2005/JUL/11 -

La lucha exitosa contra el lavado de dinero depende de la cooperación
Las entidades especializadas están cada vez más preocupadas por la intervención de organizaciones no gubernamentales y caritativas en el lavado de dinero y financiación del terrorismo, que mueve entre 2 y 5% del PIB mundial. Esta es una de las informaciones brindadas por el español José María Fernández Lacasa, coordinador del área de prevención de blanqueo de capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de su país, quien, al igual que su colega Mariano García Fresno, fue expositor central de un seminario a técnicos uruguayos realizado en nuestra capital.

• JAIME SECCO

El curso sobre blanqueo de capitales se centró en las técnicas para conocer los clientes y titulares reales de sociedades comerciales. Participaron funcionarios del Ministerio de Economía, la Auditoría Interna de la Nación, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Presidencia de la República y bancos oficiales.

Se dictó con apoyo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) integrado por los países más poderosos, y por el grupo regional Gafisud. GAFI fue creado por el Grupo de los 8 en 1989 para controlar el blanqueo de capitales. Al año siguiente emitió un documento con 40 recomendaciones, redactadas en modo imperativo, con las que se evalúan los sistemas de prevención, no solamente de los Estados miembro, sino de todos los demás.

GAFI tiene sólo 32 integrantes, ente los cuales figuran México, Brasil y Argentina. "En 2002 se previó la entrada de Rusia, Africa del Sur, China y la India. Los dos primeros ya han ingresado, China es observador. Hay otros países que lo han solicitado, pero por ahora el tamaño de GAFI es el que es y por el momento no se prevé su ampliación", aseveró Fernández Lacasa.

Pero quien no cumpla con sus recomendaciones puede quedar fuera de la economía mundial.

En diálogo con LA REPUBLICA, el experto explicó que además de las normas de prevención y la supervisión mutua hace "un balance de jurisdicciones o países que no son miembros de GAFI, pero que son países del mundo. Para ver si realmente son zonas que permitan fácilmente el blanqueo de capitales. Es lo que se denomina países no cooperantes. Lo que vulgarmente podría llamarse lista negra de países".

"Se establecieron 25 criterios y se avisó a cada uno de los países y se elaboró una primera lista en la cual figuraban aquellas jurisdicciones que no tenían las medidas adecuadas y que no tenían una voluntad en principio para cooperar para mejorar el sistema en su conjunto", agregó. "Porque tenemos que tener en cuenta que esta actividad delictiva no se puede entender si no es a escala global. Por lo tanto, el hecho de que una pieza en el sistema falle, provoca un agujero en el sistema y la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Si un país, o por falta de medios o por falta de voluntad no coopera adecuadamente, eso es un fallo para todos".

"Hay todo un proceso en GAFI para tratar de que ese país mejore, antes de que se tomen contramedidas, que pueden suponer que las transacciones financiera con ese país se vean retardadas o se le pongan obstáculos, limitaciones o requisitos de mayor información sobre los clientes", explicó el español. "A fin de cuentas, es tratar de interferir o poner mayores dificultades con las relaciones comerciales de esos países, que no cooperan lo suficiente". Las recomendaciones de GAFI, que fueron modificadas en 1996 y 2003 para incluir nuevas modalidades de blanqueos, así como las recomendaciones sobre financiamiento del terrorismo, son estándares utilizados por el Banco Mundial y el FMI cuando estudian este aspecto de las economías nacionales. "Las técnicas que se utilizan para blanquear capitales y para financiar el terrorismo son las mismas", añadió.

GAFI está vinculada a organizaciones regionales como Gafisud que comprende a todo América del Sur, menos Venezuela y las Guayanas. Todas estas organizaciones adoptan como suyas las recomendaciones que dicta GAFI. Hoy, casi todos los países, de alguna manera colaboran con GAFI.


Tres patas

"Blanqueo de capitales, en dos palabras es cómo los grupos organizados, la delincuencia utiliza el dinero proveniente de actividades delictivas para siendo el dinero ilegal, para introducirlo en el sistema y, a través de distintas técnicas, mover el dinero entre diferentes jurisdicciones, creando sociedades, enviándolo a paraísos fiscales, a través de personas interpuestas, conseguir que ese dinero salga limpio y tenga una apariencia de legalidad que antes no tenía. Por eso se habla de blanqueo o de lavado de dinero", definió.

"El sistema financiero es susceptible de ser utilizado, pero tenemos también el sector inmobiliario, el sector de los seguros, los mercados de valores, tenemos por otra parte profesiones que no siendo del sistema financiero son susceptibles de ser utilizados, abogados, notarios, marchantes de arte, coleccionistas, numismáticos, etcétera, toda una serie de sujetos obligados por la normativa, que son susceptibles de ser mal utilizados o ser utilizados por prácticas delictivas", enumeró. Todos esos sectores deben estar, según las recomendaciones, obligados a conocer a sus clientes reales y a denunciar a los organismos de contralor financiero cualquier movimiento inusual, sospechoso, complicado o abultado. Las recomendaciones abarcan diversos ámbitos. "Sería un taburete con tres patas", dice Fernández Lacasa. "La primera sería el sistema financiero, dentro del cual entrarían los bancos centrales, como supervisores de los bancos privados de los países, y por otra parte los otros supervisores, en el caso de que haya una comisión nacional de mercados de valores o de seguros".

"Por otra parte estaría lo que es la legislación. La necesidad de aprobar leyes que permitan a las autoridades de cada país poder adecuar la normativa de prevención adecuadamente", agregó. Entre las medidas "recomendadas", figura la colaboración con otros países y normas de extradición.

"Luego", señaló, "está la aplicación de la norma, lo que en inglés se denomina law enforcement. Que las normas que están en el papel se puedan aplicar en la práctica y que haya unas fuerzas públicas que puedan supervisar a las autoridades financieras y comprobar si realmente cumplen con las reglamentaciones y que puedan llevar a cabo la recepción de denuncias sobre actividades potencialmente sospechosas y que las puedan analizar y sacar las consecuencias". Se recomienda la creación de una unidad específica de inteligencia financiera que coordine a las instituciones que pueden estar involucradas y concentre la información.


Principales preocupaciones

¿Va más rápido el control del lavado o las operaciones de lavado? "Digamos que es un proceso que va en paralelo", se lamenta Fernández Lacasa. "Por el hecho de ser actividades muy lucrativas, siempre van a tratar de conseguir mayor asesoramiento y encontrar los resquicios de las distintas legislaciones.

El tratar de reducir las fuentes de financiación y el rendimiento que se puede obtener de los capitales de la delincuencia organizada, es un medio fundamental para estrangular sus finanzas y por lo tanto reducir e blanqueo".

Entiende, entonces, que el aumento de países que cumplen con las recomendaciones de GAFI va creciendo y aumentan las medidas de control, pero "la delincuencia va creando nuevos métodos". En materia de países, "la preocupación principal es si se trata de países conocidos como paraísos fiscales, o si son otro tipo de jurisdicciones. En los países de Europa y de América creo que es una preocupación de los políticos".

Pero hay paraísos fiscales como el estado de Delaware, en EEUU, Liechtenstein, Mónaco, Suiza, Malta, Singapur, Hong Kong, Nauru. "Sin embargo, no hay que criminalizar de manera global a estos países, como si fueran solamente una máquina de lavar dinero. Porque hay muchas operaciones financieras que realizan, que no constituyen delito", señala. 

"Además, cada vez se está exigiendo que se estrechen las medidas, que no sigan siendo el eslabón más débil". "Los países deben comprender que esa masa de dinero flotante puede afectar su estabilidad estructural", alertó. "Además, ser centro de lavado tiene un costo reputacional que causa daño valorable económicamente". 


El caso uruguayo

En Uruguay, que en los últimos años ha estado al borde de la tarjera amarilla de GAFI, acaba de aprobarse una ley contra el lavado, pero la unidad de inteligencia financiera (IUAF) está sin gerente, tiene un solo analista y un administrativo.

Ricardo Gil Iribarne, presidente del CeCpla, dependiente de Presidencia de la República, definió la situación uruguaya como "de atraso general, con avance en alguna pata", aunque elogió la forma en que se venía trabajando.

En octubre del año pasado se aprobó la Ley 17.835 sobre prevención de lavado y financiación del terrorismo, que internalizó muchas de las 40 medidas de GAFI. Entre ellas la que dispone que las denuncias a la IUAF, del Banco Central, no constituyen violación del secreto bancario o profesional. Esta ley fue reglamentada por decreto del pasado 24 de febrero.

"Hubo un proceso de tres o cuatro años en que se comenzó a atender esta temática y a tomar contacto con los organismos internacionales. Fue positiva porque demuestra trabajo, lo que evita sanciones. Pero además positiva porque se aprende, se gana experiencia", dijo.

La IUAF fue creada en 2001 dentro de la Superintendencia de Entidades Financieras y desde el año pasado depende directamente de presidencia del Banco Central.

Ahora, se llamó a concurso para nombrar su gerente. "El análisis nuestro es que el trabajo que se venía haciendo es bueno y la situación es regular. Estamos recién empezando a instrumentar una serie de prácticas que nos permitan controlar este fenómeno".

"La evaluación es, tenemos que trabajar mucho para saber cuánto de lo que hay, es delito, cuánto es lavado y cuánto no lo es. Estudiar, para que la percepción no nos venga de los medios. Tengo la sensación de que hay muchísimo de ilegal y tengo la sensación de que hay cosas que tal vez a otros quisieran que hiciéramos, pero no tenemos por qué hacer, porque aquí no es delito. Pongo el caso de la evasión fiscal. Para el Uruguay no es delito precedente al lavado. Nos guste o no, en este país eso no es lavado. En cambio, el fraude, tráfico de drogas, de personas, son delitos precedentes", explicó.

"La ley podría ser mejor, pero da para trabajar. Ahora, saquemos la ley del papel ", dijo. "Hay suficientes delitos que no estamos controlando bien, antes

de ver qué hay que cambiar", opinó. Porque, "en esto, ninguna legislación alcanza. Pero lo bueno que tiene la que hay no lo estamos haciendo bien.

Naturalmente, si lo hago bien, dentro de uno o dos años podré ir al Parlamento y señalar carencias que tiene la norma. Pero no quiero enlentecer por ese elemento hoy, cuando el setenta u ochenta por ciento de lo que hoy se hace, tengo elementos para controlarlo y tengo la sensación de que no lo estamos controlando bien."

"La prioridad, hoy, la sitúo en un trabajo de coordinación y planificación que no se ha tenido tiempo de hacer. Lo que hay que hacer ahora es sentarse y ver cómo coordinamos, qué estructura precisamos. ¿Qué sabe cada uno de sus responsabilidades actuales? No tenemos una justicia especializada en delitos económicos. 

Los jueces no tienen asesores, para interpretar un balance o entender cómo se realizan transferencias muy complicadas. Hoy no hay un centro al cual todos informen y coordinen", enumeró Gil Iribarne.

Consultado sobre la colaboración de las entidades obligadas a denunciar, expresó: "Yo vengo de la banca privada y hay efectivamente un doble discurso. En principio está bien controlar el lavado, siempre y cuando no me embromen el negocio. Está aquello de no me marquen mucho la cancha, que me corren a los clientes. Es el problema que tenemos con las inmobiliarias. Nos dicen, si me pongo a preguntarles de donde sacaron el dinero, se van a ir a otro lado. La sociedad tomó conciencia sobre las drogas, pero todavía no con este tipo de delitos", concluyó.


América del Norte y Europa mueven el 77% del mercado mundial de consumo de drogas

El mercado mundial de la droga, con unos 200 millones de consumidores, mueve una cifra de negocios de unos 322.000 millones de dólares, según el informe anual de las Naciones Unidas sobre drogas, recientemente divulgado.

Esto supera el PBI del 88% de los países del mundo (165 de los 184 listados por el Banco Mundial), según Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd).

Aunque sólo parte de esta cifra precisa ser lavada en operaciones internacionales, da una magnitud de los montos que se manejan y de su capacidad de contratar profesionales y, de ser necesario, comprar bancos y hasta gobiernos.

Comparaciones hechas por el informe, revelan que el volumen de las ventas mayoristas de drogas fue en 2003 equivalente al 12% de las exportaciones mundiales lícitas de productos químicos, o al 14% de las exportaciones agrícolas del planeta, y que superó al de todas las exportaciones agrícolas lícitas de América Latina y Oriente Medio juntos.

Un 5% de la población mundial consumió alguna droga en 2004, según el informe, que por primera vez calculó el alcance financiero de este tráfico. Se distinguen los niveles de producción (US$ 13 mil millones en 2003), la venta por mayor (US$ 94 mil millones) y la minorista (US$ 322 mil millones), lo que muestra un aumento exponencial.

Por producto, el mayor mercado es el de la marihuana (US$ 113 mil millones), seguido por la cocaína (US$ 71 mil millones), las drogas sintéticas (US$ 44 mil millones) y el hachís (US$ 29 mil millones).

Pese a una disminución en Laos y Birmania, la producción mundial de opio progresó levemente en 2004 a 4.850 toneladas, debido al lugar cada vez más importante que ocupa Afganistán, que representaba 87% del mercado mundial, tres años después de la caída del poder talibán, que había terminado por casi erradicar los cultivos de amapola. Por región consumidora, encabeza América del Norte (Nafta) con 44% del monto financiero, Europa con 33%, Asia 11%, Oceanía 5% y Latinoamérica y el Caribe (sin México) 3%.