2006/NOV/30 -

Abuso. En Uruguay, alcohol produce más afecciones severas que el tabaco
Conductores alcoholizados podrán ir a la cárcel hasta por dos años
El consumo abusivo del alcohol en la sociedad uruguaya está cerca de rebasar el vaso. Para las autoridades, la pelea más difícil es con la "legitimidad cultural" que el alcohol tiene en la población, aunque descartan prohibir el consumo.

El gobierno está dispuesto a revisar la normativa "en cuanto a la oferta, lugares, horarios, publicidad y fiscalización, hasta la prevención y el tratamiento a nivel poblacional, tanto en el sistema educativo como en el área laboral", dijo ayer el subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, en el marco de la Conferencia "Políticas de alcohol y rol del Estado: un enfoque Nacional e Internacional sobre el Tema".

Esos cambios ya están llegando. La Ley de Tránsito y Seguridad Vial prevé penas de hasta dos años de cárcel para conductores alcoholizados. Además, se reduce la cantidad de alcohol permitida a los conductores: de los actuales 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre a 0,3.

Entre el 35% y 45% de los fallecidos en accidentes de tránsito tenían altas tasas de alcohol al momento del choque.

El alcohol -que es la droga legal más consumida- tiene incidencia directa en otras facetas de la salud pública, expresó el subsecretario de Salud: la violencia interpersonal, los delitos, el suicidio, la actividad sexual no programa sin tomar los recaudos necesarios con la consecuencia en las infecciones de transmisión sexual, entre otros.

CIFRAS. El 80% de los jóvenes ha experimentado con alcohol alguna vez en su vida, la mayoría antes de los 13 años. Además, uno de cada cuatro (65.000 jóvenes) ha tenido una borrachera en los 15 días previos a realizada la muestra, de acuerdo a una encuesta realizada en 2005 en Secundaria.

Además, el 45% de las mujeres que dieron a luz en el Hospital de Clínicas bebieron durante el embarazo, con los consabidos riesgos de retardo mental en el niño, hecho ampliamente comprobado.

"El alcohol es un problema de todos, bebedores y no bebedores", afirmó en dicha conferencia la representante en Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Maristela Monteiro.

En América Latina el alcohol supera al tabaco como causa de afecciones severas. "El tabaco mata mucho más gente, pero a una edad más avanzada. El alcohol está matando a los jóvenes en la edad más productiva (entre los 18 y 30 años) en accidentes de tránsito, homicidios o hechos de violencia", afirmó la experta, para la cual además, en ese contexto, "la persona que muere, muchas veces está matando a otra".

NORMATIVA. En la conferencia hubo acuerdo en el hecho de que Uruguay tiene un marco legal acorde, pero muchas veces las normas están desperdigadas y no se cumplen.

La experta de la OPS y el diputado nacionalista Miguel Asqueta coincidieron en que la educación por sí sola no provoca cambios en los comportamientos de las personas.

Uno de los aspectos que influye en el creciente impacto del alcohol tiene que ver con los nuevos patrones de consumo. Para Monteiro, ahora: "el consumo está concentrado en pocas ocasiones". Fernández Galeano quien afirmó que: "importa más la cantidad que la calidad de la bebida consumida".

A Gabriel Rossi, representante de la Coordinadora Intersectorial de Políticas sobre Alcohol (CIPA), le preocupa que, para muchos jóvenes, no hay diversión sin alcohol.


Penas de la nueva ley

En la ley que crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), que ayer pasó por la Cámara de Diputados, se sanciona con una pena de seis meses a dos años de prisión, "y acumulativamente, con la privación del privilegio de conducir vehículos automotores por un tiempo de cinco años", a aquellos conductores que se encuentren en estado alterado por el efecto de drogas psicoactivas, incluido el alcohol etílico. Además se baja el límite permitido de 0,8 a 0,3 (gramos de alcohol por litro de sangre). El conductor que supere esa cantidad quedará inhabilitado para conducir.

La ley faculta a funcionarios del Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Transporte (MTOP), e Intendencias Municipales a controlar en todo el territorio nacional la presencia de alcohol u otras drogas a través de la espirometría u "otros métodos". También se penaliza con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría a aquellos conductores que violen las normas poniendo en peligro la vida de otros.