ante el problema de las drogas
un compromiso con la salud, la convivencia y el desarrollo

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16/05/14 I Reunión Ministerial

Calzada reafirmó en Guatemala abordaje integral de problemática de drogas

El secretario general de la JND, Julio Calzada, reafirmó en Guatemala el abordaje integral que Uruguay ha hecho de la problemática de drogas, apuntando la búsqueda de soluciones hacia un enfoque de salud pública y derechos humanos. La I Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de las Drogas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)  se llevó a cabo en la ciudad de La Antigua de Guatemala entre el 12 y 14 de mayo.

Calzada participó del panel “Iniciativas Exitosas ante el problema Mundial de las Drogas” durante el cual reiteró que las políticas públicas tienen que basarse en la evidencia.

En este sentido, recordó que Uruguay tiene despenalizadas las drogas desde el año 1974 y que el país ha acompañado la evolución del uso de drogas de la región en los últimos años, donde ha aumentado su consumo considerablemente, tanto en los países que han despenalizado el consumo como en aquellos en los que el consumo está penalizado.

Calzada insistió en que el tema de las drogas es complejo ya que intervienen factores sociales, culturales, económicos, políticos y geopolíticos.

“Entendemos que el abordaje de las políticas en materia de drogas es necesario hacerlo desde el paradigma de la complejidad, lo que implica el desarrollo de políticas integrales que tengan en cuenta estos aspectos sociales, culturales, sanitarios, económicos, políticos y geopolíticos y por ello es necesario tener en cuenta los factores que hacen a la oferta y a la demanda de drogas, no como compartimientos estancos sino como un continuo que pasa por la promoción de la salud, la prevención , la regulación de la oferta, el control y la interdicción”.

El jerarca recordó que - en lo que hace al uso de drogas-  el desarrollo humano juega un papel fundamental para minimizar los riesgos y daños y que, por ello, las políticas de drogas tienen que estar íntimamente ligadas a las políticas de promoción de la calidad de vida de la población.

Narcotráfico

Calzada puntualizó que el narcotráfico es antes que nada una actividad económica. Por ello, en los últimos ocho años Uruguay ha dado pasos significativos en los diversos aspectos que hacen a un abordaje amplio e integral del control de la oferta, creando la Secretaria Nacional Antilavado de Activos en la órbita de la Presidencia de la República y fortaleciendo instituciones destinadas al control de precursores químicos y de productos farmacéuticos para usos no médicos. En este proceso se desbarataron las principales organizaciones criminales que operan en Uruguay en lo que hace al tránsito de drogas y al lavado de activos.

No obstante, advirtió que durante el encuentro sobre el crecimiento exponencial del uso de marihuana que, entre 2005 y 2012 aumentó un 126 por ciento.

Es en función del impacto que ha tenido el tráfico ilegal de drogas en nuestra sociedad que en mayo de 2012 se elabora la Estrategia por la Vida y la Convivencia que implica una mirada nueva y por consiguiente se desarrollan  políticas  diferentes no enfocadas en las sustancias, lo que implicaba hasta el momento una preeminencia de las políticas de control basadas en la ley penal y la interdicción.

En respuesta a esta realidad y desde una mirada descentrada en la que confluyen aspectos sociales, sanitarios, culturales, políticos, de seguridad y convivencia, detalló las 15 medidas que intentan dar cuenta de este nuevo fenómeno y que se resumen en cuatro grandes bloques: reformas urbanas que rompan la segmentación residencial que sufren importantes sectores de la población; reformas legislativas que aumentan las penas por actos de corrupción cuando estos actos sean cometidos por  funcionarios públicos en particular por funcionarios policiales; regulación de los horarios de protección al menor en los medios de comunicación; regulación del mercado de la marihuana.

Todas estas reformas implican una presencia determinante del Estado y la regulación del mercado de la marihuana se sustenta en la presencia del Estado en toda la cadena de financiamiento, plantación, producción, distribución y dispensación de marihuana.

Se establecen medidas y formas específicas de acceso legal a la marihuana, manteniéndose en todos sus términos las formas legales que penalizan el tráfico ilegal de dicha sustancia.

“Esta política implica la incorporación de nuevos mecanismos sociales, culturales, económicos para combatir al narcotráfico con herramientas económicas ya que se trata como hemos dicho anteriormente fundamentalmente de una actividad económica”, apuntó.

En este punto, Calzada volvió a advertir que el Estado, que es quien tiene que facilitar las condiciones básicas de seguridad y convivencia a la población, empuja a 150 a 200 mil usuarios de marihuana a relacionarse con las organizaciones criminales para obtener un producto con el que realizaran un acto de consumo que el estado no le prohíbe con la violencia que esto implica, en una flagrante violación de los derechos humanos.

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