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2009/OCT/09 -

JND-MI-SCJ
Medidas alternativas al encarcelamiento resultan
eficientes y humanitarias
En procura de una reforma
integral del sistema penitenciario, la Junta Nacional de Drogas
organizó una jornada para analizar medidas alternativas a la
prisión, haciendo hincapié en el consumo problemático de drogas.
El objetivo es compartir experiencias y debatir, dado que estas
medidas son necesarias desde lo humanitario, pero también son un
buen negocio amparado en el derecho a la seguridad pública y la
convivencia.
Se realiza en Montevideo la “Jornada Nacional sobre Medidas
Alternativas con especial énfasis en el abordaje del consumo
problemático de drogas”.
Participaron del acto de apertura: el Ministro del Interior,
Jorge Bruni; el Secretario General de la JND, Milton Romani; el
Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino; el
Subsecretario del Interior, Ricardo Bernal; el Subsecretario de
Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, la Fiscal Letrada
Nacional en lo Penal Especializada en Crimen Organizado de 1º
Turno de la Fiscalía de Corte, Mónica Ferrero; el representante
del Centro de Estudios Judiciales, Ángel Cal, y la Directora del
Patronato de Encarcelados y Liberados, Cristina Gil.
Milton Romani explicó que se inició un proceso desde la JND,
trabajando en base a un convenio con la Suprema Corte de Justicia
en varios planos, con resultados fructíferos. Lo mismo con el
Ministerio del Interior y el Patronato.
Las prácticas a nivel internacional comprueban que estas
medidas son mucho más eficientes en materia de reinserción social
y rehabilitación que las prisiones, aunque sean prisiones no
hacinadas como las que tenemos.
Ahora se está abogando por un proceso de reforma integral del
sistema penitenciario, porque se entendió como un compromiso
derivado del problema drogas.
Romani apeló al debate sobre las medidas alternativas a la
prisión. Las medidas alternativas son una necesidad no solamente
humanitaria sino de buen negocio. Son un buen negocio en materia
de inversión del Estado y de inversión en capital humano.
Parecen ser mucho más redituables y eficientes que los sistemas
carcelarios de América Latina.
El objetivo es que nuestra política criminal y nuestro sistema
penitenciario aporten en el sentido de un desarrollo humano justo,
equilibrado y equitativo, que nos permita vivir en base a un
derecho humano fundamental, que es el derecho a la seguridad
pública y a la convivencia.
Las penas alternativas están en manos de los Jueces, pero se
debe contar con un Patronato o similar que sea poderoso, con
presupuesto, y con centros educativos y comunitarios donde se
cumplan las penas.
Primero es necesario convencer a la ciudadanía y al sistema
político. Muchos Jueces están empeñados en que pueda
instrumentarse.
En cuanto al rol de la JND en este tema, Romani recordó que
trabaja en la recuperación de adictos en cárceles y además asume
el problema drogas desde una perspectiva integral, por ello se
planteó un plan de reforma del sistema penitenciario.
Por otra parte, en estos cuatro años desde la Junta se
incautaron siete toneladas de drogas, se detuvieron 8000 personas
y se procesaron casi 3000 personas. Por ello, se asumió el
compromiso de aportar a un sistema de prisión más humanitario y
eficiente.
Entre un 7 y 8% de los reclusos son procesados por la Ley de
Drogas. Es presumible que el consumo en cárceles sea muy
importante. Además se debe cuantificar cuántos delincuentes están
vinculados a delitos relativos a la droga. Romani informó que se
está culminando una encuesta en seis centros carcelarios (labor de
la JND con la colaboración de la Dirección de Cárceles y la
Facultad de Psicología) y en breve se tendrán resultados seguros.
Si bien reconoció que la delincuencia está vinculada a la pasta
base, aseguró que lo grave sería si se pensara que solamente es
por consumo de drogas.
La delincuencia es un fenómeno social, complejo con muchas
variables, entre ellas la droga, pero también generaciones
excluidas de la Ley (de poder trabajar y comer por ejemplo).
Romani reiteró su posición de que hay que “arrancarle la
cabeza” a quien trafica pasta base, pero no debemos refugiarnos en
que el problema del delito es solamente un tema de drogas, no es
del todo acertado.
Asimismo, aclaró que quienes trafican droga no son
necesariamente consumidores, en general no tienen un perfil igual
a los que consumen.
Los que trafican no son todos excluidos y marginados, algunos
están en altos círculos de poder y hacen las cosas por hacer mal,
en un horizonte desmedido de ambición, indicó.
“Cuando hablamos de drogas y del delito no hay que mirar
solamente para los barrios marginales, también hay que mirar para
algunos círculos de poder importante”, añadió.
En cuanto a estos círculos de poder, Romani dijo que no sólo
refiere al entorno del fútbol, y en este sentido recordó las
sociedades anónimas financieras de inversión (SAFI) creadas en la
década del 90, que fueron la pesadilla del lavado de dinero.
El Jerarca aclaró que no es una discusión sobre el tema
sociedades anónimas, sino puntualmente sobre las SAFI que este
Gobierno prohibió (las que están formadas caducan en 2010). “No
hay que entreverar la baraja”, dijo.
Romani sostuvo que se comprobó que las SAFI pueden operar en el
narcotráfico, por ello se eliminaron.
Citó la metáfora de los cuchillos y dijo: “Si yo fabrico
cuchillos, puede ser que yo no sea responsable de lo que haga
luego el cuchillero, pero si yo pongo un cartel que diga ‘fabrico
cuchillos para lo que sea’, tengo derecho a pensar que es un
mensaje para los cuchilleros”.
Finalmente, solicitó el compromiso de todo el sistema político
en este tema.
Jorge Ruibal Pino recordó que desde hace mucho tiempo el Poder
Judicial se dio cuenta que la labor en lo que tiene que ver con el
sistema carcelario y la incidencia que las drogas tienen en el
mismo, debe hacerse con todas las instituciones que operan en el
mismo sentido. De esa forma se trabaja con la JND, con el
Ministerio del Interior, con la Dirección de Establecimientos
Carcelarios, con el Patronato de Encarcelados y Liberados, con
resultados sorprendentes. Es necesario continuar trabajando para
ampliarlos.
Estos encuentros aportan un nuevo “empujón” a las autoridades
que están detrás de estos programas de mejoramiento del sistema
carcelario. Es conveniente, además, incluir en ese mejoramiento el
tratamiento de la adicción dentro de las cárceles.
Ruibal entiende que este tipo de trabajos debe ser prudente y
cauteloso.
Jorge Bruni sostuvo que si bien considera que existe mucha
distancia entre el derecho y la realidad, en la oportunidad
felicitó a la JND por la iniciativa, porque el derecho y la
realidad son los convocantes y demuestran la necesidad de una
jornada como ésta.
Muchas guías jurídicas e iniciativas teóricas convocan a
trabajar, aseguró. Algunos aspectos negativos también instan a
trabajar como el hacinamiento en las cárceles.
Existen muy buenos datos de la realidad que también convocan a
seguir procesando este tipo de contenidos, por ejemplo las enormes
diferencias existentes entre la reincidencia entre los que adoptan
penas alternativas y los que se niegan (menor reincidencia cuando
se adoptan medidas alternativas). |