2009/FEB/26 -

Drogas y Derechos Humanos
Por Marcel Lhermitte

Una delegación uruguaya participará, del 11 al 13 de marzo en Viena, de la 52º sesión de la Comisión de Estupefacientes, en su calidad de miembro pleno del organismo dependiente del Consejo Económico y Social de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según informó el titular de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani. El jerarca adelantó a Voces cuál será la posición uruguaya en el encuentro.

“El debate internacional es una necesidad de la comunidad y los centros de discusión están centrados en el nivel de los logros y la forma de evaluar los mismos. La gran mayoría de la comunidad internacional incluido los organismos específicos referidos a la estrategia mundial (ONUDD y JIFE) consideran que la contención del fenómeno drogas ha sido efectiva y continúan con la necesidad de mantener las líneas principales de acción”, explicó Romani.
“Sin embargo varias ONG y la Unión Europea tienen una actitud más crítica con respecto a los ejes centrales de la estrategia mundial e incorporan otras miradas posibles para ser más eficientes. Asimismo reclaman otros mecanismos más científicos y fiables que los que existen actualmente centrados en la JIFE, organismo de 13 miembros, que realiza evaluaciones bianuales para medir la eficacia de los países en el control de la demanda y de la oferta”, añadió.


Posición uruguaya

“Uruguay defendió en la sesión pasada una concepción que reclama una debida integración de los instrumentos internacionales sobre DDHH y la política internacional de drogas. El proyecto de declaración presentado por la delegación uruguaya fue duramente resistido y finalmente aprobado con muchas enmiendas”, explicó el secretario general de la JND.
Romani adelantó cuáles son los “principios fundamentales” que defenderá la delegación uruguaya en la 52º sesión de la Comisión de Estupefacientes, instancia en donde participaron 129 países en su edición anterior:

1. Uruguay impulsa enfáticamente la declaración sobre la plena vigencia de los DDHH en relación en la lucha contra el problema de las drogas, en el sentido que el sistema de DDHH de ONU debe ser congruente con la política de drogas y con las consecuencias que emanan de ella.

2. Uruguay pretende que el proceso de revisión de UNGASS 1998, signifique para la comunidad internacional un balance de la estrategia mundial basado en evaluaciones confiables, honestas y con respaldo técnico y científico creíble.

3. Uruguay insistirá en incluir el modelo de Reducción de Daños como enfoque de salud que por otra parte hace congruente la posición de todas las agencias de ONU (OMS- ONUSIDA). Uruguay ya ha planteado en el sistema hemisférico (CICAD-OEA) la inclusión del modelo de Reducción de Daños en la ampliación de asistencia y tratamiento en drogas.

4. Referido al Desarrollo Alternativo, Uruguay afirma una redefinición del mismo que ponga los énfasis en un Desarrollo Integral y Sostenible de los pueblos que garantice una salida económica y social real para los países productores.

5. Uruguay insistirá en la necesidad de tener un equilibrio permanente entre las estrategias de reducción de la oferta y de
reducción de la demanda, tendiente a fortalecer estas últimas para
compensar el desequilibrio actual.

6. Frente a la crisis penitenciaria emanada de la sobrepoblación
de encausados por tema de consumo y mini tráfico de drogas, se insistirá en el equilibrio entre el daño y las sanciones penales, fortalecer el enfoque de penas alternativas y garantizar la inclusión de dispositivos de rehabilitación y reinserción social en las poblaciones penitenciarias.


Programa del Frente Amplio
Debate Nacional sobre Drogas

El nuevo programa del Frente Amplio establece que en caso de ser reelecta la izquierda en el gobierno, se instalará un “Debate Nacional sobre Drogas”, mientras que se “fortalecerá la red de asistencia”, se “reforzará” el presupuesto de ASSE y se apostará fuertemente a la prevención, según quedó establecido en el Congreso Zelmar Michelini, en diciembre pasado.

La iniciativa fue presentada, entre otros, por el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, Ana Olivera, el secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani y el director de Recursos Humanos de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone.
El anexo programático sostiene la necesidad de “profundizar una estrategia política contra la exclusión social, que ubique el problema drogas como un tema de derechos humanos individuales y colectivos”.

Quizás uno de los puntos fundamentales del proyecto sea la instalación de un “Debate Nacional sobre Drogas donde la conciencia social y jurídica le dé una oportunidad a la tolerancia social y la desregulación consensuada, al tratamiento humano y progresista sobre un fenómeno donde el prohibicionismo y la tolerancia cero han mostrado su fracaso. Este debate sólo puede propiciarse desde un Estado que asuma combatir al gran narcotráfico y delitos conexos, al lavado de activos y a la corrupción que genera en la sociedad, y desde un Estado que dé respuestas en prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, de quienes acuden en ayuda”.
El debate “necesita ampliarse a las redes sociales de acción local, al conjunto de vecinos, educadores y estudiantes, abordarlo desde las múltiples dimensiones. Incorporar la dimensión ética, de derechos humanos y del conjunto de complejidades. No puede ser un tema exclusivo de los técnicos o de las organizaciones dedicadas al tema. No puede estar sesgado al derecho individual de usuarios no problemáticos aunque debe incluiros”, reza la iniciativa.
El texto advierte que “el estigma y la discriminación son una gravísima lesión que profundiza los costos sociales e individuales asociados al uso problemático y alienta la criminalización de los sectores más desprotegidos de la sociedad”.
En tal sentido, “parece necesario plantearse un intenso intercambio con los países del Mercosur, tendiente a elaborar estrategias humanistas, progresistas, en los diversos niveles de la temática”.
El programa del FA establece que se “fortalecerá la Red de Asistencia en Drogas en un enfoque interinstitucional que abarque las redes sociales a nivel nacional y local”. Afirma que el Presupuesto Nacional “incorpora un refuerzo presupuestal de ASSE enfocado a movilizar recursos genuinos, con un criterio de racionalidad de relevamiento de diagnósticos locales previos”.
Asimismo se estimulará “la formación de recursos humanos profesionales y técnicos con criterio interdisciplinario”, mientras
que se hace énfasis en que “la prevención en materia de drogas tiene uno de los pilares fundamentales en el sistema educativo”.
“El crimen organizado que trafica con la miseria y la salud y seguridad pública será objeto de un tratamiento duro, intransigente, donde la transparencia y eficiencia de las fuerzas policiales debe estar apoyada por un mando político claro y preciso”, subraya el programa.