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2009/MAR/13 -
JND en Naciones Unidas En oportunidad de este evento, el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, realizó una intervención. Explicó que Uruguay posee un abordaje de la problemática de las drogas que se sustenta –ante todo- sobre la base de los Derechos Humanos. Añadió que su país, adhiere al multilateralismo como forma de evaluación y se opone a las certificaciones unilaterales. En cuanto a la Pasta Base de Cocaína, explicó que esta sustancia no recibe una atención especial a la hora del relevamiento, por parte de los organismos internacionales y agregó que es uno de los emergentes de una nueva situación en el Cono Sur. En otro tramo de su exposición, Romani dijo que los sistemas sanitarios muchas veces no llegan a dar cobertura a todos quienes lo requieren. También dedicó un capítulo a la situación en el sistema carcelario donde, según afirmó, se encuentra en situación de hacinamiento y superpoblación y redunda en una experiencia negativa para todos quienes padecen de un uso problemático de las drogas. A continuación, se difunde la exposición completa del Secretario General de la JND, Milton Romani, integrante de la Delegación Uruguaya: Hemos venido a participar en esta mesa redonda con la aspiración de intercambiar opiniones y puntos de vista. No nos parece que las simples declaraciones de cada Delegación, sin centrar el tema en debate, sean provechosas. ¿Cuál es el reto que tenemos planteado, al realizar el balance de diez años de estrategia mundial? Los aspectos centrales, Uruguay los plantea en su intervención como país. Permítanme expresar que se trata de dilucidar cuál es la mejor manera de enfrentar el tema, respetando las singularidades de cada país, e incluyendo todas las voces, por parte de la comunidad internacional. Acaba de antecederme en la palabra -en nombre del Reino Unido- un ex adicto e integrante de una ONG, que hizo una excelente intervención, la que felicitamos. Se refirió al fenómeno mundial de las drogas, desde un nuevo paradigma: se trata de aportar a un desarrollo humano integral, justo y equitativo con un enfoque de Derechos Humanos. Acabamos de escuchar el Informe del Secretario Ejecutivo de ONUDD, Antonio María Costa, quien tomó distancia de la denominada “guerra contra las drogas”. Se abre paso, de a poco, un nuevo enfoque que también toma distancia de este concepto de “guerra” que ha sido hegemónico y que tantos daños ha sumado al problema. A la hora de los balances nos preguntamos ¿Cómo evaluamos? es decir, qué mecanismos tenemos para realizar un diagnostico confiable, serio y con evidencia científica. Es un tema en discusión. Nos interesa plantear acá, las evaluaciones respecto a los estudios sobre consumo de sustancias, sobre tráfico y en materia de asistencia y tratamiento. Tres ítems que dan idea de la situación de la problemática de las drogas, en cada país y en la región. Los mecanismos de evaluación de Naciones Unidas, no parecen ser los más idóneos. “Problema Drogas: Compromiso de Todos” Permítanme una reflexión sobre la importancia del respeto de los Derechos Humanos en el problema de las drogas. En la necesidad de tener una política criminal focalizada hacia el tráfico (con criterio de proporcionalidad entre el daño y la pena) y no hacia los consumidores. Las respuestas de los ciudadanos encuestados sobre consumo son diferentes hacia un Estado que penalice el consumo, o hacia otro, que proteja las libertades y garantías fundamentales. La incidencia de la protección de los DDHH, hace a la fiabilidad de los resultados. Uruguay integra el esfuerzo realizado por seis países de la región, en una acción apoyada por ONUDD y por la CICAD-OEA, donde se realizan encuestas de jóvenes y de hogares, con la misma metodología y en forma permanente. Estos datos han sido recogidos recientemente por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Es apenas una tentativa permanente de lograr datos tendenciales sobre consumo. Por otra parte, Uruguay adhiere al multilateralismo como forma de evaluación, tal como se hace a través del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la OEA. No somos partidarios de las certificaciones unilaterales. Sobre nuevas rutas de tráfico ilegal, reiteramos lo ya planteado en la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, cumpliendo con las Recomendaciones de la XII Reunión de Autoridades en Drogas del MERCOSUR y países amigos. La Pasta Base de Cocaína (PBC) no forma parte de atención especial del relevamiento de los organismos internacionales. Y es uno de los emergentes de una nueva situación en el Cono Sur. Se trata de nuevas rutas, que derivan de un efecto globo del control de precursores químicos, de una nueva territorialización de la producción de cocaína (con la diseminación de las llamadas “cocinas” en territorios del Sur) y del desplazamiento de grupos de crimen organizados hacia el sur del continente. El tráfico y consumo de pasta base de cocaína es también un tema de responsabilidad común y compartida. La comunidad internacional y los mercados consumidores, deben incorporar e identificar este problema que acucia a los sectores más vulnerables de nuestros pueblos. Seguiremos fiscalizando el tránsito de cocaína y de precursores químicos. Esto, ahora vemos, es solo un aspecto del problema. Convocamos a incorporar todos los problemas que ahora, implican la apertura de un mercado de consumo local. Los sistemas de asistencia y tratamiento son variables evaluadores de la magnitud del problema. Además deben ser evaluados desde el punto de vista de sus normas y su eficiencia. Dos precisiones sobre este punto: el derecho humano a la salud debe estar garantizado para los adictos en todo el sistema sanitario. En el público, en forma prioritaria. Pero en complementación con las ONG y el sector privado de la salud. Se trata de un derecho humano. “Problema Drogas: Compromiso de Todos” La participación de la sociedad y de los usuarios es un tema central. No lo hemos podido instrumentar plenamente en mi país, porque los esfuerzos han estado orientados a cumplir las obligaciones –omitidas- del Estado. Pero es un principio fundamental. Por otra parte: el sistema sanitario no siempre llega a todos los adictos. Acá el esquema -más o menos represivo de las políticas de drogas- también incide. Pero estructuralmente el sistema no siempre llega a dar servicio a quienes lo necesitan. Es importante insistir en que los dispositivos que responden al modelo de Reducción de Daños -que en nuestros países tienen un alto contenido de inclusión social- responden a la necesidad de contar con Dispositivos Intermedios, con alcance comunitario hacia los adictos. Por último, pero que no es menos importante: tenemos las cárceles hacinadas y superpobladas. En toda la región no se garantiza la rehabilitación social. La política criminal con respecto a los consumidores debe responder a un enfoque de derechos. Es un tema sanitario, no penal. La población penitenciaria que además tiene uso problemático de drogas, debe ser atendida con un enfoque integral. Esto también es un derecho humano. Un aspecto clave de la política de drogas, porque de nada vale insistir en la “tolerancia cero” y la pretendida dureza represiva para “retirar” consumidores problemáticos y pequeños traficantes y trasladar el problema. Algunos tienen la ilusión que al sacarlos de las calles, el problema se resolvió. NO. Se trasladó hacia los institutos penitenciarios donde tenemos una situación grave y explosiva. |
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