ante el problema de las drogas
un compromiso con la salud, la convivencia y el desarrollo

Noticias

AddThis Social Bookmark Button
PDFImprimirE-mail
23/10/14 Fondo de Bienes Decomisados

Incautación de bienes del narcotráfico por parte del Estado es una “fuerte señal” para desestimular actividades delictivas

El decomiso y posterior remate de bienes incautados al narcotráfico y a otro tipo de actividades ilícitas es una “fuerte señal“ para los delincuentes a quienes les importa más sus ganancias que su libertad. Esa fue una de las principales reflexiones que se escucharon durante la doble jornada de trabajo que realizaron los técnicos del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas junto a jueces y fiscales de todo el país.

El taller sobre Incautación, Decomiso y Gestión de Bienes provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos, se llevó a cabo entre el 17 y 18 de este mes en Colonia y permitió realizar un balance de la aplicación de la normativa en la materia y hacer una puesta a punto de las estrategias necesarias para combatir las actividades ilícitas.

En ese contexto, se destacó especialmente que Uruguay cuenta con una legislación adecuada en materia de afectación de bienes acorde a los estándares internacionales, pero presenta algunos problemas de efectividad para su aprovechamiento.

Los más de sesenta técnicos reunidos en Colonia coincidieron en que es necesario desarrollar una cultura investigativa de los aspectos patrimoniales de las conductas ilícitas que pueda actuar como estrategia preventiva y disuasiva en la lucha contra la criminalidad.

Concluyeron asimismo en que existe una plena conciencia sobre la importancia y efectividad del decomiso y la confiscación en materia penal establecida en la leyes especiales de lavado de activos y narcotráfico, pero advirtieron que se deben difundir ampliamente los criterios de interpretación de estas disposiciones o promover ajustes normativos para asegurar un mejor aprovechamiento de la legislación por parte de la Justicia.

Asimismo hubo consenso en afirmar que el trabajo interinstitucional es fundamental en este tema y que es importante dar una señal a las organizaciones delictivas a las que les importa más el producto económico de esas actividades que la pena de cárcel.

Durante el encuentro, la encargada del Fondo de Bienes Decomisados de la JND, Elena Lagomarsino, puntualizó que Uruguay tiene una buena práctica de remate anticipado para evitar la pérdida de valor de los bienes.

Ante jueces y fiscales, remarcó el compromiso de los funcionarios del Fondo de Bienes Decomisados con esta causa y sostuvo que volcar el resultado económico a las políticas de prevención, atención e inserción social y de fortalecimiento de las organizaciones de represión de esas actividades que participan directamente en la incautación de esos bienes, es lo más importante ya que produce un efecto reparatorio.

Por ello, quedó claro luego de las dos jornadas de trabajo que el tema patrimonial no es una cuestión accesoria en un proceso sino que es tan importante como las tareas de inteligencia policial y judicial, la condena y la pena de cárcel.

Desde 2010 a la fecha, el Fondo de Bienes Decomisado de Uruguay, en coordinación con la Justicia, ha realizado 15 remates en los cuales se subastaron unos 410 vehículos, dos inmuebles, joyas, muebles y artículos varios con un producido bruto que ronda los dos millones y medio de dólares.

Por su parte, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, coincidió con Lagomarsino en que la incautación de los bienes es central en el marco de las acciones contra el crimen organizado.

Manifestó que desde la perspectiva de la JND, que tiene a cargo la gestión de los bienes, es necesario que desde el inicio mismo de la causa se piense en todo lo relacionado con las propiedades y los capitales que estas personas manejan.

En este sentido, Calzada recordó que tanto la normativa como la legislación en esta materia se desarrolló de manera significativa entre los años  2005-2010 y que en este periodo se trabajó en lograr que todos los actores del sistema que tiene sus distintas autonomías conozcan en toda su dimensión las posibilidades que la legislación permite para ubicar de manera clara la importancia de las cuestiones patrimoniales en la lucha contra el narcotráfico.

“Como bien se planteó en este encuentro por parte de varios actores del sistema a la delincuencia le importa menos la libertad que el dinero. Ese es el eje de la actuación que tenemos que tener desde el conjunto del sistema de justicia y desde la JND”, concluyó.

Las ganancias por encima de todo

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, realizó un balance positivo del funcionamiento de los Juzgados Letrados Penales Especializados de Crimen Organizado. En ese sentido, remarcó que el Juzgado de Primer Turno tuvo diez causas nuevas en lo que va del 2014 con 50 personas procesadas, mientras que el de Segundo Turno, registró 51 personas procesadas, 26 por tráfico de estupefacientes.

Para Ruibal Pino el trabajo que se realiza en esta materia desde 2007 es auspicioso. “Los Juzgados de Crimen Organizado están trabajando muy bien con todas las autoridades que tienen competencia investigativa ya sea la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría Antilavado de Activos, la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central, el Banco de Previsión Social, la Dirección de Impositiva; todos han conformado un grupo de trabajo para los dos juzgados que permite muy rápidamente entrecruzar datos para que el juez tome decisiones”.

A su entender la justicia está preparada para los procedimientos pero reconoció las dificultades que se crean por la entidad de los bienes incautados poco habituales en nuestro país, haciendo alusión al remate de vehículos de gran porte, ómnibus, camiones, avionetas, barcos y yates.

En la misma línea, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, reconoció que la normativa uruguaya sobre medidas cautelares y decomiso es - en cuanto a su amplitud y contenido- muy buena, acorde a las convenciones internacionales. Es, agregó, una legislación de avanzada.

No obstante, Díaz admitió que la norma no ha sido aplicada en toda su extensión lo que atribuyó a un tema cultural.

”Cuando se aprueba una norma su aplicación no es inmediata; siempre lleva un tiempo hasta que las distintas disposiciones comienzan a aplicarse. Se trata de un cambio de ‘chip cultural’, de preocuparnos no solamente por la pena privativa de libertad sino además por el decomiso de los bienes de los integrantes de las organizaciones criminales. Ese es una cuestión cultural que lleva su tiempo y sobre la cual hay que machacar y machacar”, reflexionó haciendo referencia a la Ley N° 18.494.

“También estuvimos discutiendo sobre algunas dificultades prácticas de la normativa producto de que tenemos un código del proceso penal muy antiguo, absolutamente superado; por suerte la Cámara de Senadores acaba de aprobar por unanimidad un nuevo código del proceso penal; esperemos que pase lo mismo en Diputados porque a veces insertar disposiciones modernas en un ordenamiento jurídico obsoleto genera ruidos a la hora de aplicarlo”, manifestó.

“La conclusión principal es que es necesario que los bienes que se cautelan se rematen rápidamente en caso de que puedan deteriorarse y que en todo caso la medida cautelar subsista sobre el saldo del precio del remate. Ese fue un avance importantísimo”, puntualizó.

Mirada externa

El experto colombiano Gilmar Santander, advirtió que la propiedad como derecho tiene ciertos límites y que uno de esos límites es la función social que debe cumplir.

“Cuando aplicamos el concepto de bienes que se discute su origen o adquisición ilícitamente estamos haciendo precisión en que ese derecho que tiene las personas a la propiedad debe tener un límite claro para que la propiedad esté en armonía con esa función social”, insistió Santander, integrante de la Fiscalía de la Nación de Colombia y del grupo de expertos de la CICAD-OEA.

“Si yo destino mi casa para retener un secuestrado, o para vender o esconder droga o armas, estoy contraviniendo esa función social”, ejemplificó Santander.

Por ello, para el experto, todo aquello que haya sido adquirido contraviniendo el orden jurídico o social puede ser puesto nuevamente al servicio de la sociedad ya sea en programas de rehabilitación, lucha contra la criminalidad, etcétera.

“Se trata de devolverle al bien que tiene una función espúrea su función social, que le sirva al Estado para el cumplimiento de sus fines”, reiteró.

Subrayó que la idea de accionar contra los bienes de los delincuentes es mandar un mensaje claro de que “el delito no paga” y que lo que es producto del delito no puede generar derecho ni ser objeto de reconocimiento.

“La amenaza punitiva no está siendo efectiva, porque ya los delincuentes son conscientes que si son capturados van unos años a la cárcel y salen a disfrutar sus ganancias; quiere decir que el derecho penal no está siendo lo suficientemente disuasivo y está obligando a que volquemos un poco la mirada más bien al hecho de que si las personas delinquen para enriquecerse, hay que atacar este punto”, insistió.

Se trata, agregó, de “quitarles el músculo financiero” a muchas actividades ilícitas que se mantienen porque tienen un poderío económico que les permite sostenerse. “La idea es quitarles esa infraestructura económica a través de un instrumento idóneo. Uruguay ya ha dado pasos muy buenos, como la confiscación de pleno derecho, pero se puede seguir avanzando para que tenga mayor alcance”.

Gestión de bienes

Su colega española, Desi Martín Fernández, Jefa de Área del Fondo de Bienes Decomisados de España, hizo una reseña del funcionamiento del Fondo de Bienes en España enumerando algunos problemas comunes que tienen con su par uruguayo como la adjudicación de aquellos bienes no son utilizables por distintos motivos y que su gestión genera más problemas que beneficios.

“Se pone de manifiesto la necesidad de contar con los aportes de normativa y medios materiales y humanos para la mejora de la gestión de los bienes incautados y decomisados evitando la adjudicación de bienes sin valor, que se podría determinar su destrucción en origen y para aquellos casos en que las cargas son superiores a su valor poder aplicar un decomiso sustitutivo”, mencionó la jerarca española durante el evento.

Al igual que Lagomarsino, Desi Martín Fernández habló de la necesidad de modernizar los procedimientos administrativos para la venta evitando trabas y rigideces administrativas y reconoció que, en ese sentido, Uruguay tiene una buena práctica en remates anticipados.

Por su parte, el Director Nacional de Bienes en Depósito de Ecuador, Rafael Molina, hizo una breve descripción del software que utiliza el gobierno de su país, una base de datos que brinda la posibilidad de organizar toda la información relacionada con el narcotráfico y lavado de activos en lo que se refiere a bienes incautados y decomisados. “Esto nos da un mayor control y seguridad  en  todos estos temas que son tan delicados”, subrayó Molina quien destacó que el sistema es flexible a las necesidades y a las leyes y reglamentos de cada país.

Molina destacó que su dirección tiene 450 inmuebles incautados al narcotráfico desde 1992 a 2014. Estos inmuebles están en administración; pueden venderse, otorgar en comodato, arrendar o utilizarlos para proyectos alternativos. En bienes muebles como vehículos, aviones, barcos o muebles de oficina, esta división ecuatoriana tiene registrados cerca de un millón 300 mil ítems en su sistema informático.

Escuchar declaraciones de Julio Calzada MP3

Escuchar declaraciones de Elena Lagomarsino MP3

Escuchar declaraciones de Gilmar Santander MP3


Noticias Relacionadas

Diego Olivera – Tecnología carece de valor sin personas comprometidas con la tarea

El Fondo de Bienes Decomisados de la JND entregó equipamiento a las delegaciones de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), a Brigadas Antidrogas dependientes de las Jefaturas Departamentales del Ministerio del Interior y a la División Investigaciones y Narcotráfico de Prefectura Nacional Naval (DIVIN-PNN) del Ministerio de Defensa Nacional.

 
Fondo de Bienes Decomisados remata 82 vehículos

El Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas, en convenio con el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, remata 82 vehículos incautados y decomisados por causas vinculadas al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. La subasta se llevará a cabo el día lunes 11 de setiembre a las 10:00 horas en Juan Jacobo Rousseau esquina Güemes.

 
Reconocimiento a integrantes de instituciones que participan en gestión de bienes decomisados

En el marco del Día Internacional de Naciones Unidas contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas, reconoció a organismos e instituciones que contribuyen a la gestión diaria y hacen posible el combate al narcotráfico, lavado de activos y fortalecimiento de las políticas públicas en la materia.