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"Informe Catania" 
Versión Taquigráfica de la Senadora Percovich

La senadora Margarita Percovich enumeró en Sala las recomendaciones que en diciembre de 2004 hizo el Parlamento europeo en relación a la nueva estrategia planteada en la Unión Europea para el período 2005 – 2012 con respecto al tema de las drogas, auspiciando la filosofía de la reducción de riesgos y daños.



El “Informe Catania” propugna una alternativa a la política de drogas actual, que está basada en la prohibición. En lugar de mantener el sistema vigente, el Informe propone la generalización de las políticas conocidas como "reducción de daños" o "reducción de riesgos" por toda la Unión Europea. Esta nueva estrategia fue la adoptada en junio de 2005.

A continuación se reproduce íntegra la Versión Taquigráfica de la señora Senadora Percovich en sesión del 17 de mayo de 2005:

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en el día de hoy quiero referirme a las recomendaciones que en diciembre del año pasado hizo el Parlamento europeo –que son conocidas con el nombre de "Informe Catania"- en relación a la nueva estrategia que tiene planteada la Unión Europea a desarrollar en el período 2005 – 2012 con respecto al tema de las drogas.

El Informe Catania propugna una alternativa a la política de drogas actual, que está basada en la prohibición. En lugar de mantener el sistema vigente, el Informe Catania propone la generalización de las políticas conocidas como "reducción de daños" o "reducción de riesgos" por toda la Unión Europea. Esta nueva estrategia sería adoptada en junio de 2005.

Como la forma de atacar esta problemática es un tema de discusión permanente en nuestra sociedad, quiero extraer de ese informe algunos elementos que me parecen buenos para el debate que se da en nuestro país.

El informe propone a los estados europeos redefinir la cooperación en el ámbito de la política sobre la droga, orientada a poner coto al tráfico de drogas transfronterizo de gran escala, de tal forma que se aborde el problema desde todos los puntos de vista, basándose en un enfoque científico, en el respeto de los derechos civiles y políticos, y en la protección de la vida y la salud de las personas. Propone, también, tener en cuenta que las evaluaciones realizadas hasta el momento de los seis objetivos principales establecidos en la estrategia antidroga de la Unión Europea en el período 2000 – 2004, demuestran que en ninguno de ellos se han obtenido resultados favorables, y que de todo esto se han de sacar las consecuencias políticas y legislativas al elaborar la estrategia europea en materia de lucha contra la droga para el período 2005-2012 y los correspondientes planes de acción. Me parece que este punto es especialmente importante, porque implica una revisión, que se está discutiendo en Europa, América Latina y Estados Unidos, de los principios sobre los cuales se ha venido trabajando en todo el mundo, derivados de las convenciones de las Naciones Unidas de los años 60 y 70, que están basados, prácticamente, en el tema de la represión. Propone también determinar objetivos y prioridades claros, precisos, cuantificables, que puedan plasmarse en indicadores y acciones operativas en los futuros planes de acción, debiéndose definir las responsabilidades y plazos de aplicación con suma claridad, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, a fin de garantizar la agilidad de la ejecución, que requiere un enfoque multidisciplinario a escala europea en torno a estos objetivos claramente delimitados: la coordinación, la información, la evaluación y la cooperación internacional. Estos son principios que nosotros, en un área difícil como lo es América Latina, deberíamos ir tomando en cuenta. Para ello, propone llevar a cabo una evaluación detallada de la eficacia de la ejecución de la anterior estrategia, prestando especial atención a la prevención del consumo y la dependencia, la reducción de la oferta y la demanda de drogas ilícitas, la limitación del daño social –es decir, la marginalización- la limitación de los daños a la salud y una reducción de la delincuencia a pequeña escala y de la delincuencia organizada relacionadas con la droga. Por lo tanto, propone no adoptar la nueva estrategia europea en materia de lucha contra la droga para estos próximos cinco o seis años sin conocer los resultados reales alcanzados por la anterior estrategia, medidos a través de las pertinentes evaluaciones técnicas, científicas, legislativas y políticas.

También propone definir normas mínimas, que mejoren la disponibilidad y la eficacia de las intervenciones y las relativas a las medidas de rehabilitación, sobre la base de las mejores prácticas de los Estados miembros, con el objeto de reducir el impacto social derivado del uso de estupefacientes. Aquí está el tema de los protocolos, que es un tema todavía pendiente en nuestro país. Se propone, además, incrementar la disponibilidad de los programas de reducción de daños, especialmente con miras a evitar la propagación del VIH y de otras enfermedades de trasmisión hemática entre los consumidores de drogas. A la vez, se propone establecer normas mínimas de rehabilitación basadas en las mejores prácticas de los Estados miembros, en lugar de centrarse en exceso en los tratamientos a posteriori, a base de sustitutos de drogas; aquí está todo el tema del tratamiento con metadona. Con este fin, deberán realizarse esfuerzos particulares con miras a la reinserción social.

También propone incidir mucho más en los aspectos de la reducción de daños, la información, la prevención, el cuidado, la atención a la protección de la vida y de la salud de las personas con problemas derivados del consumo de sustancias ilícitas, y definir medidas para evitar la marginación de las personas afectadas, en lugar de aplicar estrategias represivas al límite de la vulneración de los derechos humanos fundamentales.

Se propone también establecer programas de rehabilitación para los delincuentes consumidores como alternativas a la cárcel, puesto que este tipo de programas han resultado ser eficaces en los países en los que se han realizado. Se habla, también, de prever y garantizar la accesibilidad a los programas de sustitución, prestando especial atención al ambiente carcelario, y fomentar al mismo tiempo la aplicación de medidas alternativas a la detención para los consumidores de sustancias ilícitas o por delitos menores y no violentos relacionados con dichas sustancias. En Europa muchos países penalizan a los consumidores.

Por otro lado, se propone aumentar significativamente la ayuda al desarrollo de los países productores de droga –este es un tema especialmente delicado- mediante programas que financien cultivos alternativos sostenibles y la reducción radical de la pobreza. Se propone estudiar también la posibilidad de favorecer y proteger la producción, por ejemplo, de los opiáceos con fines médicos y científicos, así como tomar en consideración la posibilidad de lanzar proyectos pilotos para la industrialización de productos lícitos derivados de las plantas que figuran en la Convención de 1961, como, por ejemplo, el cáñamo índico y las hojas de coca y marihuana. Se propone llevar a cabo un estudio científico sobre los costos y beneficios de las actuales políticas de control de las sustancias estupefacientes, que incluye un análisis del cannabis y sus derivados, lícitos e ilícitos, también con el objeto de evaluar sus efectos y su potencial terapéutico, así como los resultados de las políticas de criminalización y de las posibles alternativas. Se habla de llevar adelante un análisis de la eficacia de los programas de distribución de heroína bajo control médico con fines terapéuticos, respecto del objetivo de reducir las muertes a causa de la droga, y un análisis de los costos económicos, jurídicos, sociales y ambientales de las políticas de prohibición en términos de recursos humanos y financieros destinados a la aplicación de las leyes. A la vez, se propone un análisis de las repercusiones, en terceros países, de las actuales políticas derivadas tanto de la estrategia europea como del sistema mundial del control de las drogas.

Creo que aquí hay una serie de elementos que importa que entren en el debate de las políticas relacionadas a este tema en nuestro país, porque ya hay una práctica en otras regiones con relación a la aplicación de las viejas Convenciones de las Naciones Unidas. Me parece pertinente que estos temas, que se están discutiendo en la Unión Europea, también se incorporen al debate en nuestro país.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a la Junta Nacional de Drogas, a la Secretaría Nacional de Drogas, al Ministerio de Salud Pública, a la Suprema Corte de Justicia, a los organismos de la Enseñanza y a todos los gobiernos departamentales, donde sé que hay comisiones específicas preocupadas por este tema, especialmente en las Juntas Departamentales, a nivel de los ediles.

Muchas Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora.

(Se vota:)
26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.