2006/NOV/30 -

INAU. Serán internados en Hospital Español y en una colonia en San José
Respuesta a la justicia: 50 camas para niños adictos a la pasta base
En 2007 el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) dispondrá de 50 camas para la internación de menores de 15 años adictos a las drogas y ampliará la capacidad del Portal Amarillo de tres a 20 camas para los de 15 a 17 años.

NATALIA ROBA

De todos modos, las autoridades del INAU admiten que dada la dimensión del problema, es poco lo que pueden hacer con esta infraestructura.

El INAU informó esta semana a la Justicia de Familia de las medidas que tomará para cumplir con el fallo que le obligó a poner en funcionamiento en un plazo máximo de 90 días un centro de atención para menores adictos a las drogas.

El Tribunal de Apelaciones de Familia de primer turno decretó que el INAU tenga un centro para tratamiento y rehabilitación de menores de 15 años.
Además dispuso para los mayores de 15 años "ampliar razonablemente la capacidad de atención disponible".

La directora del INAU, Cristina Álvarez, dijo a El País que en el Hospital Español funcionarán 25 lugares para internación de niños y adolescentes.
Señaló que falta que se lleve a cabo una serie de "trámites legales" con el Ministerio de Salud Pública para que comience a funcionar, pero que será a comienzos del año próximo.

Álvarez afirmó que a ese centro se sumarán entre 20 y 25 camas en un centro residencial que funcionará en San José para tratamiento de casos agudos. Se pondrá en marcha con una partida que otorgó el Ministerio de Economía.

La jerarca dijo que con los recursos asignados para 2007, se hará un llamado a licitación para comenzar las obras en el Portal Amarillo. Se estima que en los casos graves la internación dura un mes.

La directora sostuvo que el Instituto ya venía trabajando en estos temas y que para solucionar el problema de las adicciones no alcanza el INAU. Además puso énfasis en que si el adicto no quiere iniciar un tratamiento no va a resultar. Por último, consideró que dada la dimensión del problema "no es mucho" lo que se podrá hacer.

AMPARO. El fiscal civil Enrique Viana, en representación de los "intereses difusos" de la población, presentó un recurso de amparo ante la Justicia de familia. Planteó que existe una "manifiesta ilegitimidad" en el INAU que está omiso en cumplimiento de un deber público.

Agregó que el organismo es "responsable de la protección y atención" de los menores y "no viene cumpliendo, satisfactoriamente con su deber de aceptarlos en régimen de internación permanente o completa y con contención, que permita un efectivo tratamiento respecto de la adicción a las drogas".

Viana tomó conocimiento de la situación a través de declaraciones que los jueces de familia especializada, Adriana Arturo, Ana Muñecas y Otto Gómez formularon a El País (14, 15 y 24 de agosto) denunciando que no cuentan con centros de internación para derivar a los menores de 15 años.

El expediente pasó a la Justicia de familia que rechazó el planteo de Viana, pero el fiscal apeló y el tribunal le dio la razón. Los ministros coincidieron en que "existe una lesión o menoscabo de derechos constitucionales de niños y adolescentes: derecho a la vida, a la integridad física y a la dignidad".

La sala integrada por los ministros Ana María Maggi, Carlos Baccelli y Jaime Monserrat coincidió en que existe un incumplimiento con los cometidos que la ley impone al INAU, por la existencia de niños y adolescentes "que no reciben la atención y tratamiento necesario para su rehabilitación".

El tribunal llegó a esas conclusiones luego de una audiencia que se celebró el 22 de noviembre. En esa instancia declaró el presidente del INAU, Víctor Giorgi. Además la sala convocó a los cuatro jueces de familia especializados.

Tanto Giorgi como los jueces confirmaron ante la sala los problemas existentes y la falta de recursos para tratar las adicciones en niños y adolescentes.

El tribunal advirtió de la "falta de coordinación" entre las resoluciones de los jueces de familia y el INAU y aconsejó la designación de un coordinador.

Si bien reconocieron que existen dificultades para concretar los proyectos previstos, los ministros afirmaron que la problemática "requiere una solución inmediata".


Drogas en 38% de los casos judiciales

En el 38% de los expedientes judiciales que se inicia a adolescentes de Montevideo se menciona la existencia de una adicción o dependencia, lo que ocurre en menor proporción en Maldonado (29%) y en Salto (17%).

Según reveló un estudio sobre la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia en esos tres departamentos, realizado por UNICEF y el Movimiento Gustavo Volpe, las situaciones de adicción o dependencia, "no son constatadas por personal médico especializado sino por los propios operadores".

El informe relató el caso de un adolescente que fue declarado autor inimputable de un delito de hurto agravado por la penetración domiciliaria, la pluriparticipación y la nocturnidad. Se le impuso pena de privación de libertad por tres meses.

El juez dispuso su internación en el Hospital Maciel para desintoxicación por el consumo de pasta base y posterior derivación a un centro especializado para continuar el tratamiento. La Fiscalía expresó en su dictamen: "Dado que no ha podido recuperarse de su adicción a la pasta base, solicito que se inicie procedimiento de adolescente infractor y se interne provisoriamente (.) peticionando al lugar de internación que tenga muy en cuenta su condición de adicto a la pasta base".

En el informe, UNICEF y el Movimiento Volpe cuestionaron las decisiones tomadas por los operadores judiciales. Señalaron que el Maciel, ni tampoco el Vilardebó, son hospitales especializados en adicciones. Además advirtieron que "en muchos casos no surge que se haya seguido un tratamiento específico".

También objetaron que los establecimientos en los que se detiene a los jóvenes no están especializados en adicciones.

En el 85% de los casos que llega a la Justicia, la droga referida es la pasta base, seguida por el alcohol 6% y la marihuana 6%. En Maldonado el alcohol está en el 44% de los casos y en el 100% de Salto.

En los casos en que el expediente refiere adicción o dependencia se ordena la intervención de un programa de orientación o tratamiento en el 91% de los casos de Maldonado y en el 45% en Montevideo. En Salto no ocurre en ningún caso.


Perfil de los que delinquen

La mayoría de los adolescentes infractores tiene entre 16 y 17 años de edad, y son sobre todo varones. Un 47% corresponde a familias integradas por sólo uno de los padres, el 17% forma parte de familias completas y un 8% a familias extendidas, con otros familiares. Un 5% no posee ningún familiar de referencia.

Casi la mitad (43%) de los adolescentes a los que se les inicia procedimientos por infracciones a la ley residen en barrios cuyo porcentaje de personas pobres supera el 50%. Esos barrios son: Casabó-Pajas Blancas, La Paloma-Tomkinson, Tres Ombúes-Victoria, Manga-Toledo Chico, Casavalle, Manga, Piedras Blancas, Jardines del Hipódromo, Villa García-Manga Rural y Punta Rieles-Bella Vista.

A partir del año 2004 el estudio detecta que hubo un "aumento desmedido" de la cantidad de infractores tanto en el tramo de 0 a 10 años como en el siguiente de 11 a 14 años.

La medida judicial más decretada es la internación provisoria, seguida por el arresto domiciliario y de la obligación de comparecer periódicamente al tribunal o ante al autoridad que el juez determine.

En los casos de hurto, para el 43% se dispone la privación de libertad, seguida de libertad asistida (36%), sanciones que imponen la prestación de servicios a la comunidad (7%), la libertad vigilada (5%) e incorporación a programas de orientación y apoyo (5%).

Para la rapiña en el 53% de los casos se dispone la privación de libertad, seguida por la derivación a programas de libertad asistida.

A partir de que el magistrado dicta sentencia se imponen medidas socioeducativas.

Desde el dictado de la sentencia de inicio hasta la sentencia definitiva, en el 52% de los casos pasa entre uno y dos meses, en el 19% entre 2 y 3 meses, en el 18% menos de un mes.


Seis visiones

Otto Gómez | Juez de Familia. El País 24/8
"Se dan situaciones de madres que se golpean la cabeza contra la pared desesperadas y padres que nos increpan duramente y nos dicen que no hacemos nada. (...) Si no disponemos la internación ¿cómo va el menor a tratarse?"

Ana Muñecas | Jueza de Familia. El País 14/8
"Cuando el juez dispone una medida, no hay quien se haga cargo (...) Cuando
se plantea un tema como la drogadicción, se dispone una medida judicial y se
sale con las manos vacías porque no hay cómo cumplir las medidas".

Adriana Arturo | Jueza de Familia. El País 15/8
"Ninguno de los tres centros que tienen convenio con el INAU para atender adictos a la pasta base admite niños de entre 8 y 12 años. A su vez los que aceptan mayores de 15 tienen sólo dos o tres camas disponibles para el organismo".

Enrique Viana | Fiscal Civil que inició amparo
"La administración arguye no contar con los medios, porque tiene capacidad limitada para recibir niños y adolescentes en régimen de internación". La no internación "ha conducido al desamparo, a la desprotección" de los menores.

Edgart Marzarini | Abogado del INAU
En defensa de la política llevada adelante por el organismo, afirmó que es "insoslayable" que haya "distintas formas de encarar políticas, que hay distintas políticas y que por eso hay distintos partidos políticos y que es la ciudadanía la que opta".

Ana María Maggi | Tribunal de Apelaciones
"El incumplimiento (del INAU) se repite, continúa y no ha cesado según han manifestado los magistrados y los propios directores del INAU (...) Es notorio el daño irreparable que puede generarse a adolescentes y a la sociedad".