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Resumen y recomendaciones del Mecanismo de Evaluación Multilateral 2007/2009

Como parte de un proceso de seguimiento de las políticas de drogas de los países que la integran, la OEA reclamó en 2011 a Uruguay la ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. En 2012, el organismo elaborará un informe donde dará seguimiento a la implementación, por parte del país, de las recomendaciones asignadas.

OEA -CICAD, 2011

Diseñado por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como un instrumento fundamental para la realización de evaluaciones multilaterales integrales y periódicas sobre el progreso de las medidas tomadas por los Estados miembros y el hemisferio para tratar el problema de las drogas, el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) fue implementado por primera vez por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) de la OEA en 1998, de acuerdo a un mandato de la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile, ese mismo año.
El presente documento contiene la evaluación completa del Uruguay para el período de evaluación 2007-2009, realizada durante la Quinta Ronda del MEM.

Entre las sugerencias realizadas al país en materia de fortalecimiento institucional, la necesidad de una pronta ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de 1992, la creación de un registro de los establecimientos especializados de tratamiento para personas con problemas asociados al abuso de drogas, la puesta en marcha de una oferta formativa especializada para la prevención del desvío de productos farmacéuticos así como la generación de nuevas capacitaciones orientadas a la prevención del desvío de sustancias químicas controladas.

En cuanto a las medidas de control propuestas por el MEM, se encuentran la implementación de actividades de capacitación e investigación relacionadas con la prevención y control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por internet, la tipificación como delito del tráfico y la fabricación ilícitas de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y, por último, la incorporación de abogados y contadores a la nómina de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de activos.

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