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03/11/16 Regulación del mercado de cannabis

Evaluación de la política pública para ratificarla o rectificarla

El Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, está presente en el 60º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)- OEA que se desarrolla entre los días 2 y 4 de noviembre en Bahamas. En su intervención explicó los alcances de la política que lleva adelante Uruguay en relación a la regulación del mercado de cannabis y subrayó la importancia del seguimiento y evaluación del nuevo modelo como un indicador clave de cambio social.

Explicitó que, como toda política pública, debe ser evaluada dentro de plazos sensatos para lo que un proceso de este tipo implica. Añadió que el seguimiento y evaluación se basará en dimensiones tales como: disminución del consumo de drogas más nocivas; baja en la cantidad de procesamientos con prisión por infracciones a la ley de drogas; aumento en la cobertura de los programas para reducir el consumo y reducción de la actividad del crimen organizado en el país.

En esa dirección, la Ley 19.172 crea una Unidad de Evaluación y Monitoreo, con el mandato de elevar informes a la Asamblea General del Parlamento. Olivera explicó que esta Unidad se ubica en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, “en consonancia con una orientación hacia la evidencia científica y las buenas prácticas que se encuentra ya formulada en la Estrategia Nacional de Drogas”.  

En este 60º encuentro de la CICAD Olivera señaló que, a partir de esta nueva normativa,  Uruguay cuenta con un Comité Científico Asesor integrado por destacados expertos de la academia nacional encargados de diseñar, conceptual y metodológicamente, el proceso de evaluación. También cuenta con redes de expertos nacionales e internacionales que integran la mesa de discusión del proceso y con la contribución de núcleos locales de investigación que actúan con total independencia del gobierno.

El Secretario General de la JND sostuvo que se busca fomentar “la diversidad de miradas y la interdisciplina, con la finalidad de obtener productos que den cuenta de una realidad compleja y una tarea sumamente desafiante”.

Señaló que la idea es “conformar un Sistema de Evaluación y Monitoreo que retroalimente a la política e informe adecuadamente la toma de decisiones y las eventuales modificaciones que pudieran resultar necesarias”.

Añadió que “no es posible pensar en evaluación sin un adecuado sistema de monitoreo que obtenga y ordene, de forma permanente, la información clave basada en la definición de un conjunto de indicadores organizados en las distintas dimensiones que hacen al impacto del modelo”.

Entre esas dimensiones, se encuentra la económica, que evaluará las medidas tendientes al control y regulación del cannabis psicoactivo y sus derivados e incluirá el proceso desde la producción hasta el acceso por parte del usuario.

La dimensión salud que identificará la capacidad de proteger, promover y mejorar la salud a través de acciones orientadas a minimizar riesgos y reducir daños del uso del cannabis y otras drogas. Analizará la oferta de tratamiento y el acceso equitativo a la red sanitaria.

En lo que hace a seguridad, se observarán los efectos sobre la protección de los ciudadanos acerca de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico. La dimensión Justicia se centrará en la aplicación de sanciones por la plantación, cultivo, cosecha y comercialización de cannabis psicoactivo.

Por último, a nivel internacional se analizará la evolución de acuerdos y relaciones multilaterales en torno a las políticas de regulación de mercados. Es de destacar que cada dimensión cuenta con indicadores que deben ser consensuados, estandarizados, comparables y oportunos.       

Olivera destacó que Uruguay “tiene una sólida posición en torno a los consumos de drogas desde una perspectiva donde prima la promoción de la salud y la protección de los Derechos Humanos”. Agregó que la política de regulación del mercado de cannabis “se da en plena consonancia con los constantes y exitosos esfuerzos por regular el mercado de tabaco, que han servido como referencia para varias naciones hermanas y han sido refrendados en tribunales internacionales, donde primó el derecho a la salud de las personas sobre cualquier interés de tipo comercial”.

Al cierre de su exposición, Olivera enfatizó en que llevará un tiempo poder ver los resultados de esta política pública pero que “la disyuntiva está planteada: seguimos con una política universal de confrontación y lucha contra el narcotráfico que ha ido al fracaso o intentamos un nuevo camino".

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