ante el problema de las drogas
un compromiso con la salud, la convivencia y el desarrollo

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15/11/13 Opinion: Javier Sagredo, PNUD

Cambiemos la mirada hacia las drogas: políticas sin exclusión ni estigma

Las políticas sobre las drogas ilícitas son el resultado de un ejercicio de “ingeniería social” que ha pervivido durante un largo tiempo sin que se hayan realizado grandes modificaciones, ni siquiera las necesarias adaptaciones a una realidad cambiante y dinámica del fenómeno en nuestras sociedades. Ancladas en propuestas que se consolidaron internacionalmente a principios del siglo XX, y basadas más en la intuición y en los imaginarios sociales dominantes que en la evidencia, éstas políticas han estado marcadas por el miedo a la enfermedad, a  las sustancias y a las personas que se vinculan a ellas.

Por ello, las respuestas han apuntado tradicionalmente al desarrollo de medidas profilácticas, de encierro, exclusión y represión, tanto en lo que se refiere a las comunidades y personas involucradas en su producción y tráfico como en las relacionadas con su uso.

Al observar la aplicación de políticas sobre drogas en América Latina, nos topamos inmediatamente con los efectos de una aplicación inconclusa y, por ello, imperfecta, de los esfuerzos por reducir la oferta y la demanda de drogas.

Aplicación inconclusa, en primer lugar, porque estos esfuerzos han estado liderados por estructuras estatales débiles y sin capacidad para reducir significativamente la oferta o la demanda. Lo vemos nítidamente cuando miramos a los campos o barrios donde el crimen organizado, produce o trafica; lo vemos en la angustia de muchos dependientes sin posibilidad de tratarse; o comprobando el lamentable estado de nuestras prisiones en las que es imposible generar procesos de rehabilitación de aquellos que caen en ellas, incluyendo un número importante de consumidores. El problema de las drogas es un ejemplo paradigmático de esta ausencia de estatalidad en la región.

Por un lado, el trabajo de control y fiscalización de la producción y del tráfico, desde un modelo marcadamente prohibicionista, supeditado a los intereses de países principalmente consumidores -a través de intervenciones prioritarias en las regiones de origen y de tránsito-, no ha impedido el mantenimiento o el incremento de los flujos de oferta de drogas hacia los grandes o pequeños mercados.

Por el otro, salvo en casos puntuales, el limitado esfuerzo realizado en el ámbito de la demanda no ha conseguido limitar o reducir el consumo, ni el ocasional ni el problemático, a través de políticas insuficientes y nunca evaluadas de prevención -principalmente universal- o de sistemas inexistentes o precarios -en calidad y cobertura- para el tratamiento de los problemas relacionados con el consumo y la integración social de las personas dependientes. Todo ello, añadido a posturas rígidas de rechazo moral a la aplicación de otras medidas, como las de reducción de daños – paradigmáticamente, las que han mostrado ser más efectivas en el abordaje de las adicciones en entornos de vulnerabilidad-, debido que se sigue considerando que al aceptarlas se claudica en la “lucha contra las drogas”.

Además, el escenario peculiar en donde todo esto se produce es el de la región del Mundo con mayor desigualdad y donde todavía no son dominantes las percepciones sociales o institucionales que promuevan la atención y la inclusión social de los que trafican o consumen drogas. El asunto sigue concibiéndose como exclusivamente de opción personal y no como problema de hondas raíces sociales, económicas y sanitarias que es necesario abordar desde la responsabilidad colectiva. Muy escasos y valientes son aquellos responsables políticos que, a pesar de ello, plantean paradigmas diferentes de abordaje del problema, arriesgándose a ser presentados ante los votantes como facilitadores del vicio y corruptores de nuestros jóvenes a gran escala. Algo que tradicionalmente ha impedido el desarrollo de un mayor número de respuestas alternativas y variadas en este ámbito.

Al mismo tiempo, esta combinación entre el enfoque represivo y la falta de capacidad estatal ha generado más daños que los que el propio fenómeno de drogas ya causa de por sí en las dinámicas de desarrollo de nuestras sociedades. Uno de los productos indeseados generados por esta combinación ha sido un mayor debilitamiento de las estructuras públicas de respuesta al problema, principalmente las instancias de decisión política y los sistemas justicia criminal, debido a su limitada resiliencia frente a fenómenos como la corrupción o la coacción desde instancias criminales de enorme poder económico y armado. Ello ha impedido que desde el Estado se lleven a cabo las labores de fiscalización absolutamente necesarias para proteger la salud pública, el bienestar y el interés de todos los ciudadanos. Igualmente, la preocupante impunidad en relación con el delito de lavado de los activos procedentes del narcotráfico y de otros negocios ilícitos -incluso en los países con mayor capacidad institucional- es muestra clara de este debilitamiento y de la connivencia entre el crimen organizado, el sector financiero y el poder político.

En segundo lugar, ha sido una aplicación imperfecta, dado que las políticas sobre drogas no han evolucionado lo suficiente como para abordar la complejidad del fenómeno en la región, en cada país o en entornos locales específicos. Las recetas únicas de “café para todos” no han servido para abordar de forma adecuada el grueso de factores sociales, económicos, culturales y políticos entrelazados con el problema de drogas en un determinado contexto. La mirada realizada a través de un prisma moral de  “lucha contra las drogas” y desde paradigmas de prohibición y abstinencia, no ha dado cuenta de la diversidad de actores, vínculos, ámbitos, relaciones, beneficios, significados, sentidos e impactos que son importantes a la hora de trazar las líneas que delimiten la intervención de la política pública. La complejidad en la lectura y en la construcción de respuestas al fenómeno es necesaria para evitar que sigamos insistiendo en soluciones simples, radicales y erradas.

En las políticas tradicionales sobre drogas, la obsesión por reducir la oferta y la demanda ha conducido a darle prioridad a estos objetivos como únicos y universales, por encima de otros elementos fundamentales que deben ser prioritarios a la hora de guiar el accionar público en estados democráticos, como el respeto a los derechos y libertades fundamentales.

Cuando la prioridad es el desarrollo humano con equidad, la mejora de la calidad de vida para todos, así como la cohesión, la protección y la integración sociales, las perspectivas cambian. Y con ellas, las respuestas. Y éstas deben centrarse en atender adecuadamente los fenómenos y prácticas sociales que empobrecen los procesos de desarrollo humano. Y evitar que las respuestas desde la política contribuyan a empobrecerlos todavía más.

A tal respecto, las políticas de seguridad ciudadana deben generar procesos de desarrollo afirmativos que incrementen las opciones de vida de todos, garantizando sus derechos y libertades, especialmente el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad personal. Y reforzándose a la vez por el disfrute de otros derechos, como la educación, la salud, la seguridad social, el trabajo digno o la participación política, todos ellos partes integrantes de la ciudadanía democrática.

En este sentido, el nuevo Informe de Desarrollo Humano Regional sobre Seguridad Ciudadana en América Latina aborda el fenómeno de drogas haciendo evidente la complejidad del mismo en la región y desde una mirada centrada en las personas.

Por un lado, en relación al ámbito del consumo, se refiere a la importancia de la no criminalización de los consumidores de drogas, especialmente de los más problemáticos, que deben ser atendidos desde una perspectiva de salud pública, de reducción de daños y de desarrollo e integración social.

Por otro lado, apunta al crimen organizado involucrado en la producción, tráfico y  comercialización, y a las implicaciones que, por su naturaleza ilícita, tiene sobre el desarrollo en la región, tanto en términos de generación e incremento de la violencia – con particular impacto en el nivel de homicidios-, como en el incremento de la impunidad y la corrupción y las distorsiones en los sistemas financieros y económicos.

En relación a la dimensión criminal de las drogas, vinculada con su prohibición y la competencia por su mercado, el informe recomienda “que las respuestas institucionales se orienten a la reducción de la violencia asociada con las actividades de las organizaciones criminales y que le ofrezcan protección a los ciudadanos. En este marco, es necesario tomar en consideración el criterio de no reproducción de la violencia y el respeto de los derechos humanos dentro de las acciones que lleven a cabo las autoridades”. En este sentido, cobran especial relevancia algunas iniciativas innovadoras para incidir en el mercado de las drogas ilícitas de cara a reducir los daños (violencia, temor, abusos) que generan en determinados marcos contextuales o temporales.  Por supuesto, también implica la necesidad de disponer de los medios adecuados para enfrentar adecuadamente al crimen organizado y, muy especialmente, su conexión con las estructuras políticas y económicas “lícitas” a través de la corrupción y el lavado de activos, desde los sistemas de justicia criminal.

El informe apunta también a que la factura la siguen pagando los más débiles, tanto si lo miramos desde el punto de vista de las víctimas como de los victimarios. No todas las personas vinculadas a las drogas como productores o comercializadores, principalmente en los eslabones más débiles de la cadena (raspachines, mulas, etc.), se lucran significativamente de sus actividades. Incluso en ciertos contextos sociales y sub-culturas en los que se reproduce la espiral de la pobreza, la participación en actividades ilegales es una potente forma de legitimación y de integración de los individuos y comunidades. Por ello, es urgente la revisión profunda de los marcos penales que instrumentalizan la criminalización de la pobreza y que sirven de medio fundamental para llevar a cabo estrategias de control social.

El informe resalta, además, la necesidad de priorizar el trabajo con y la participación (como auténticos socios de las políticas) de personas y comunidades vulnerables, de cara a reducir los daños, fortalecer los factores de protección y reducir los factores de riesgo de verse involucrados problemáticamente con las drogas. Y ello, tanto en lo que se refiere al consumo, como en lo relativo a la participación en la cadena de la oferta. Por este motivo es necesario revisar críticamente el papel que están jugando en esta búsqueda de soluciones actores tan importantes como la escuela -como espacio de crecimiento y de generación de comunidades de protección y cuidado-, la salud –garantizando acceso y calidad de la atención-, las políticas sociales –abordando las vulnerabilidades-, y el desarrollo económico local –generando inclusión económica, ingreso, trabajo digno y externalidades sociales más allá del lucro económico.

También nos obliga a poner énfasis en respuestas integrales basadas en el desarrollo humano y la inclusión social dirigidas a comunidades y grupos involucrados en la producción, micro-tráfico y/o consumo problemático de drogas. En este sentido, el desarrollo de procesos de sustitución de economías ilícitas por opciones lícitas de participación en el mercado y en la economía se advierte fundamental para darle sostenibilidad a las intervenciones desde la política pública.

Más que plantear “reformas” limitadas de las políticas actuales, es fundamental un cambio de paradigmas. En la región (y prueba de ello es la filosofía plasmada en la Estrategia Hemisférica sobre drogas de 2010) hemos avanzado muy lentamente desde planteamientos centrados en la conducta anti-social (desde la figura del desviado o el delincuente) hacia una visión médico-biológica desde el déficit y la enfermedad. Ya es un pequeño avance, pero no podemos detenernos acá, sino insistir en el reconocimiento de las personas vinculadas a las drogas como sujetos de pleno derecho, respetando las diferencias y contextualizándolo social, económica y culturalmente.

Hace falta un cambio en la manera en que nuestras sociedades miran hacia las drogas que permita superar nuestra intolerancia a la diversidad y nuestros graves problemas de discriminación, estigmatización y exclusión. Para ello, hay que abrir y nutrir el debate, primer paso necesario para generar las transformaciones que nos conduzcan hacia realidades más justas, solidarias y éticas. Desde el desarrollo humano. Y con todos.

Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina 2013-2014 del PNUD

Javier Sagredo es asesor del área de Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Fuente: http://informes.americaeconomia.com/pnud2013/