ante el problema de las drogas
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13/03/14 Director Ejecutivo del CONSEP - ECUADOR

Ecuador subraya que política actual de drogas necesita cambios profundos

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador, Rodrigo Vélez, subrayó en Viena que la política de drogas actualmente vigente en el sistema de Naciones Unidas necesita cambios profundos. Ecuador propone apostar al desarrollo alternativo, incluido el Desarrollo Alternativo Preventivo, como un conjunto de medidas encaminadas a potenciar la incorporación de las comunidades en programas y proyectos productivos, que reduzcan su vulnerabilidad a involucrarse en actividades ilícitas relacionadas con las drogas.

Excelencias,
Señor Presidente:

En nombre del Gobierno del Ecuador, permítame felicitarlo y transmitirle nuestra complacencia por verlo presidir esta mesa. Estamos seguros de que bajo su hábil conducción las deliberaciones del Segmento de Alto Nivel de la 57 Comisión de Estupefacientes concluirá con aportes concretos luego de la evaluación de medio término de la Declaración Política de 2009 y el Plan de Acción para aunar esfuerzos en el abordaje sobre el fenomeno social de las drogas.
Señor Presidente:

La política de drogas actualmente vigente en el sistema de Naciones Unidas, necesita cambios profundos. Durante más de cincuenta años, y en sucesivas Convenciones Internacionales (1961-1988), se propuso un modelo en torno al uso y consumo de drogas basado en el supuesto de que una reducción de la oferta iba a tener el efecto de elevar los precios en el mercado y consecuentemente iba a desmotivar a los potenciales demandantes de drogas. Este esquema, dado en un marco de absoluto prohibicionismo, sin considerar las particularidades históricas y culturales de los potenciales usadores, en las diferentes regiones del mundo, condujo a la implementación de un modelo cuyos costos, especialmente en Derechos Humanos, han llevado al conjunto de esta propuesta a una aporía, nos referimos en especial a América Latina.

Los objetivos no se han cumplido en los más de cincuenta años de su aplicación, pues ha aumentado significativamente el número de usadores, en un contexto de legislaciones altamente punitivas impuestas por intereses ajenos a los nacionales que han llenado las cárceles de pequeños expendedores y consumidores. Se ha extendido una inmensa red de corrupción que por su naturaleza afecta significativamente a los Estados y su funcionalidad social. Se han desnaturalizado los sistemas judiciales y el rol de la policía, buscando la culpabilidad y generando un desbalance en la proporcionalidad de las penas.

El reconocimiento del fracaso de la actual política de drogas, impulsó un cuestionamiento de Gobiernos, políticos, pensadores de la región y organizaciones de la sociedad civil. Son muchas las voces que abogan por un cambio de paradigma en el entendimiento y abordaje del fenómeno de las drogas. Desde la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, en 2012, pasando por la CICAD-OEA en su Informe Hemisférico de Drogas 2012-2013, así como la Declaración de Antigua, Guatemala de la Asamblea General de la OEA en 2013.

En diversos foros de concertación política al más alto nivel como la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), se han producido acuerdos en el último tiempo en el sentido que señalamos. En enero del 2013 en la declaración final de la reunión de Santiago se indicaba la necesidad de: cito la parte pertinente: “evaluar los logros y limitaciones de las políticas actuales para enfrentar dicho problema, en particular la violencia que genera el consumo, el tráfico y la producción de drogas en todo el mundo, así como para identificar las acciones que permitan incrementar la eficacia de esas estrategias e instrumentos con que la comunidad internacional se enfrenta al desafío que supone el problema mundial de las drogas”.

Señor Presidente:

Lo expuesto, no significa que pretendemos imponer un criterio monolítico, pues no existe un problema único de drogas en una misma sociedad o en distintas sociedades. La homogeneidad de una política no es adecuada para todos los países, tampoco los programas de prevención serán iguales para todos los sectores de un mismo país. Es así que, subrayamos la independencia y soberanía de los Estados en la adopción de búsquedas y enfoques que den respuestas a su realidad y necesidades. No volvamos a caer en el error de pensar que un solo país, o una sola política, pueden enfrentar el problema con eficiencia.

Los pueblos de América Latina y el Caribe, así como otros pueblos del Sur, son los que han llevado la peor parte de la política prohibicionista. En la “lucha contra las drogas” se escondían –y se esconden-, intenciones de imposición hegemónica que han convertido a los países del norte en árbitros de democracia y transparencia. No olvidemos que con mecanismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), nos ponen a los países del Sur en las lista de blanqueadores, cuando todos sabemos que el 90% del dinero sucio se lava –y se sigue lavando-, en el Norte.

Mi delegación considera que se debe superar la noción del “problema de las drogas” por el de “fenómeno social de las drogas” debido a la complejidad y a la transversalidad alrededor de éste. Por ejemplo, si bien la materia prima crece en el Sur, los precursores requeridos para sintetizar esta materia prima vienen del Norte. Como también vienen del Norte las armas que llenan de muertos este negocio.

En consecuencia, América Latina se ha constituido en un espacio de debate, como una región de unidad y diversidad, teniendo como horizonte ético, el desarrollo de acciones que contribuyan sustantivamente, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, a una nueva política planetaria sobre drogas a impulsarse en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas, UNGASS 2016.

Ecuador como parte de la corriente de transformaciones sociales que vive América Latina, mantiene un compromiso serio y decidido para erradicar la pobreza, disminuir las desigualdades y construir sociedades más equitativas en las que el debate y el rediseño de las políticas en materia de drogas no puede estar ausente. Esto implica, reconocer la realidad de las condiciones estructurales de violencia, miseria y pobreza, como el escenario en donde el problema del tráfico ilícito se reproduce, dejándole pocas posibilidades a las poblaciones más vulnerables y al Estado para garantizar la paz y el Buen Vivir de sus habitantes. Como consecuencia de este proceso, la Constitución de la República del Ecuador, descriminaliza los usos y consumos, asumiéndolos como ámbito de salud pública.

Señor Presidente,

En consecuencia, Ecuador propone:

1.    La necesidad de replantear una visión integral sobre la política de drogas en el marco de las Naciones Unidas.

2.    Actualizar las convenciones vigentes. Esto conduciría a un mejoramiento de las estrategias en torno al fenómeno social de las drogas. Para tal fin, se deberá designar una comisión ad hoc de los Estados que prepare un borrador de propuestas para la transición hacia un nuevo pacto global, a través de una Convención Única Actualizada que acoja las realidades manifestadas.

3.     Apostar al Desarrollo Alternativo, incluido el Desarrollo Alternativo Preventivo, como un conjunto de medidas encaminadas a potenciar la incorporación de las comunidades en programas y proyectos productivos, que reduzcan su vulnerabilidad a involucrarse en actividades ilícitas relacionadas con las drogas. Con este espíritu, surgió el Sello Mundial de Desarrollo Alternativo Preventivo como un mecanismo de concreción del principio de responsabilidad común y compartida.

4.    El paradigma que proponemos apunta a transformar lenguajes, imaginarios de los sujetos y los colectivos, así como estrategias incluyentes y respetuosas de la diversidad. La perspectiva de la integración social supone reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros, preservando la unidad en la diversidad. La integración social requiere el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas para entender el fenómeno del uso y consumo de drogas, que fortalezcan sus capacidades de autorregulación creando referentes en torno al tema de las drogas, sabiendo que más allá de las sustancias, los indicadores nuevos deberán visibilizar las necesidades de la transformación y el desarrollo humano.

5.    Desmilitarizar el enfoque de la política vigente y abrir paso al reconocimiento de la diversidad y los usos culturales sobre el fenómeno social de las drogas en el marco irrestricto del respeto a los Derechos Humanos.

6.    Establecer acuerdos de cooperación internacional en torno a la política de drogas basado en los principios de la responsabilidad internacional común y compartida de los Estados. Esta visión debería conducir a un mejoramiento de la calidad de vida, especialmente de las poblaciones afectadas por la violencia generada a partir de la actual política de drogas.

Señor Presidente;

7. En consecuencia, Ecuador exhorta al mundo a que el debate sobre drogas esté centrado en el ser humano y sus dimensiones y no en las sustancias, un debate que respalde todas aquellas iniciativas que impliquen jerarquizar políticamente enfoques innovadores y alternativos en relación al uso y consumo. Este debe ser un debate que incorpore políticas basadas en un amplio humanismo, en el que se reafirme la presencia del Estado como garante de los Derechos Humanos, la Salud y el Buen Vivir.

Ese debate permitirá cuestionar estructuras tales como la que sustenta la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que se ha arrogado atribuciones que son de competencia de la Comisión de Estupefacientes, por tanto, de los Estados Miembros. De esta manera, será posible elevar la ética de los órganos especializados, abrir y ampliar nuevas alternativas democráticas y objetivas frente al fenómeno de las drogas.

Un debate franco, abierto, honesto debe de poner énfasis y ensayar respuestas al problema del impacto de las cocaínas fumables en los sectores sociales más vulnerados, expresión brutal del mercado negro, que ha generado nuevos consumidores pobres con los sobrantes de la cocaína exportable.

Esta reunión es un peldaño más hacia un consenso necesario e impostergable, en el que debemos entender que las Convenciones Internacionales de Fiscalización de Drogas que, como cualquier otro producto de la civilización humana, son interpeladas a diario por la realidad, deben ser discutidas por la comunidad internacional para avanzar en diseños más eficientes que contemplen la diversidad y respeten los derechos individuales y colectivos de los pueblos.

Muchas gracias.

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