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2010/MAR/10 -
JND ante Comisión de ONU Intervención de la
Delegación de Uruguay durante el 53° Período de Sesiones de la
Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, en
la ciudad de Viena. Señor Presidente Delegados y
Delegadas: En primer lugar un
saludo y felicitaciones al Sr. Presidente, Sr. Embajador de Irán,
Ali Asghar Soltanieh y a toda la Mesa, por su designación y
desempeño calificado, práctico y amable que esta desplegando. Permítame un
saludo fraterno y solidario a las delegaciones de Haití, Chile y
Turquía cuyos pueblos están sufriendo las consecuencias de las
inclemencias sísmicas. Uruguay se hace
presente en esta 53ª Sesión de la Comisión de Estupefacientes en
un momento muy particular de su historia. El sistema
democrático se ha visto fortalecido con las elecciones de
noviembre pasado y la asunción el 1° de marzo del sexto gobierno
luego del fin del periodo dictatorial. El nuevo
Presidente, José Mujica ha ratificado la continuidad de las
políticas en drogas, su orientación, estrategia y planes,
confirmando o promoviendo a las principales autoridades en el
tema. Es una reafirmación del compromiso de nuestro país con el
problema mundial de las drogas. En el gobierno de
Tabaré Vázquez, la Junta Nacional de Drogas instaló de forma
transversal e intersectorial una estrategia integral, equilibrada
y con profundo sentido social y cultural en el problema drogas. El
combate al crimen organizado y el lavado de dinero han sido
implacables. De la mano de las líneas de promoción de salud,
prevención, tratamiento y reducción de daños. Uruguay implementó
un Plan Nacional Integrado de Lucha contra el Narcotráfico y el
lavado de dinero que coordina todas las agencias y que remitió a
la cárcel a 2.978 personas (en un país de 3,5 millones de
personas) por ley de estupefacientes, incautando alrededor de 10
toneladas de drogas en tránsito y para consumo interno. Uruguay sancionó
normas legales nuevas, Juzgados y Fiscalías Especializadas en
Crimen Organizado y la Secretaria Nacional Antilavado de Activos
en la órbita de la Presidencia de la República. Se creó el Fondo
de Bienes Decomisados. Uruguay ha creado
la Primera Red de Asistencia en Drogas que abarca desde Primer
Nivel de Asistencia, con varios Centros de Tratamiento. Se
capacitó a profesionales de todas las disciplinas. En un enfoque
de derechos se está impulsando la obligación de las prestaciones
del sector privado en drogas. Ha incorporado el
control y prevención del consumo problemático de alcohol con
enfoque de reducción de daños. Es la droga de mayor prevalencia
con nuevos patrones de abuso que generan graves daños humanos,
sociales y económicos. Uruguay es el
primer país Libre de Humo de Tabaco en todo su territorio,
reduciendo con sus políticas antitabáquica el consumo de tabaco de
50% a 31% en población general. Hoy sufre el ataque de las
tabacaleras que pretenden demandar a nuestro país. Insistimos en este
foro que integralidad significa también el control y prevención de
drogas de circulación licita. Como bien señalan la OMS y OPS de
graves repercusiones en la salud y la seguridad publica (en el
caso del alcohol) y puerta de entrada para el abuso de otras. Uruguay ha
construido programas de prevención en las cuatro ramas de la
enseñanza. Se culminó con todo éxito el Plan Ceibal “Un niño: una
computadora” Todo niño en edad escolar tiene una X02 para uso en
la escuela, en su casa y en la plaza publica, a trabes de una gran
red de servidores. Dentro de este Plan Ceibal varios programas de
prevención en drogas se están incorporando. Estamos instalando
en la Negociaciones Colectivas de empresarios y trabajadores
programas de prevención de alcohol y otras drogas. En varias
Empresas Publicas se aplica el Programa de prevención del Ámbito
Laboral y Familia en coordinación con la ONUDD Brasil y con SESI. Con dicha Oficina
y con el apoyo de ONUDD Viena, Uruguay ha preparado un Plan de
Reforma Integral del Sistema Penitenciario con acciones a corto,
mediano y largo plazo. Con el apoyo de
ONUDD Perú y el Observatorio Interamericano de Drogas de la CICAD-OEA
Uruguay participa del Proyecto “Sistema Subregional de
Información, e Investigación Sobre Drogas en Argentina, Bolivia,
Ecuador, Perú y Uruguay y posteriormente la incorporación de
Colombia. Ejemplo de cooperación que nos permite sistematizar
metodologías en estudios de población general, de jóvenes de
enseñanza media, infractores, cárceles. Un modelo a seguir para
conocer y definir políticas al respecto. Invitamos a todos a la
presentación de los mismos que se realizara en el marco de esta
reunión. Sr. Presidente El seguimiento de
la Declaración Política y el Plan de Acción del Segmento de Alto
Nivel del 52 ° período implica, necesita debatir, interaccionar. Uruguay insiste en
la necesidad de desplegar un debate fermental y amplio sobre las
políticas de fiscalización y paradigmas de abordaje del problema
mundial de las drogas. Si es cierto- como se afirma en el Prefacio
del Reporte Anual- que la política de fiscalización ha ocasionado
“daños colaterales” (a la manera de las guerras) no basta con
intentar evitarlos. Lo que hay que revisar es el paradigma de la
guerra. Si fuera “guerra”
seria deseable adherir al enfoque de Sun-Tzu: “el arte supremo de
la guerra es doblegar al enemigo sin librar una sola batalla”.
Pero no es definitivamente un conflicto bélico ni siquiera como
recurso literario. Es un fenómeno social y cultural complejo, con
implicancias en varias dimensiones de la vida política de las
naciones. Requiere otro paradigma. Debate
internacional, sin simplificaciones ni fundamentalismos. Hay que
escuchar todas las voces. El sistema de NNUU en especial la ONUDD
debe promover, impulsar, organizar y respetar las argumentaciones,
opiniones y fundamentaciones que haga de este debate un dialogo
tolerante, respetuoso, con evidencias y datos científicos. En nuestro
Hemisferio algunas personalidades y ex presidentes han emitido
puntos de vista que merecen respeto y atención. Aún en el disenso.
Tanto en el Prefacio como en el informe de JIFE se toma nota de
estas voces, lo que es un buen paso. Lo que no parece adecuado es
que se elijan arbitrariamente los argumentos a responder y el
lector no tenga oportunidad de confrontar argumentos. Sería más
útil un panel donde se discutan argumentos de una y otra parte. Como bien dice el
Director Ejecutivo Antonio María Costa, al que saludamos en su
despedida: “las drogas no son dañinas porque se fiscalicen”.
Parece al menos insuficiente la afirmación posterior: “se
fiscalizan porque son dañinas”. Es un paralogismo de falsa
oposición. El dilema válido
es ¿cómo fiscalizamos? No hay un MODELO UNICO DE FISCALIZAR. Hay
diversos modelos de fiscalización. Que pueden y deben ser
discutidos, analizados, evaluados. Por ejemplo: las
certificaciones unilaterales que se arrogan algunos países, no son
de recibo. Los formularios anuales y bianuales de JIFE tampoco nos
parecen un instrumento idóneo y que ayude a la cooperación mutua.
Apoyamos la iniciativa de revisar este mecanismo de NNUU. Uruguay adhiere al
Mecanismo de Evaluación Multilateral de la OEA y estamos
convencidos que respetar el principio del multilateralismo en este
plano es muy bueno. Otra: el
fundamento de la fiscalización, (paradojalmente tanto los ultra
liberalizadores como quienes se oponen a tal extremo coinciden en
el error) no es el daño en salud y la seguridad publica. El
fundamento radica en que modelo de política criminal y de
controles se elijan. Es una opción política. Varios autores y
buenas prácticas indican que los mejores controles son los que se
construyen socialmente. Que se incorporan como patrimonio cultural
de las comunidades. Por ello solo pueden hacerse con participación
ciudadana. Supone el control del Estado pero lo trasciende.
Significa dialogo democrático, apertura a todos los puntos de
vista. Con todos los aportes con pretensión científica. Que
abarque la diversidad cultural, el enfoque de genero e incluso la
voz de los usuarios y tienen algo para aportar. Sin prejuicios ni
discriminaciones. En el 51° período
de sesiones de la CND del año 2008 Uruguay con motivo de los 60º
aniversario de la Declaración Universal de los DDHH presentó un
texto de Declaración sobre una adecuada integración de dicho
instrumento con la política de fiscalización de drogas. Duramente
resistida, finalmente aprobada con muchas críticas. El debate dio
sus frutos: ese año el 26 de junio, el Secretario General de la
ONU Ban Ki Moon en su mensaje afirmó: Al conmemorarse el
60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
quisiera recordar a todos los Estados Miembros que tienen la
obligación de respetar plenamente los derechos de los presos
fármaco dependientes y de las personas arrestadas por delitos
relacionados con las drogas, especialmente su derecho a la vida y
su derecho a un juicio justo. Además, insto a los Estados Miembros
a que se aseguren de que las personas con problemas de
drogadicción tengan acceso a los servicios sociales y de salud en
condiciones de igualdad. Nadie puede ser estigmatizado o
discriminado por su dependencia de las drogas. (Ban Ki-moon.
Mensaje del 26/6/2008) Perseguir
consumidores es ineficaz y lesiona derechos. Arroja a los usuarios
a la marginación cuando no al crimen. Aceptar el principio de
proporcionalidad en la política criminal significa hacer un uso
racional, efectivo y eficiente del poder coactivo del Estado y de
la comunidad internacional. La crisis
penitenciaria en nuestro hemisferio muestra el desprecio de los
estados y sociedades sobre este punto y forma parte del problema
de las drogas. La corrupción
política, judicial, administrativa, policial y militar, de los
diferentes organismos de control muestra las amenazas del crimen
organizado. No es solo consecuencia de su acción. Es causa. Todo
Estado y Sociedad que se empieza a aceptar y banalizar la
corrupción es el caldo de cultivo previo donde crece el
narcotráfico. El problema
mundial de las drogas atraviesa todas las capas sociales. El
crimen organizado no es solo un tema de pobres y marginados. Los
daños mas graves se realizan al amparo de círculos altos del
poder. El consumo abusivo tampoco es patrimonio de pobres. Pero la
vulnerabilidad social y marginación de amplios sectores de
nuestras poblaciones son uno de los grandes factores de riesgos
para el mini trafico y el consumo abusivo. No es solo pobreza
económica. Es pobreza vincular y falta de proyectos compartidos
por marginación social y cultural. El debate sobre
Reducción de Daños ha estado atravesado de malentendidos. La reducción de
daños es un recurso técnico totalmente valido unido a otros
pilares. Pero en nuestra
América Latina y el Caribe, Reducción de Daños y Gestión de
Riesgos es fundamentalmente una vía para la creación de espacios
de inclusión social. Sociedades fragmentadas y poco integradas
necesitan políticas en drogas inclusivas. No sirve copiar modelos. Dispositivos de
baja exigencia que desplieguen el amparo social para los adictos.
Centros de Escucha autogenerados por la comunidad que contengan y
combinen todos los recursos comunitarios a nivel de territorio.
Dispositivos de proximidad que trabajen en terreno con un modelo
de reducción de daños, ampliando la llegada de la salud a estas
poblaciones. Reducir los daños
significa en muchos lugares dar un plato de comida, educar desde
habilidades para la vida, conseguir trabajo, prevenir el VIH-SIDA
o la hepatitis, o la tuberculosis. Para ello lo importante es
salvar vidas. Organizar a la comunidad para autoayudarse y lograr
ampliar la cobertura de asistencia en salud y de los tratamientos. Por ultimo Sr.
Presidente: La responsabilidad
común y compartida implica partir de las cargas desiguales que
tenemos los Estados Miembros y de la adjudicación de roles no
siempre equitativos. En ese sentido
Uruguay quiere insistir que este principio debe ser acompañado por
un concepto de EQUIDAD. Responsabilidad común, compartida y
equitativa. |
