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07/11/15 Alejados del modelo prohibicionista

Drogas de circulación ilícita – Uruguay camina por la regulación de los mercados

El Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, expuso en el Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencia Forense realizado entre los días 5 y 7 de noviembre en Uruguay. Participó en la Mesa Redonda “Cannabis, alcohol y siniestros de tránsito: aspectos jurídicos y periciales en los nuevos contextos legales”, compartida con la Dra. Nelly Mañay del Instituto Técnico Forense y con el Presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Gerardo Barrios.

En el encuentro Romani señaló que Uruguay, en el concierto internacional, tanto en foros como en los organismos internacionales ha levantado dos principios fundamentales. Por un lado, “la adecuada integración de los instrumentos de derechos humanos a las políticas de fiscalización de drogas”, y por otro, “la necesidad de un amplio debate inclusivo, abierto a todas las miradas, a todos los enfoques y sin tabúes, que nos permita revisar una estrategia internacional con metas desproporcionadas y absurdas”.

Explicitó que “el principio que ha regido al sistema internacional de fiscalización de drogas, ha privilegiado el control y la fiscalización y el desequilibrio hacia el polo represivo y de la interdicción, en una concepción rígidamente prohibicionista”.

Romani expresó que la instancia de UNGASS, en abril de 2016 en Nueva York, será el escenario propicio para el debate y la discusión de los diferentes enfoques sobre esta temática.

Señaló que, en general, en los países en los que se profesa la denominada “guerra contra las drogas” los sistemas de salud están poco desarrollados.

Para Romani estos temas están íntimamente ligados con la medicina legal porque “las convenciones internacionales de drogas, la de 1961, 1971 y los protocolos de 1972 y 1988, en sus prólogos, definen que el fin último de las convenciones y del sistema de fiscalización es salvaguardar la salud y el bienestar de la Humanidad”.

Agregó que el segundo principio que trata el fin último de las convenciones internacionales, está en “garantizar el uso médico y científico de las sustancias controladas, tema que la propia Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dice que no se están cumpliendo”. Y explicó que según cifras de la JIFE, el 85% de la población mundial no accede a los opiáceos para cuidados paliativos y tratamientos del dolor.

Afirmó que existe una dificultad en cómo se regulan y controlan las sustancias que “eventualmente pueden hacer daño a la salud y eventualmente pueden ser beneficiosas para la salud”. Y señaló que todas las drogas poseen la ambigüedad de poder dañar o curar.

Agregó que las políticas públicas se hacen para preservar la salud pública y también para aquellos que han decidido consumir sustancias, y lo hacen amparados en el Artículo 10 de la Constitución de la República, que sostiene que las acciones privadas de los hombres y mujeres que no avasallen el derecho de terceros, no son de competencia de los magistrados.

Cannabis

En relación al mercado de cannabis, Romani señaló que “intentamos sacarlo de la lógica impuesta por el narcotráfico y por la única regulación que tenemos, que es la aplicación de la ley penal que ha demostrado ser insuficiente y que no da los resultados que se esperaban”.

Sostuvo que “Uruguay está intentando regular este mercado a partir de la acción y presencia del Estado” y explicó que “el mercado regulado de cannabis a través de la Ley 19.172 crea un espacio más seguro de producción, distribución y consumo”. Y agregó que se trata de un enfoque de reducción de daños que “tiende puentes con los usuarios y se aleja del modelo estigmatizante, que es uno de los grandes problemas que ha tenido el modelo prohibicionista”, dijo.

alificó de ‘renovador’ el trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior y las asociaciones cannábicas para la elaboración del Protocolo de Actuación Policial

Sobre la Ley de marihuana y sus derivados, se refirió a la venta controlada del cannabis en farmacias. En este sentido señaló que “vamos a convertir a las farmacias en centros de salud preventivos y vamos a construir un protocolo de actuación sanitaria con los usuarios porque ahora existe una interlocución válida entre Estado y usuarios”.

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