2006/AGO/29 -

Muertes en accidentes Uruguay tiene niveles de fallecimientos similares a los de países industrializados. Advierten impacto de medicamentos en sedación de conductores
Una "tolerancia casi cero" para alcohol
Los expertos apuntan a bajar más el límite legal para beber, ante la imposibilidad de prever que no se consumirá nada

Dos uruguayos fallecen a diario en accidentes de tránsito y otros cinco quedan "con secuelas para el resto de la vida". Ya nadie discute que las colisiones vehiculares son la principal causa de muerte en menores de 40 años en Uruguay.

Tampoco está en duda la incidencia del alcohol en esos siniestros, porque el 38% de quienes mueren ha superado el límite legal de tolerancia a esas bebidas.

Y partiendo de la base que es inviable pensar en una "tolerancia cero" a la ingesta de alcohol para aquellos que conduzcan, ¿cuáles son las alternativas para poner freno a la situación?

Para un grupo asesor del gobierno que estudia alternativas en esa materia, son varias: una mayor reducción a la cantidad de alcohol permitida, mayor uso de espirómetros para ver cuánto bebió la persona, y hasta una "auditoría" de los mensajes publicitarios, como forma de disuadir el uso de jóvenes promoviendo ese tipo de bebidas, la "droga" de la que más se "abusa".

El miércoles 23, concurrió a la Comisión de Transporte de Diputados una delegación de la Coordinadora institucional de políticas de alcohol de la Junta Nacional de Drogas, a dar su opinión sobre dos proyectos de ley del gobierno.

El grupo presentó un documento, al que accedió El País, donde se señala que en el 2005 hubo 2.019 accidentes de tránsito en rutas nacionales, de los cuales el 15% de los conductores tenía alcohol en la sangre, la mayoría en niveles superiores a lo aceptado (0.8 gramos por litro).

La "siniestralidad" en Uruguay es "similar" a la que se constata en países industrializados y por eso sigue siendo la primera causa de muerte en menores de 40 años.

"BONITO". En el documento se presentan una serie de propuestas para bajar la siniestralidad, apelando a medidas adoptadas en otros países. Por ejemplo, se promueve la creación de un "centro nacional coordinador" para atender temas viales, y también se insta a difundir un "mensaje" que se base en que "son totalmente incompatibles" el consumo de alcohol con la conducción.

También se impulsa la rebaja del nivel legal para consumir y la realización de dos controles con el espirómetro.

Con respecto al uso de ese aparato, se señala que deben practicarse pruebas en hospitales cuando llegan personas accidentadas, y que al mismo tiempo los espirómetros deberían ser evaluados por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

En el documento también se promueve la realización de una "auditoría de mensajes masivos y publicitarios", partiendo de la base que las campañas apuntan a captar jóvenes.

Según explicó en la comisión Lauro Paulette, representante de la Universidad de la República en el grupo de trabajo, para las "alcoholeras", la publicidad es la "principal vía" para captar consumidores de una "droga lícita".

En ese sentido, planteó que una "asignatura pendiente" en Uruguay es la utilización de jóvenes para publicidades de bebidas alcohólicas, cuando en países como España las agencias se "autoregulan" en ese punto.

"En Uruguay, las alcoholeras no aceptaron que esto es un problema y usan a los jóvenes para la promoción del alcohol a través de eventos de rock o creando la imagen de joven, bonito y atractivo, con un vaso de bebida en la mano", agregó.

"VOLUNTAD". Los expertos explicaron, por otra parte, que la "regla que debe imponerse" en la sociedad es: "si uno bebe alcohol, no debe conducir".

Pero son conscientes que eso es inviable. Por eso, apuntan a que el límite para beber, de 0,5 gramos por litro como prevé el proyecto del gobierno, pase a 0,3. En la legislación actual es de 0,8.

"Una tasa de 0,3 g/l como máximo, parece razonable en caso de no existir voluntad política para establecer la tolerancia cero", explicó Mauricio Ardus, representante del Ministerio de Salud Pública en el grupo.

Por su parte, el comisario Fernando Rolando, de Policía Caminera, advirtió que "en los últimos años", el nivel de alcohol en los conductores accidentados ha ido "en ascenso".

Y si bien reconoció que 0,3 es una ingesta que también produce "efectos", se trata de un "bajo nivel de riesgo", y es "todo lo que se puede aspirar".

"¿Por qué no hablamos de 0 absoluto? Porque es prácticamente imposible", admitió.

En tanto, Gabriel Barrios, representante del Sindicato Médico del Uruguay en el grupo, cuestionó la falta de "una política de Estado" por el tema.

Por eso, se mostró optimista con los acuerdos que se pueden llegar a través de "líneas de crédito" que otorgará el Banco Mundial para dotar de espirómetros a las autoridades.

También, explicó, se otorgarán recursos para "programas de educación escolar en todo el país".

Pero, Barrios, al igual que otros expertos, indicó que al entenderse como "política de Estado", se vuelve necesario que el Parlamento adopte medidas concretas.


"Muy mal parados" a nivel mundial

Los uruguayos están "muy mal parados" en el ranking internacional que mide la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito por cada 100 mil kilómetros.

Y si bien ese guarismo había disminuido, "el año pasado aumentó" debido al "uso generalizado de celulares, al sistema de mensajes por celular, a la instalación de vehículos por televisores" y a sistemas computadorizados por el cual se le "habla" al conductor, informaron representantes de la Asociación de Ingenieros del Uruguay en la Comisión de Transporte de Diputados.

Ariel Nieto, vicepresidente de ese grupo, explicó que en 1998, año en que se hizo la primera medición de accidentados por cada 100 mil kilómetros, se comprobaron 9,8 muertes en esa distancia.

Agregó que actualmente se habla de cinco a 10 muertos, mientras que en países como Alemania la cifra es de 0,7 fallecidos, y en Estados Unidos 0,9.

Nieto indicó que los países que lograron bajar esos guarismos, lo hicieron a través de una política de Estado que se aplicó de forma continuada. En Alemania, por ejemplo, se redujo a la mitad en 20 años.

Por otra parte, Nieto explicó que uno de los puntos negativos en materia de tránsito, es la falta de coordinación con otros países de la región, en la señalización vial. Además, explicó, en Uruguay hay distintos criterios, según las intendencias.

En otro orden, el vicepresidente de la Asociación de Ingenieros advirtió sobre las dificultades que se generarán en la pavimentación de las rutas con el traslado de la producción de Botnia y ENCE, porque se superarán las actuales condiciones de mantenimiento.

"El país va a asistir a un incremento sustantivo de la demanda de transporte de carga", consignó.

También alertó sobre dificultades que habrá con puentes en las rutas nacionales, que no fueron construidos para soportar determinado peso.

Según Nieto, entre las inversiones hechas, hubo un "error" por no reparar antes rutas que estaban en mal estado.


Efectos de medicinas y marihuana

A los riesgos de conducir habiendo ingerido alcohol se agrega una dificultad adicional: el posible consumo de medicamentos y drogas ilegales, que llevan a un "aumento del efecto sedante".

El asesor del Sindicato Médico del Uruguay, Gerardo Barrios, explicó que hay medicamentos que son recetados que afectan la conducción vehicular. "Por ejemplo, la Buscapina que todos tomamos cuando tenemos un dolor de barriga afecta la conducción vehicular", sostuvo. Pero, agregó que eso no se explica en el momento de recetar alguna medicación.

En el informe presentado en la comisión, se presentan una serie de medicamentos que aumentan la sedación: antidepresivos, antihistamínicos, ansiolíticos hipnóticos, antisicóticos y relajantes musculares. "La recomendación recurrente", se indica, es que "la regla por excelencia" debe ser que "no se debe beber alcohol si se están consumiendo fármacos" y por lo tanto no se debe conducir.

En tanto, el médico Gabriel Rossi explicó que en el caso de la marihuana, se produce una alteración de la memoria reciente y hay "reflejos enlentecidos", aunque el consumidor de esa sustancia "está mucho más consciente" que una persona alcoholizada.


A estudio

PROYECTOS. La Comisión de Transporte de Diputados analiza dos proyectos de ley sobre tránsito: uno que crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), y otro que dicta normas sobre seguridad vial.

UNIDAD. La Unasev será un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo que deberá coordinar y supervisar las acciones de las diferentes entidades vinculadas al tránsito y la seguridad vial. También deberá dictar disposiciones y elaborar políticas en ese rubro.

TRANSITO. El proyecto sobre tránsito y seguridad vial incluye una recopilación de las distintas normas en la materia, y disminuye de 0,8% a 0,5% gramos por litro de sangre la cantidad de alcohol permitida. También hace obligatoria una serie de exámenes para ver si el conductor que sufrió un accidente había consumido drogas o alcohol.

INTENDENCIAS. La ley abarcará a todo el territorio nacional, por lo cual sus disposiciones deben ser avaladas por los municipios.

DISPOSICIONES. Unifica criterios sobre la circulación en las vías de más de un carril, velocidades permitidas, giros, estacionamientos, preferencias y cruces de vías férreas, entre otras medidas.

LICENCIAS. Los criterios para conceder libretas de conducir serán únicos en todo el país y consistirán en tres exámenes: uno psicofísico, uno práctico de tránsito, y uno teórico. Las libretas podrán ser inhabilitadas de forma temporal, según la "gravedad de las infracciones". Esa información se incorporará a un Registro Único nacional de conductores, vehículos, infractores e infracciones.

MULTAS. A los conductores que excedan los límites previstos en la ley sobre consumo de alcohol y que se nieguen a que se les practiquen exámenes, se les retendrá la licencia de conducir y se les aplicará una multa de hasta 100 Unidades Reajustables (UR). También están previstas una serie de sanciones económicas para quienes, por ejemplo, destruyan elementos probatorios de un accidente.

SEÑALES. En el proyecto se establecen una serie de disposiciones para la señalización vial en todo el país. También se incluye en la iniciativa un conjunto de sanciones económicas -que alcanzan hasta las 500 UR- para quienes dañen esas señales.

SANCIONES. Las sanciones previstas para quienes no cumplan con las normas no dejan sin efecto las acciones judiciales que pueden llevarse adelante en otros ámbitos de la Justicia.