2008/SET/26 -

Políticas de largo aliento
Legislar sobre drogas con enfoque en los derechos humanos a nivel regional
Se realizó la Conferencia sobre "Política criminal y legislación sobre drogas con un enfoque en derechos humanos", que integró a académicos, la Junta Nacional de Drogas y contó con la presencia del Ministro de Justicia, Seguridad y DDHH de Argentina, Aníbal Fernández. El objetivo fue afianzar la cooperación entre los dos países en el tratamiento de las adicciones, en pro de una legislación adecuada y con enfoque en los DDHH.

El Presidente de la Junta Nacional de Drogas, Jorge Vázquez, sostuvo que esta jornada busca pensar en conjunto un problema del país, con enfoque interinstitucional e interdisciplinario, con un criterio de concreción de políticas públicas con visión de futuro, promoviendo la cooperación entre países.

Dijo que desde la JND se hace una apuesta fuerte a la generación de trabajo digno, a generar capacidades y conocimientos, ciudadanía y responsabilidad social compartida y expectativas con la convicción que un Uruguay mejor es posible y que, en particular, para los jóvenes de hoy, vivir en Uruguay vale la pena.

Señaló que el memorandum firmado entre ambos países es la continuación de una política de cooperación que ya se venía implementando y que busca profundizar los lazos.

A partir de este convenio Uruguay y Argentina tendrán un intercambio fluido desde el punto de vista académico, técnico y de información, lo cual permitirá ser más eficientes tanto en las incautaciones como en el encare jurídico y profesional de esta temática. En relación al lavado de activos, recordó que ya se realizados cerca de treinta procesamientos y más de 200 investigaciones.

El Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina, Aníbal Fernández, señaló que nuestros países tienen el desafío de construir patria en forma paralela. Agregó que Uruguay y Argentina están comprometidos en profundizar la cooperación y los DDHH en la región. Subrayó que la declaración final del 51º sesión de la Comisión de Drogas de la ONU fue un logro de ambos países, al ratificar la validez de los derechos fundamentales del hombre en el tratamiento del tema.

Aníbal Fernández realizó una cronología breve de la normativa que penaliza el tráfico de drogas. Dijo que desde la perspectiva regional, se aplicó una política represiva que fracasó rotundamente. También señaló que el neoliberalismo destruyó los sistemas de control de drogas.

Denunció que esta normativa es muy similar en toda la región y que fue aplicada en un período de tiempo muy similar. Esto no es una casualidad, dijo. Fernández reveló que, durante la puesta en marcha de la primera legislación, Ley 20.771 en 1974, Argentina fue presionada por los EEUU para implementar una reglamentación sobre drogas. En 1988, una convención internacional, organizada por el mismo país, estableció lineamientos represivos. Luego de 18 años de aplicar ese paradigma, el fracaso es notorio, concluyó.

En este momento, ese paradigma debe cambiar. La discusión pasa por la libertad, no por lo penal. En tanto no perjudique a terceros, el consumo no debe ser penado. Por eso, Fernández indicó que actualmente, se incorpora a la academia jurídica para que colabore en formar una normativa adecuada a un proyecto integral sobre drogas, dentro de una Ley de Estupefacientes. Cuando tenemos a un adicto, nosotros elegimos tratarlo antes de encarcelarlo, sentenció.

Por su parte, el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, enfatizó que la sociedad se debe un debate ciudadano en materia de políticas sociales, entre ellas, sobre adicciones. La sociedad uruguaya no puede mirar hacia otro lado, dijo. Sobre la firma del memorando entre Uruguay y Argentina, se regocijó de la capacidad para potenciar las políticas de largo aliento sobre el tema, enmarcadas en una perspectiva que atiende los derechos humanos.

Los principales disertantes, realizaron una reflexión sobre el tratamiento de esta problemática desde el enfoque del Derecho Penal. El Profesor Agregado en Derechos Humanos, Daoiz Uriarte, reconoció la labor que realiza la Junta Nacional de Drogas por retomar esta temática y tratarla interdisciplinariamente.

Subrayó que para abordar el tema drogas es necesario despejar los conceptos ‘consumo’ y ‘adicción’ de los esquemas éticos que estigmatizan y ocultan la perspectiva del problema.

Señaló que durante años, este tema estuvo marcado por una valoración moral condenándolo éticamente y que esa condena fue único fundamento de la represión penal, instaurada tanto en la legislación nacional como en la internacional.

A su vez, indicó que el desarrollo de los derechos humanos a nivel de la sociedad permitió expandir el campo de tolerancia de esa moral dominante, tratando de limitar la utilización del Derecho Penal como mecanismo de represión. La estigmatización de los sectores provoca que se perciba la norma no como una garantía sino como una agresión.

La lucha contra la adicción y su efecto en el consumo de sustancias tóxicas están ligados a la prevención y al desarrollo económico, social y cultural de un país. En este marco, el papel de Estado debe manifestarse en una actividad multidimensional, que abarque la prevención, la promoción de hábitos saludables y la realización social.

Esto, no solo implica que se debe realizar una completa revisión de todos los aspectos legales involucrados, como por ejemplo, la revisión de normas laborales que contemplen la situación de los adictos en proceso de recuperación, entre otros.

Por su parte, el profesor titular del Instituto de Derecho Penal, Germán Aller, cuestionó por qué la opinión de los juristas en el debate sobre drogas no se extendió más allá del ámbito académico. Sostuvo que la academia es proclive a una mayor liberalización en el tema drogas. Además, puso el acento en las contradicciones del sistema jurídico a la hora de penar tanto la comercialización como el consumo.

En este punto, la penalización del consumo, Aller dijo que existen dos escuelas cuando se trata de no castigar a los adictos. Por un lado, una corriente opina que, al adicto, no se lo castiga porque es un enfermo. Por el otro, no se lo castiga porque, en realidad, el consumo no debe ser comprendido como delito. Justificó su respuesta expresando que una persona debe ejercer plena disponibilidad sobre sí mismo. Finalmente, expresó que no se debe desestimar el consumo de algunas sustancias, que afectan a las personas de la misma manera que otras de consumo legal.

Legalizar el consumo, para Aller, implica establecer controles. Para eso, agregó, se debe legislar en la materia. Porque ningún uso de bienes jurídicos es de libre albedrío. La legislación utilizada en nuestros países no es la misma que en aquellos estados con mayor consumo de drogas ilegales, concluyó.

Finalmente, la Secretaria del Comité Científico Asesor del Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH de la República Argentina, Mónica Cuñarro, destacó la necesidad de contar con una legislación clara en relación al tratamiento del tema drogas, dado que a nivel regional, los países cuentan con normativas que dejan muchas lagunas y no son específicas. Señaló que la legislación americana generalmente deriva del Derecho Penal anglosajón, no siendo un reflejo de la sociedad latinoamericana.

En ese sentido, agregó que en el diálogo entre académicos y políticos, para el mejor tratamiento de estos temas, los académicos deben tener la capacidad de simplificar o traducir los términos del derecho penal para concebir mejor los conceptos a tratar y resaltó que las normas en relación a las drogas deben adecuarse al cumplimiento de los derechos humanos.