. Los lavadores de dinero pueden llegar a controlar de hecho sectores completos de la economía de un país". El ex prosecretario aclara que detrás de todo hay lugar para hacerse la película. "Tampoco se debe verse en cada emprendimiento económico de magnitud un acto ilícito, salvo que se pueda demostrar. Existen proyectos de inversión, con capitales justificados y que demuestran potencial rentabilidad. Tampoco es cuestión de perseguir a todo el mundo".

GOBIERNO. Desde el Poder Ejecutivo, en primer lugar también se aclara que no habrá una "cacería de brujas" ni nada por el estilo, pero que se buscarán absolutamente todos los mecanismos de control para combatir frontalmente el lavado, que en definitiva protege el crimen. Lo dijo el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, en Colombia: combatiremos el narcotráfico a como de lugar. Y el control de lavado es una de las formas más efectivas. "La transformación de dinero sucio en limpio es un problema mundial. Si bien en Uruguay no se han detectado casos recientes, ni ha habido procesamientos, entendemos que eso no obedece a que no exista el fenómeno de lavado sino a que nuestro sistema no es eficiente en la detección y control. Justamente en eso estamos, intentando crear una estructura aceitada de manera de bajar el nivel de vulnerabilidad del país. Hoy no es un tema dramático, pero es para evitar que algún día lo sea", indica desde Lima, Ricardo Gil Iribarne, presidente del Centro de Capacitación del Lavado de Activos de Presidencia de la República. El jerarca se encontraba la semana pasada en Perú, a propósito de un seminario de formación de evaluadores de control de lavado. "En el mes de noviembre, el sistema uruguayo será evaluado por misiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario, y entonces nos interesaba especialmente participar de esta actividad", aclara.

Así como el tema está en el tapete del mundo, fundamentalmente porque se ha confirmado su interacción con el financiamiento del terrorismo, también preocupa al gobierno. Desde el 2000 al 2004, hubo aproximadamente 40 reportes sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero de los que sólo cuatro fueron derivados a la Justicia y una de ellas fue desestimada porque había prescrito, según publicó El País el 30 de setiembre. En cambio, en lo que va del 2005, se registraron 28 reportes de operaciones sospechosas (el doble que el año anterior) que están siendo investigadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. "Hasta que no haya una sentencia judicial no se puede decir que sea lavado. Pero no es una mala noticia que existan casos que están siendo investigados. Quiere decir que el sistema está comenzando a funcionar", asegura Leonardo Costa. De todas maneras, el mes pasado el gerente de la UIAF, Daniel Espinosa, aseguró que "un número adecuado para el volumen de operaciones tendría que estar en el entorno de 100".

De la misma idea, es el representante del Poder Ejecutivo, Ricardo Gil. Desde Lima señala: "contamos con el marco legal adecuado, pero este tema tiene otras etapas que no se pueden saltear. Además del marco legal, debemos crear las condiciones para que la ley se aplique. Eso significa que los diferentes actores asuman la responsabilidad, se capaciten y se organicen para cumplirla".

¿Quiénes son los que deben asumir esa responsabilidad de denunciar operaciones sospechosas? La ley 17.835 justamente amplía el espectro y no lo limita únicamente a las entidades bancarias, parabancarias y otros sujetos jurídicos y físicos sujetos al control del Banco Central. También están obligados a reportar operaciones inusuales "los casinos, las empresas que prestan servicios de transferencias o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de antigüedades, de obras de arte y de metales preciosos, así como las personas físicas o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren, en forma habitual, sociedades comerciales cuanto éstas no conformen un consorcio o grupo económico".

¿Existe conciencia y compromiso para el combate del lavado de dinero en todos estos sectores? "Es desigual y eso es parte del diagnóstico que hemos realizado. Una cosa es el sector financiero que viene con años de trabajo y conciencia en esto, y sobre los que ya se ejerce control desde el Banco Central. Y otra cosa son los nuevos sectores obligados, con lo que estamos iniciando un plan de contactos. Iremos de lo más sencillo a lo más complejo. Los casinos no son muchos, estamos evaluando su grado de vulnerabilidad y qué medidas se pueden adoptar, en diálogo con esos operadores. Existen otros sectores más difíciles de encarar por la cantidad, la atomización y la informalidad, como es el caso de las inmobiliarias. El Ministerio de Economía se encuentra armando el esquema necesario, para comenzar a tomar contacto con ellos", asegura Ricardo Gil.

CASO URUGUAY. Además de la fuerte responsabilidad del Banco Central en el control y prevención del lavado de activos, la ley incorpora compromisos al Ministerio de Economía y Finanzas, que a su vez deberá instruir a la Aduana, eventualmente a la DGI, y otros organismos del Estado para lograr los cometidos del antilavado. "Se está armando la estructura con responsabilidades concretas, formas de operación y de cumplimiento. Todos los sectores que estamos obligados por ley debemos vincularnos de la forma más dinámica y eficaz posible. No es fácil en Uruguay, ni en ningún lado, trabajar en forma coordinada, sin generar chacritas, y con una rapidez de respuesta como merecen estos casos. Si un trámite de coordinación implica llenar 18 formularios y dos meses de espera, seguramente cuando se vaya a investigar no se halle nada. Debemos armar un esquema muy coordinado, con equilibrio entre las medidas preventivas y la fluidez de los negocios, en los que no queremos intervenir. Brindaremos toda la capacitación necesaria, y en una tercera etapa, sobre la segunda mitad del año que viene, veremos si el esquema funciona y bien. Ese es el objetivo del gobierno. Por último, también está la etapa represiva, que significa la coordinación con la policía y la justicia. Es un esquema complejo que no queremos apurar ni crear una supra infraestructura que nada resuelva. Primero estamos trabajando para ver la realidad, y cuáles son los problemas concretos. El año que viene evaluaremos cuáles serán las formas de pararnos en la cancha, junto a todos los actores, y formalizar la planificación," indica Gil Iribarne.

Ya se han reportado operaciones sospechosas. ¿De dónde proviene ese supuesto dinero ilícito? ¿Del narcotráfico? ¿De la corrupción? ¿Del contrabando? "Los reportes son señales de alerta que después son investigadas, pero aún no se pueden manejar las causas. Sabemos que existe el lavado pero aún no ha sido detectado ni castigado. ¿Dónde aparece? Vinculado a los delitos principales, que sabemos que son realidad en nuestro país, como el narcotráfico pese a que Uruguay es lugar de tránsito. También nos preocupa el contrabando en volúmenes importantes como actividad del crimen organizado, así como la corrupción, delito que socialmente al gobierno le interesa combatir directamente a través de la acción sobre bienes obtenidos. Pero todo esto tiene que ver con una percepción mía, no con una realidad que recién manejaremos en la segunda mitad del año que viene", agrega el presidente del CeCPLA.

Luego de haber analizado la región en cuanto a los delitos precedentes al lavado de activo, Leonardo Costa concluye que en primer lugar y por lejos se encuentra el narcotráfico, y luego la corrupción. También el fiscal Möller coincide en el diagnóstico.

EVALUACIÓN. En el mes de noviembre una misión del Banco Mundial y del Fondo Monetario llegará a Uruguay a evaluar los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. "No existe sistema financiero en el mundo que pueda sobrevivir sin estas regulaciones sobre el lavado. Cuando desde el exterior se evalúa un país se miden tres cosas: el sistema legal, el financiero y el operativo. ¿Qué normas se tiene? ¿Cómo se aplican? ¿Existen instituciones reguladas y no reguladas? ¿Operativamente la unidad está funcionando? ¿Se están reportando operaciones sospechosas? Se trata de regulaciones estándar en el mundo a las que Uruguay no puede ni debe quedar ajeno", señala Costa.

Por su parte, Ricardo Gil concluye que toda evaluación es bienvenida. "Nada será maquillado. Mostraremos todo lo que estamos haciendo, las diferentes etapas planificadas. Creemos que estamos en un buen camino, seguramente se nos marcarán falencias, que las tenemos, y que deberemos ir encarando paso a paso. Será una suerte de evaluación conjunta, porque estaremos de acuerdo".


Habrá justicia especializada en crimen organizado

Para el 2007, habrá juzgados especializados en crimen organizado. Se trata de una aspiración del Poder Judicial, que es respaldada por el Ejecutivo, y que está previsto por la ley de prevención de lavado de activos del 2004. En una primera instancia, se encarará la transformación de dos juzgados penales, y luego sobre la marcha se verá si son necesarios más y su ubicación geográfica, según explicó Ricardo Gil, del Centro de Capacitación de Prevención de Lavado de Activos.

¿Se justifica en un país como Uruguay? "Absolutamente sí -asegura el fiscal Enrique Moller-el crimen organizado resulta un trabajo muy complejo y difícil de manejar en cuanto se trata de una sociedad delictiva en donde muchas personas y contactos se entrecruzan de una y mil formas, con extensas conversaciones telefónicas en clave, viajes, sociedades anónimas. Son expedientes muy complicados de leer y la persona que está trabajando en eso debe tener la cabeza muy despejada para digerir toda esa información. Es imposible en la actual estructura de los juzgados penales. La complejidad se observa ya ahora en los casos de droga grande. Lo corroboré en el caso de la avioneta de Paysandú, de narcotráfico. La doctora Damasco me trajo un expediente con páginas y páginas de llamadas telefónicas, muy difíciles de desentrañar. El narcotráfico y el terrorismo forman parte del concierto internacional. Debemos contar con una justicia especializada que se pueda comunicar con España, Argentina o cualquier país, con mecanismos aceitados. Actualmente, si un juez uruguayo debe comunicarse con Chile, no sabe con quién hablar. Hasta la Policía tiene esos mecanismos mucho más perfeccionados. Ya contamos con jueces y fiscales capacitados. Por supuesto que todo esto debe estar acompañado en materia de infraestructura. Uruguay ya trabaja en el crimen organizado. Con oficinas especializadas, obtendremos mejores resultados".

Desde el Poder Ejecutivo, Ricardo Gil aclara que se comparte la idea de transformar juzgados. "Hoy resultaría difícil sacrificar juzgados, porque además el lavado aún no ha generado materia prima. Sabemos que existe, pero aún no ha llegado a la justicia. Dejar que juzgados atiendan los delitos normales para ponerlos a la espera de potenciales lavados no parece razonable. Sí, está planteado para que estén funcionando en el 2007".


En el tapete del mundo

Hace unos días se realizó un desayuno de trabajo, convocado por ABCT Asesores, donde expertos en el tema analizaron el sistema antilavado uruguayo y la prevención. Fue presentado por el ex ministro Alejandro Atchugarry, y entre otros expusieron Daniel Espinosa (UIAF), Ricardo Gil (CeCPLA), el fiscal Enrique Möller, y el abogado. Leonardo Costa y la contadora Andrea Testa, de la firma organizadora.

Por otra parte, mañana y pasado, en el Sheraton Montevideo Hotel, se dictará el Primer Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Activos, Debida Diligencia y Financiamiento del Terrorismo para Entidades Bancarias, invitación de la Internacional Compliance Association y The Global Compact. Entre otros expondrán el director nacional del servicio de inteligencia del Reino Unido, Tim Crosland y la directora de la unidad nacional de financiamiento terrorista de la Policía de Scotland Yard.

El tema, tanto en Uruguay como en el mundo, preocupa a gobiernos y privados.


¿El secreto bancario corre riesgo?

Bancos, cambios, inmobiliarias, casinos, entre otros operadores financieros, jurídicos o físicos, obligados por ley, deben reportar las operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, que tiene acceso a todos los datos necesarios para cumplir con sus objetivos. Esta unidad cuenta con la potestad para congelar por 72 horas el dinero con notificación a la justicia, así como de proporcionar e intercambiar información sobre lavado con sus pares de otros países.

¿Qué hay del secreto bancario? "Esto no significa violarlo, porque para el Banco Central, regulador y controlador, el sistema no tiene secretos. Quien envía esa información que considera sospechosa no tiene responsabilidad y está protegido por ley. Pero también hay que tener claro que desde la justicia nosotros cuidamos mucho de nuestra plaza financiera, porque así lo marca el sistema legal. Muchas veces los argentinos se han enojado con nosotros porque no hemos enviado información, pero eso es porque ellos no han demostrado la documentación necesaria. Por otra parte tuve un caso de cooperación internacional donde relevé un secreto bancario, y un argentino se enojó y vino a hablar, diciéndome que iniciaría juicio. Nunca lo hizo, y terminó procesado por el caso IBM Banco Nación", explica Möller.

"Si luego ese caso quiere ser llevado a la justicia por parte de la unidad de análisis de otro país, tiene que hacerlo por la vía de la cooperación", explica Leonardo Costa. "El secreto bancario no está en riesgo, en el combate al lavado de activos, según lo que marca la ley".

Ricardo Gil Iribarne explica que los fondos de orígenes malos no generan efectos buenos. "El Banco Central está con el derecho de pedir o suministrar información para fines investigativos a distintas instituciones y eso no ha generado ningún problema, ni la plaza está nerviosa".