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2011/MAR/23 -
Legalizar mascado de coca
Uruguay apoyó a Bolivia en
enmienda a la Convención Única sobre Estupefacientes
En su participación en el
54º período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes
de las Naciones Unidas, Uruguay apoyó la intención de
Bolivia de enmendar el artículo de la Convención que
sostiene que el mascado de coca es una actividad ilícita.
El secretario general de la JND, Milton Romani explicó
desde Viena que se trata de una tradición cultural
milenaria que no daña el organismo.
Entre los días 21 y el 25 de marzo se desarrolla el 54º período
de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas en la ciudad de Viena, Austria.
En este encuentro internacional, Uruguay está representado por
el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez y por el secretario
general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani.
En la exposición país, Uruguay alentó un debate democrático y
sin dogmatismos sobre el sistema internacional de fiscalización,
el respeto de los DDHH y al enfoque integral de la problemática de
las drogas.
En este foro, nuestro país colocó sobre la mesa un aporte que
posibilite la discusión sin prejuicios de la forma de gestión de
los riesgos de la humanidad en torno al consumo de
estupefacientes. Remarcó que en la actualidad y a nivel
internacional, mantiene la hegemonía una idea basada en la
represión en todos los niveles.
En este encuentro internacional, uno de los debates estaba
centrado en una propuesta de Bolivia de modificar el Art. 49 de la
Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el
Protocolo de 1972, que afirma que quedará prohibida, dentro de los
veinticinco años siguientes a la entrada en vigor de la presente
Convención, la masticación de la hoja de coca. Culminado este
plazo, esta normativa torna ilícita, la masticación de la hierba
en zonas tales como Bolivia, Perú y el Norte Argentino.
Varios países de la comunidad internacional encabezados por
Estados Unidos, están objetando esa enmienda al documento.
Ante este debate, Uruguay apoyó firmemente la iniciativa de
Bolivia de modificación de esta normativa. En este sentido, desde
Uruguay se sostuvo que se trata de una “restricción insoportable”
y que lesiona el derecho de autodeterminación de los pueblos y su
integridad nacional y cultural.
Romani explicó que la masticación, “acullico” o “mambeo” de la
hoja de coca es una tradición cultural milenaria que no hace daño.
Agregó que la postura uruguaya sostiene que la represión debe
estar dirigida al crimen organizado, al lavado de dinero y a la
corrupción.
Por su parte, el Subsecretario del Interior, Jorge Vázquez
afirmó que se avanza hacia el destierro de la idea de países
productores, de tránsito y consumidores y hacia un encare
internacional de la problemática de las drogas.
Explicó que la postura uruguaya propone que los países
productores establezcan mecanismos de control para evitar que las
producciones superen los fines sanitarios, culturales o
religiosos.
Señaló que los países de tránsito como Uruguay, también
enfrentan el problema del consumo ya que parte de la sustancia que
transita, se queda en el país y sobre todo, lo peor de la
sustancia, que es la pasta base de cocaína. El Subsecretario del
Interior indicó que ese pasaje también genera corrupción, ya que
no puede existir tráfico sin corrupción, dijo.
Explicó que en el concierto internacional, Uruguay está
considerado como un país muy responsable que ha trabajado con alto
compromiso estas temáticas. Agregó que el enfoque nacional desde
el año 2005, ha permitido trabajar sobre el narcotráfico, el
lavado de dinero y la corrupción. Afirmó que los planteos que
Uruguay lleva al foro internacional son muy escuchados y
atentamente atendidos.
Nuestro país resultó electo nuevamente por un período de tres
años para integrar esta Comisión, organismo rector internacional
en fiscalización de drogas.
EXPOSICIÓN DE URUGUAY EN EL 54° PERIODO
DE SESIONES DE LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES
UNIDAS
Viena – Marzo de 2011
Intervención de la Delegación Uruguaya
La Delegación de la Republica Oriental del
Uruguay saluda al Sr. Presidente y a todos los integrantes de la
Mesa que dirige esta sesión. Damos nuestra cordial bienvenida al
nuevo Director Ejecutivo de ONUDD, Sr. Yury Fedotov y le deseamos
éxitos en su nueva responsabilidad.
Queremos expresar nuestra solidaridad con el
pueblo y gobierno de Japón que esta sufriendo las calamidades por
todos conocidas. Nuestra humilde y fraternal disposición a ayudar
en lo que ellos consideren pertinente.
Uruguay se hace presente en este 54° período
de sesiones para alentar y promover que este foro, tan importante
para la estrategia sobre el problema mundial de las drogas, logre
constituirse en un verdadero espacio de información, cooperación,
e intercambio. Queremos alentar un debate democrático sin
escamoteos y sin dogmatismos referido al sistema internacional
de fiscalización, al respeto de los DDHH y al enfoque
verdaderamente integral y adecuadamente equilibrado que todavía
tenemos como desafío.
Es cierto que “las drogas no son dañinas
porque se fiscalicen”. Debemos admitir que hay modelos de
fiscalización que con un sesgo marcadamente represivo, que no
respetan la proporcionalidad entre el daño y las penas, que no
amparan derechos y garantías, causan innumerables daños y no
resuelven el problema. A veces lo empeoran y terminan siendo mas
graves que las drogas mismas.
Que “se fiscalizan porque son dañinas”
implica admitir que el primer derecho humano es al disenso, al
cuestionamiento de nuestras propias verdades, al debate
democrático. Derecho que se le esta vedando al pueblo de Bolivia,
al igual que al de Perú y pueblos andinos, incluidos las
Provincias del Norte de Argentina, cuando se pretende imponer un
hecho ilícito a la práctica ancestral del mascado de la hoja de
coca. Absurdo.
En el 53° periodo de sesiones mencionamos
los conceptos de la Declaración de la Comisión Latinoamericana
Drogas y Democracia en América Latina, firmada por algunas
personalidades (entre ellas algunos ex presidentes). La situación
en nuestra región exige firmeza en la aplicación de la ley. Pero
precisamente por ello, nos compromete en una revisión y evaluación
de los modelos de control, regulación y fiscalización. El riesgo
es seguir insistiendo a una represión indiscriminada como única
respuesta. Sin contemplar los componentes de promoción social,
laboral y educativa inherentes al fenómeno social de las drogas,
ni un presupuesto y atención suficiente para el tratamiento y
asistencia sanitaria de los adictos.
El riesgo mayor es que una aplicación
injusta, arbitraria y no equitativa de la ley, sea la gran
debilidad del sistema. Reiteramos: el paradigma de la “guerra
contra las drogas” que ha hegemonizado la fiscalización mundial no
es adecuado. No son las leyes de la guerra con las que se
puede enfrentar problemas sociales complejos y mercados ilícitos
que actúan en el plano de la economía formal e informal. En
términos militares, es un conflicto mal planteado y una opción por
determinado modelo: la guerra-total. En otros enfoques, el arte
supremo de la guerra es doblegar al enemigo sin librar una sola
batalla. En el actual se ha desplegado un frente de batalla
extensísimo: se han multiplicado los enemigos (el conflicto es con
una larga cadena: productores grandes, medianos y chicos; grandes
traficantes ilegales, medianos y pequeños, mulas, y como si fuera
poco con los propios consumidores).
No se atiende la recuperación de quienes son considerados
“enemigos”, retaguardia del mercado de consumo donde se mueve el
narcotráfico. No se destinan fondos suficientes para prevención y
tratamiento. Las cárceles son en realidad campo de entrenamiento
para futuras combatientes. La violación del derecho de guerra, el
no respeto de la dignidad de los “vencidos”, las ofensas
realizadas contra “los enemigos” multiplican y realimentan el odio
y la sed de venganza. No se realiza siquiera “acción civil”
vinculada al desarrollo para ganar a la población. Como estrategia
militar, un desastre. Como despliegue en aras de una hegemonía
geopolítica de algunos países puede que de resultados. Pero eso es
otra discusión.
Es un principio de economía de uso de la fuerza: si se derrocha
en tantos frentes, luego no se aplica con vigor al núcleo
principal: los grupos de crimen organizado, el lavado de dinero
y la corrupción.
El apego a los derechos humanos significa promover el derecho a
la salud de los consumidores, la necesidad de brindar atención
sanitaria general y especializada para todos los usos
problemáticos de drogas de circulación lícita e ilícita.
Garantizar también el adecuado acceso a los medicamentos opiáceos
destinados a los tratamientos paliativos y del dolor. La JIFE
estima que el 85% de la población mundial que demanda de ellos no
tienen acceso. Paradoja del problema drogas.
Los países desarrollados tienen sus propios problemas con las
drogas. Los países de nuestra Región con amplios sectores en
vulnerabilidad por exclusión social y cultural tenemos otros
problemas que derivan en violencias sociales. Reconquistar
territorio para un Estado que estuvo ausente y omiso, ocupando con
planes sustentables de inclusión social, con participación activa
de la comunidad y la sociedad civil es garantía de sustentabilidad
de la ley.
Uruguay impulsa la Gestión Local en Drogas con Base
Comunitaria que potencie los dispositivos intermedios, de
proximidad, de acogida y amparo, prevención y tratamiento local.
Esto es un enfoque de reducción de daños para la inclusión, para
llegar a toda la población en sufrimiento social.
La JIFE en su Informe Anual 2010 advierte
sobre Corrupción y Drogas. La
corrupción es tan o mas dañina que las drogas mismas. Una pregunta
se impone: ¿quien fiscaliza a los fiscalizadores?
Los corruptos (que muchas veces son los que gritan y piden las
penas mas severas a la vieja manera de gritar "al ladrón....")
hacen un daño inconmensurable de tipo económico. Más grave es en
términos simbólicos. La participación comunitaria es impensable
cuando la opinión pública desconfía de los aparatos del Estado y
donde existe una aplicación desigual de la ley. Donde los delitos
de guante blanco siempre quedan afuera y nuestras cárceles se
nutren de la gente pobre que no tiene padrinos ni abogados.
La corrupción no es solo efecto a posteriori de la capacidad de
los grupos criminales para corromper policías, aduaneros,
fiscales, jueces y políticos. Hay una cultura ciudadana e
institucional que puede ser estimulante o preventiva. La
promoción de valores que asocien la inversión y el desarrollo
humano desde una perspectiva ética y sustentable en términos
económicos, sociales y ambientales es un camino insoslayable.
Uruguay afirma que el principio de
responsabilidad común y compartida debe incorporar como principio
insoslayable el criterio y la pretensión de equidad.
Como afirmó el Sr. Antonio Maria Costa:
“Las fuerzas del mercado ya han configurado las dimensiones
asimétricas de la economía de la droga; los mayores consumidores
del veneno en el mundo (los países ricos) han impuesto a los
pobres (principales lugares de la oferta y el tráfico) el daño
mayor. Los países pobres no están en condiciones de asimilar las
consecuencias de un mayor consumo de drogas. Se cierne sobre el
mundo en desarrollo una crisis que puede someter a millones de
personas al calvario de la drogodependencia”.
Los países de nuestra región hemos cooperado
por impedir que llegue la cocaína al primer mundo. Nos exigen, nos
evalúan, ponemos los campesinos, los muertos, se nos traslada una
parte de responsabilidad por la producción, transito y el lavado
de dinero. La hemos asumido. Sin embargo nos queda la resaca y una
serie de problemas que no siempre están en su justa medida en la
agenda de la cooperación internacional.
Por ejemplo: las cocaínas fumables de bajísima calidad que
responden a nuevas modalidades de tráfico y consumo se han
consolidado en nuestra región. No hay una respuesta adecuada de
la cooperación en ese terreno. Ni siquiera se visualiza
correctamente.
El Informe de JIFE menciona equivocadamente al crack
como caracterización de este grave problema. Desde el año 2000 lo
que circula llamado Crack en Brasil, Paco
en Argentina y Pasta Base en Chile y Uruguay no es
exactamente un purificado del clorhidrato. Es otro tipo cocaína
fumable de bajísima calidad que tampoco es exactamente su
precursor básico. Es un subproducto de una nueva modalidad de
producción de clorhidrato. Que se fabrica en laboratorios chicos
(“cocinas”) que exportan el clorhidrato como negocio principal y
generaron una nueva mercancía de bajo costo unitario (1 o 2
dólares) que se distribuye en los sectores socialmente
vulnerables. Hay un circuito de tráfico y consumo bien
diferenciado entre ambos productos, pero con puntos en común.
Podemos ver críticamente también los esquemas de lavado de
dinero que tienen terminales en los paraísos fiscales de islas
donde los países centrales no fiscalizan con tanto celo. O
culminan en la Zona de Alta Densidad de Crimen Financiero que no
esta precisamente en nuestras tierras y que ahora comenzamos a
cooperar intensamente.
La inequidad se puede ilustrar en la
frontera de México-EEUU. No solo es permeable y conflictiva por el
ingreso de cocaína a los mercados consumidores del norte. Es mucho
más permeable en sentido inverso con el mercado de armas donde se
proveen los narcotraficantes. Parece una incongruencia admitir un
mercado liberalizado y desregulador para la producción,
distribución y uso de armas de fuego de un lado de la frontera y
un esquema de fiscalización inconmovible que no puede ser
revisado, referido a las drogas del otro. Eso es explosivo.
Las armas de fuego son dañinas no porque
estén fiscalizadas. Sino porque no lo están. Eso tiene congruencia
con una garantía de raigambre republicana y democrática
establecido en preceptos constitucionales de gran jerarquia que
otorgan el derecho a la tenencia de armas del ciudadano, para
defender su país.
Permítanme afirmar que el mismo derecho
tiene el pueblo de Bolivia, de Perú y del Norte Argentino a
acullicar, chachear o mambear,
es decir
mascar la hoja de coca
que no solo tiene estatuto constitucional sino verdadero valor
religioso y cultural En todo caso, no hay evidencia que tal
práctica humana dañe a nadie.
Apoyamos firmemente la iniciativa del Estado
Plurinacional de Bolivia en su recurso que propone
modificar el artículo 49 de la Convención Única sobre
Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972. En
la que se afirma que "la masticación de la hoja de coca quedará
prohibida dentro de los veinticinco años siguientes a la entrada
en vigor de la presente Convención” y que cualquiera de las Partes
de la Convención Única podrá reservarse el derecho a permitir
temporalmente el masticado de la hoja de coca dentro de sus
territorios.
Es una restricción insoportable. Lesiona el derecho a la
autodeterminación de los pueblos y a su integridad nacional y
cultural. Pero además expresa el absurdo más contundente de una
perspectiva falsamente moralista y absurda.
En nuestra región estamos avanzando para enfrentar nuestros
problemas.
La declaración de Montevideo de la XII Red de Drogas del
MERCOSUR del año 2006 ya señalaba el tema de las cocaínas
fumables. Señalaba también los problemas vinculados al consumo
problemático de alcohol. La incidencia del consumo abusivo de
tabaco y alcohol vinculado con el consumo abusivo de otras drogas
es una evidencia científica que sigue siendo ignorada como
problema en este ámbito. Uruguay ha tenido avances importantes en
el abatimiento del consumo de tabaco y estamos adhiriendo a la
Estrategia Mundial contra el Uso Nocivo de Alcohol de la OMS.
La creación del Consejo Superior de lucha contra el Problema
Mundial de las Drogas de UNASUR es un paso de enorme trascendencia
en nuestra región que equilibra las fuerzas y empieza a generar
nuevas miradas e iniciativas en el tema, intentando visualizar los
problemas propios del espacio Suramericano.
Valoramos y participamos en la elaboración de la Nueva
Estrategia Hemisférica de CICAD. En ese sentido en la última
reunión hemos concertado un Plan conjunto de Brasil, Chile,
Argentina y Uruguay para enfrentar el tema del paco, pasta base o
crack que recibió apoyo de la CICAD y del Departamento de Estado
de EEUU.
Señor Presidente:
Las Convenciones son normas que la comunidad internacional
construye, acuerda, y debe respetarlo. Pero no son tablas
inmodificables que puedan regular toda la conducta humana; que en
su eterno desafío ético, puede plantearse grandes hazañas y
también caer en grandes miserias.
Optemos por la hazaña de contribuir a un desarrollo humano
justo, solidario, armonioso, que busque la felicidad, el goce y la
buena vida en pleno respeto de la dignidad de todas y todos
nosotros. |