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2009/MAY/25 -

ONUDD - JND
Uruguay contará con plan de acción para mejorar
sistema carcelario
El representante de la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Giovanni Quaglia y el
representante residente del PNUD, Pablo Mandeville, presentaron al
Presidente Vázquez, un Plan de Acción para la Reforma del Sistema
Penitenciario y la Política Criminal. Se trata de un trabajo
consensuado que expone acciones a corto, mediano y largo plazo con
el fin de mejorar los alcances del sistema penitenciario.
El representante de ONU, Giovanni Quaglia señaló que su
Oficina, se encuentra apoyando al gobierno uruguayo en la reforma
del sistema penal, sobre todo, en relación a las condiciones de
los reclusos. Explicó que el documento resume dos años de trabajo
en la materia y que la tarea comenzó en mayo de 2007 con una
misión de expertos de ONUDD, otra del BID y un cierre en 2008, con
un seminario – taller que integró análisis y diagnóstico de
situación. A esto se suma una consultoría –financiada por ONUDD-
que fue la encargada de elaborar el denominado Plan de Acción.
A nivel de Uruguay, la Junta Nacional de Drogas (JND), fue la
encargada de liderar las acciones y viabilizar la creación del
Plan.
Quaglia celebró que luego de dos años de trabajo, se arribara a
un documento consensuado que prioriza acciones para mejorar el
sistema carcelario. El trabajo, enumera acciones en las áreas
legislativa, ejecutiva y judicial.
Resaltó que una problemática de la envergadura de la del
sistema carcelario –que se arrastra desde los últimos 10 años-
trasciende a una administración de gobierno.
Indicó que el Presidente Vázquez dio pleno apoyo a la
implementación de este Plan y adelantó que llevará adelante
gestiones políticas para que el tema se trate como una prioridad
nacional.
Según los relevamientos citados por el Representante
Internacional, la población carcelaria de Uruguay, pasó de 4.000 a
7.700 en la actualidad.
Quaglia enumeró algunos de las adversidades a las que se debe
hacer frente dentro del sistema carcelario. Explicó que el
principal problema se encuentra en que existe hacinamiento en al
menos un 50% de los establecimientos. La capacidad de las
prisiones, está en el entorno de las 4.500 plazas, sin embargo, en
ellas se albergan unas 7.700 personas privadas de libertad. Ligado
a esto, Quaglia expresó que si el Poder Judicial, se mantiene en
la línea de enviar a prisión a todos los delincuentes, este
problema va en ascenso. Explicó que el documento plantea que una
posible solución, puede ser la de lograr una legislación que
brinde opciones alternativas al encarcelamiento. En este caso,
citó como ejemplo que cuando se trate de jóvenes, sin delitos
previos, de entre 18 y 25 años, la instalación de establecimientos
similares al Centro Nacional de Rehabilitación, puede ser una
solución en la dirección de no propiciar su integración con
delincuentes más peligrosos. Añadió que también resulta altamente
provechoso –durante su período de reclusión- dotar de algún tipo
de educación o formación para facilitar su reinserción una vez
cumplida la pena.
Otra de las sugerencias del Plan -con el fin de reducir el
hacinamiento- es valorar la buena conducta dentro de los
establecimientos
También el uso de las penas alternativas, se maneja en el
proyecto, como uno de los medios para contrarrestar la
superpoblación carcelaria, pero aclaró que el beneficio de la pena
alternativa, se maneja sólo para condenas que no superen los 24
meses de prisión.
Quaglia remarcó que el documento expone estas líneas de acción
como forma de demostrar que la prisión y la penitenciaría, no
deben ser las únicas vías de purgar las penas por parte de los
infractores.
Para el representante de ONUDD, otro de los problemas serios
del sistema, es el alto nivel de reincidencia una vez cumplida la
pena. En este sentido, explicó que el trabajo con el recluso -al
menos seis meses antes de salir en libertad- es una tarea que
arroja buenos resultados en su retorno a la comunidad.
Quaglia citó cifras concretas que hacen a la realidad del
sistema carcelario a nivel nacional y mundial. En este sentido,
expresó que –en Uruguay- existen unos 237 presos / 100.000
habitantes, uno de los guarismos más elevados de América. En tanto
que en Europa, esa relación es de 150 presos /100.000 habitantes.
Año a año y a nivel mundial, los privados de libertad alcanzan los
30.000.000 de personas, por lo que Quaglia indicó que se trata de
un ciclo en el cual, año a año, los infractores, ingresan y
retornan del sistema. Debido a esto, dijo que cada ciudadano, se
debe preguntar qué tipo de persona es la que está abandonando un
centro de reclusión y si –durante su tiempo de reclusión- se logró
el objetivo de rehabilitarlo.
Por su parte, el Secretario General de la JND, Milton Romani
expresó que –en base a diagnósticos de situación- ya se avanzó
hacia un plan integral de acción que implica reformas en la
administración del sistema penitenciario, reformas legales y en lo
referente a salud dentro del sistema, entre otras medidas.
Romani destacó la importancia de contar con un plan integral,
en lugar de la toma de medidas aisladas. |