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03/06/16 Regulación y control del cannabis

Desde el Gobierno se realizará una severa evaluación de resultados

En el marco de las Jornadas Uruguayo–Santafesinas de Derecho 2016, el Secretario General de la JND expuso en el panel dedicado a “Cannabis y Legislación en la Cuenca del Plata”. En relación a la Ley 19.172 explicó que se trata de una política con “enfoque de salud, pero también y fundamentalmente, de derechos humanos”. En el encuentro desarrollado en la Sala Acuña de Figueroa del Palacio Legislativo, Romani destacó los alcances del mercado regulado de cannabis, dentro de la política de drogas desarrollada por Uruguay.

Milton Romani señaló que la Ley 19.172 votada por el Poder Legislativo en el año 2013 y reglamentada a principios de 2014, surgió a partir de una estrategia de convivencia ciudadana.

Haciendo historia, recordó que “en Uruguay nunca estuvo criminalizada la tenencia de drogas para uso personal” y agregó que “eso siempre fue un rasgo distintivo pero que nos colocaba ante la situación que, si bien no estaba penalizada la tenencia para uso personal, había un agujero por lo que el usuario de drogas debía concurrir al mercado ilícito para conseguir incluso la ‘dosis razonable’, como lo enunciaba la ley”.

Asimismo afirmó que Uruguay posee una tradición liberal, aunque a la hora de hacer los cambios “somos muy demorones” y tenemos gran resistencia al cambio, lo que explica “la lentitud con la que se ha ido implementando esta ley”. 

Relató que se está “en la tercera fase de una ley que regula el mercado de cannabis, una ley que además de estar hecha bajo la idea de proteger los derechos y la seguridad de los usuarios” pretende asestar un golpe al mercado ilícito de drogas.

Explicó que en la actualidad, “el debate internacional está analizando el paradigma prohibicionista en su máxima expresión bélica que ha sido conocido como ‘guerra contra las drogas’”, y en relación a la nueva normativa, Romani dijo que “hay un objetivo de seguridad ciudadana que está vinculado al combate al narcotráfico, a capturar ese negocio que tiene el mercado ilícito y ponerlo bajo el manejo del Estado”.

Señaló que "esto posee un pensamiento estratégico: a los mercados hay que eliminarlos". En esa dirección, el jerarca enfatizó que "si las sociedades y los Estados dejan y se someten al libre juego del mercado, lo que vamos a tener es más consumo y más acumulación de ganancias, que no siempre pueden estar al servicio de una distribución equitativa o al servicio de la protección de derechos fundamentales como la salud pública” u otros derechos que el Estado debe garantir.

Afirmó que el problema de la seguridad ciudadana hay que manejarlo necesariamente con enfoque de derechos, “es un desafío colocar el tema de los derechos humanos como un tema rector de las políticas de drogas y de las políticas de seguridad ciudadana”.

Romani relató su experiencia en la última Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS), en el mes de abril en Nueva York, donde se observó que “aún se sigue aplicando pena de muerte para delitos menores en drogas y hay campos de trabajo forzado porque se piensa que esto servirá como instrumento de rehabilitación de sus adicciones”, dijo.

Para Romani, “las políticas públicas tienen que llegar a todos, a los que no consumen y a los que consumen. Y a los que consumen hay que llegar de forma sanitaria y preventiva, para evitar riesgos y dar herramientas para gestionar los riesgos. También hay que llegar con tratamientos y rehabilitación como derechos a la salud”.

IRCCA

Romani mencionó que esta Ley crea el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), que es el gran gerenciador de este modelo.

Explicó que la normativa “define espacios en los que el cannabis es legal y un espacio de control de salud bajo el paradigma de la reducción de daños y la gestión de riesgos”.

También comentó que habilita un mecanismo de registro de los usuarios en tres categorías excluyentes: autocultivadores, clubes de membresía y adquirentes en farmacias.

Romani explicó que el registro posee la confidencialidad que asegura que no se vulneren las garantías y el derecho a la privacidad de cada usuario.

En relación al camino a recorrer por Uruguay, afirmó que también permite trabajar sobre la prevención en aquellas personas que padecen consumo problemático.

Resaltó que habrá una severa evaluación, que se hará desde el propio gobierno” y añadió que “estamos abiertos al mundo entero y no estamos improvisando”, dijo.



Ley de regulación de cannabis

Desde el Gobierno se realizará una severa evaluación de resultados

En el marco de las Jornadas Uruguayo–Santafesinas de Derecho 2016, el Secretario General de la JND expuso en el panel dedicado a “Cannabis y Legislación en la Cuenca del Plata”. En relación a la Ley 19.172 explicó que se trata de una política con “enfoque de salud, pero también y fundamentalmente, de derechos humanos”. En el encuentro desarrollado en la Sala Acuña de Figueroa del edificio anexo del Palacio Legislativo, Romani destacó los alcances del mercado regulado de cannabis, dentro de la política de drogas desarrollada por Uruguay.

Señaló que la Ley 19.172 votada por el Poder Legislativo en el año 2013 y reglamentada a principios de 2014, surgió a partir de una estrategia de convivencia ciudadana.

Haciendo historia, Romani dijo que “en Uruguay nunca estuvo criminalizada la tenencia de drogas para uso personal” y agregó que “eso siempre fue un rasgo distintivo pero que nos colocaba ante la situación que, si bien no estaba penalizada la tenencia para uso personal, había un agujero por lo que el usuario de drogas debía concurrir al mercado ilícito para conseguir incluso la ‘dosis razonable’, como lo enunciaba la ley”.

Asimismo afirmó que Uruguay posee una tradición liberal, aunque a la hora de hacer los cambios “somos muy demorones” y tenemos gran resistencia al cambio, lo que explica “la lentitud con la que se ha ido implementando esta ley”.

Relató que se está “en la tercera fase de una ley que regula el mercado de cannabis, una ley que además de estar hecha bajo la idea de proteger los derechos y la seguridad de los usuarios” pretende asestar un golpe al mercado ilícito.

Explicó que en la actualidad, “el debate internacional está analizando el paradigma prohibicionista en su máxima expresión bélica que ha sido conocido como ‘guerra contra las drogas”’.

En relación a la nueva normativa, Romani dijo que “hay un objetivo de seguridad ciudadana que está vinculado al combate al narcotráfico, a capturar ese negocio que tiene el mercado ilícito y ponerlo bajo el manejo del Estado”.

Y señaló que “esto posee un pensamiento estratégico: a los mercados hay que eliminarlos. En esa dirección, el jerarca enfatizó que “si las sociedades y los Estados dejan y se someten al libre juego del mercado, lo que vamos a tener es más consumo y más acumulación de ganancias, que no siempre pueden estar al servicio de una distribución equitativa o al servicio de la protección de derechos fundamentales como la salud pública” u otros derechos que el Estado debe garantir.

Afirmó que el problema de la seguridad ciudadana hay que manejarlo necesariamente con enfoque de derechos, “es un desafío colocar el tema de los derechos humanos como un tema rector de las políticas de drogas y de las políticas de seguridad ciudadana”.

Romani relató su experiencia en la última Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS), en el mes de abril en Nueva York, donde se observó que “aún se sigue aplicando pena de muerte para delitos menores en drogas y hay campos de trabajo forzado porque se piensa que esto servirá como instrumento de rehabilitación de sus adicciones”, dijo.

Para Romani, “las políticas públicas tienen que llegar a todos, a los que no consumen y a los que consumen. Y a los que consumen hay que llegar de forma sanitaria y preventiva, para evitar riesgos y dar herramientas para gestionar los riesgos. También hay que llegar con tratamientos y rehabilitación como derechos a la salud”.

IRCCA

Romani mencionó que esta Ley crea el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), que es el gran gerenciador de este modelo.

Explicó que la normativa “define espacios en los que el cannabis es legal y un espacio de control de salud bajo el paradigma de la reducción de daños y la gestión de riesgos”.

También comentó que habilita un mecanismo de registro de los usuarios en tres categorías excluyentes: autocultivadores, clubes de membresía y adquirentes en farmacias.

Romani explicó que el registro posee la confidencialidad que asegura que no se vulneren las garantías y el derecho a la privacidad de cada usuario.

En relación al camino a recorrer por Uruguay, afirmó que también permite trabajar sobre la prevención en aquellas personas que padecen consumo problemático.

Resaltó que habrá una severa evaluación, que se hará desde el propio gobierno” y añadió que “estamos abiertos al mundo entero y no estamos improvisando”, dijo.

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