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05/11/15 Convenio JND–INDDHH

Derechos y libertades como prioridad en el diseño de políticas de drogas

A través de un acuerdo marco, la Junta Nacional de Drogas y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo acordaron planificar acciones conjuntas para la integración del enfoque de derechos humanos en el abordaje de las políticas públicas para el tratamiento del consumo problemático de sustancias. Ambas instituciones, se comprometen a colocar en un sitial de preferencia al enfoque de derechos humanos con énfasis en la perspectiva de género y reducción de riesgos y daños, en el diseño de políticas de drogas.

En oportunidad de la firma, el Prosecretario de la Presidencia y Presidente de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo, celebró este acuerdo y afirmó que significa una muy buena señal para la ciudadanía. Añadió que “el tema de las drogas y particularmente la regulación del cannabis genera debate, distintas posiciones y el Estado uruguayo se ha planteado este abordaje”.

Roballo señaló que la trascendencia de este paso está en que, más allá de la regulación de la producción, distribución y acceso a determinadas sustancias,  también se apuesta a la información, sensibilización y hacia un enfoque desde la salud y los derechos. En ese sentido, destacó que esta firma se realiza “con una organización independiente y autónoma, que tiene como misión la garantía de los derechos fundamentales, lo que complementa eficientemente y dota de seriedad a esta política de Estado que Uruguay ha emprendido y está siendo reconocida a nivel local e internacional”.

Por su parte, el Secretario General de la JND, Milton Romani, indicó que este acuerdo implica compromisos de carácter humanitario, que abarca temas sociales que implican a las políticas de drogas, lo que ratifica “un porfiado empecinamiento del Gobierno uruguayo y la Junta Nacional de Drogas en la preeminencia del derecho internacional de los derechos humanos, sobre las políticas de fiscalización de drogas”.

También hizo referencia a “la porfiada insistencia en un enfoque de género y de reducción de riesgos y daños que consideramos un rasgo humanitario” y añadió que “son las banderas que hemos levantado en Uruguay y en todo el mundo”.

Por su parte, el Presidente del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Faroppa, expresó que “este acuerdo representa un nuevo mojón en el esfuerzo del Consejo Directivo de la Institución por fortalecer el funcionamiento del Estado democrático de derecho, con políticas públicas que tengan como objetivo la promoción y defensa de los derechos humanos en toda su extensión”.

Faroppa recordó que la INDDHH emitió una comunicación en apoyo a la política de Uruguay a nivel internacional en materia de drogas. Agregó que el apoyo es hacia un nuevo paradigma, en el que está el ser humano como centro de atención de las políticas del Estado y “eso no es otra cosa que la protección y defensa de los derechos humanos frente a modelos represivos, bélicos, para enfrentar el tema de los efectos dañinos en el consumo de algunos estupefacientes”.  

El Director de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo y añadió que “el Estado uruguayo ha adoptado la posición de sentar las bases de su nueva política, con un impulso muy importante en la defensa de los derechos humanos”.



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