2006/SET/15 -

Ricardo Gil | Presidente del Consejo Directivo del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CeCPLA)
Antes y después en el lavado de dinero
"Ahora el sistema preventivo no está funcionando bien. Esos alertas que algunos sectores nos tienen que mandar no están caminando bien. El sector financiero hace años que tiene obligaciones y ya es tiempo de exigirles", dijo, frente al caso más notorio de narcolavado

GUSTAVO TRINIDAD

En toda la historia de Uruguay, hasta 2005, hubo una sola persona procesada por lavado de dinero pero en dos semanas de septiembre estos casos subieron a 12.

Ayer otro integrante de la organización de narcotraficantes que mandaban cocaína a Europa y que lavaron una cifra millonaria en dólares en nuestro país fue procesado por lavado de dinero. Este caso fue un "ensayo general" que puso a prueba al sistema uruguayo. Muchas autoridades aseguraban que Uruguay no era plaza para lavado de dinero. Este caso fue un "ensayo general" que puso a prueba al sistema uruguayo. Muchas autoridades aseguraban que Uruguay no era plaza para lavado de dinero, ahora quedó claro que sí y con organizaciones "pesadas". Pese a que la operación fue un éxito, dejó en evidencia varias debilidades del sistema que ahora las autoridades se aprestan a subsanar en un plazo no mayor a los dos años.

Se cambiará la forma de registro de propiedades para que permita acceder inmediatamente a los titulares de bienes, se crearán juzgados especializados en lavado de activos, se exigirá a las entidades financieras que cumplan con la ley que les intima a dar aviso ante movimientos sospechosos; de igual forma los contadores, abogados y escribanos tendrán obligación de alertar a las autoridades ante transacciones extrañas y se incorporarán otros delitos que preceden al lavado de dinero.

-¿Qué delitos motivan el lavado de dinero?

-Está el narcotráfico, que fue un poco el origen de estas medidas. La corrupción, el contrabando, el tráfico de personas y el tráfico de armas. Se trata de una serie de delitos que deben existir para que después haya un delito de lavado. Por ejemplo, el delito de hurto en Uruguay no genera el delito de lavado. Si usted compra una casa con dinero robado no se la pueden confiscar. Se puede dar el delito de encubrimiento, pero lavado no. En otros países la definición es más amplia.

-¿Cómo se lava normalmente el dinero?

-A cada momento aparecen formas nuevas. Los sectores de más riesgo son el financiero, no solo por la cuentas bancarias sino por las facilidades que hay hoy para trasladar dinero de un lado al otro del mundo. Yo delinco en un lugar pero lo coloco en otro sin complicaciones. Puedo comprar una propiedad y cuando la vendo esa plata ya está blanqueada.

-¿Es común que en estas operativas participen profesionales?

-No necesariamente. Pero si yo genero plata ilegal permanentemente, como sucede con estas organizaciones, necesito armar una ingeniería para disimular. En esos casos se buscan mecanismos muy complicados. Por ejemplo, se pone plata en una sociedad constituida en Uruguay pero que opera en otro país, pero además es parte de otra que trabaja en la plaza de Panamá, etcétera. En esos casos se hace muy difícil; si llegás al quinto eslabón ya te perdés o llegás a un lugar donde no podés averiguar más. En estas estructuras complejas del lavado se requieren contadores, escribanos, etcétera. Incluso las recomendaciones mundiales dicen que los profesionales deben estar obligados a informar. Eso en nuestro país no es así. Acá los bancos deben informar, los cambios también y los casinos. Los profesionales no, salvo los estudios que administran sociedades. Por ahora ni los contadores, ni los escribanos, ni los abogados.

-¿Además de esta organización desbaratada hay antecedentes de procesados por lavado en Uruguay?

-Desde el punto de vista de procesamientos hay una persona, el año pasado.
Era un traficante de droga local y recibía muchos billetes chicos en pesos que los pasaba a dólares. Lo hacía permanentemente, a un promedio de U$S 30 mil por mes.

-¿Cómo está el marco jurídico en Uruguay?

-Desde 2001 se empezó a fortalecer el marco normativo. En 2004 se aprueba una ley que es la actual, con carencias pero nos permite actuar. En febrero de 2005 se reglamentó con apoyo de todos los partidos.

-¿En qué puntos habría que mejorar esta ley?

-En el tema de los delitos habría que incorporar otros y también en el tema de los sectores. Hay que incluir más. No porque alguien sea contador o escribano ya está en riesgo, sino que por su profesión tiene más posibilidades de detectar estas maniobras. Pero una cosa es que lo haga por buena voluntad, y otra que esté obligado a hacerlo porque puede recibir sanciones.

-¿Qué otras modificaciones?

-Bueno, nuestro sistema de registro de propiedades no permite obtener información por titulares. Ahora sólo se obtienen los padrones. Tiene que ver con décadas donde lo que interesaba era que no se supiera, bueno eso ahora va a cambiar. (N. de R.: en el plazo de dos años para definir los cambios operativos). Para esto queremos saber de quiénes son las cosas.
Necesitamos que al averiguar sobre Fulano de tal nos salte que tiene tales y tales propiedades. No es para perseguir. Es para poder investigar, no para alterar el funcionamiento de ningún negocio.

-¿Cómo funciona el sistema preventivo?

-Ahora el sistema preventivo no está funcionando bien. Esos alertas que algunos sectores nos tienen que mandar no están caminando bien. El sector financiero hace años que tiene obligaciones y ya es tiempo de exigirles.
Puede ocurrir en este mismo caso de la organización si se detectan omisiones. Se puede aplicar lo que dice la ley, que prevé multas muy fuertes.

-¿En la aplicación de esta ley cómo están parados los jueces y fiscales que, en definitiva, son quienes la aplican?

-Creo que irremediablemente tenemos que ir hacia una justicia especializada.
No hay que olvidar que la jueza que actuó en este caso tenía que expedirse en 48 horas con una cantidad enorme de documentación y 29 personas a las que interrogar. Estoy seguro de que pasó un fin de semana sin dormir y a la vez no tenía un aparato que la apoyara en temas de cuentas bancarias, propiedades, etcétera. Pero a la vez ese mismo juez está viendo una rapiña, una violación. Acá da lástima cómo deben trabajar los jueces. Está la idea de crear dos juzgados especializados en estos temas. Esperamos que comiencen a funcionar el año que viene.

-Julio Guarteche, director de la Brigada Antidrogas, dijo que para estos casos tan complejos 48 horas de detención no son suficientes.

-Creo que el plazo es demasiado reducido y que hoy se resuelve por el sacrificio de los actores. Ese es un tema que debe discutirse.


Procesado 24: van 11 por lavado

La jueza Anabella Damasco dictó ayer el procesamiento número 24 en el caso de la banda de narcotraficantes. Un hombre con iniciales M.A., que trabaja con José Luis Suárez -uno de los encargados de las operaciones de la organización- fue procesado por lavado de activos.

El procesado fue conducido a la Justicia esta semana. No había sido detenido antes porque no había sido ubicado. Hay otros indagados. En total más de 30 personas han sido indagadas.

De las personas que marcharon a prisión en el marco de la investigación -20 hombres y cuatro mujeres- 11 han sido procesados por lavado de dinero. Los hombres comparten un sector especial en el penal de Libertad. Entre los requeridos, que no se encuentran en el país, hay dos colombianos que encabezaban las actividades del grupo. Colombia y otros países cooperan en la investigación.


Aporte de EEUU sujeto a resultados

El 22 de setiembre de 2005, el prosecretario de la Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Jorge Vázquez, firmó un acuerdo con James Nealon, encargado de negocios del gobierno de EEUU, sobre el control de narcóticos.

Estados Unidos dispuso el aporte de U$S 50.000 para este programa. De esta suma se destinaban U$S 15.000 para información y sensibilización, U$S 20.000 para capacitación de personal policial, U$S 10.000 para capacitación en prevención del lavado de activos y U$S 5.000 para control fronterizo. El acuerdo, a tres años, establece que la provisión de fondos futura "está condicionada al avance satisfactorio en los objetivos del proyecto". La operación "Chimed" representa, en este sentido, un mérito. La oficina antidroga de EEUU (DEA) participó activamente en la operación.