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12/03/14 Secretario de la SEDRONAR - ARGENTINA

Argentina resaltó que su abordaje del problema mundial de las drogas se opone a la estigmatización de los consumidores de drogas

Le delegación argentina dejó claro en Viena que su país se opone a estigmatizar a los consumidores de drogas y a realizar una asociación entre droga y delito. “Argentina mantiene una posición en la que el objetivo mayor de los esfuerzos del Estado, en materia de tráfico ilícito de drogas, debe orientarse a la persecución penal de los eslabones más altos de la comercialización ilícita de drogas y no a sus eslabones más bajo evitando cualquier estrategia cuyo eje sea la criminalización de la pobreza”, advirtieron.

Sres. Ministros y Representantes Permanentes,
Sras. y Sres.

Es para mí un verdadero honor tener la oportunidad de representar a mi país, la República Argentina, en ocasión de la serie de Sesiones de Alto Nivel de este quincuagésimo séptimo período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes en la que realizaremos un examen de medio término de la aplicación de la Declaración  Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas.

Quisiera referirme brevemente, y en primer lugar, al cambio político gestado en la Argentina a partir del 2003 que constituyó una bisagra en el resurgir de una Argentina para todas y todos, luego de la dolorosa experiencia que significó para mi país la aplicación a ultranza de los mandatos “sacrosantos” del neoliberalismo. Considero que ayudará a una mejor comprensión de los avances que tenemos en materia del abordaje del problema mundial de las drogas.

Sr. Presidente,

El proyecto político que nació en la Argentina con la asunción del ex Presidente Néstor Carlos Kirchner en mayo del 2003 y que continúa profundizándose con nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene como sustento indiscutible los valores compartidos e irremplazables en torno a los derechos humanos y la justicia social, unido a cuatro criterios rectores que transversalizan cada una de nuestras acciones: la equidad social, de género, generacional y territorial; la promoción y ampliación de derechos, la igualdad de oportunidades y la organización y participación popular.

Este proyecto político nacional, popular y solidario ha logrado transformar, en poco más de una década, a una Argentina que estuvo subsumida en los mayores niveles de inequidad, pobreza, desempleo y exclusión, producto de la implementación de políticas que ponían el acento en las necesidades y supuestas bondades del mercado, soslayando a la persona y su familia.

Hoy Argentina ha recuperado su dignidad sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos traducidos en la creación de oportunidades de empleo, educación de calidad, expansión del acceso al sistema de salud en el marco de una estrategia de crecimiento sostenido con inclusión social, distribución equitativa de la riqueza y desarrollo nacional para los 40 millones de argentinas y argentinos.

Entendemos que la importancia de la inclusión social se encuentra en su calidad práctica y capacidad concreta de modificar la realidad objetiva de los sujetos. No es una mera enunciación. Incluir es reconocer los grupos sociales diferentes y el valor de esa diferencia. Incluir también es el respeto a la diversidad y el reconocimiento del tercero vulnerable.

Inclusión es el antónimo de exclusión. Y me voy a permitir citar a un amigo y compatriota, amigo también de los pobres y excluidos… el Papa Francisco. En la encíclica Evangelii Gaudium dice “Hemos dado inicio a la cultura del ‘descarte’. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son ‘explotados’ sino desechos, SOBRANTES.

El Estado argentino vuelve a reposicionarse en el centro del proceso de recuperación y transformación de la realidad como el principal sujeto activo y promotor de la sociedad, a través de la definición de las estrategias políticas, sociales y económicas dirigidas al bien común, desde la ética, la equidad y la justicia social. En Argentina, el narcotráfico no ocupa el lugar del Estado, ni el de las pequeñas y medianas empresas, ni el de la industria o el empleo. El Estado ESTÁ PRESENTE.

De esta forma, esta visión, que recupera a la política como herramienta de cambio, ha permitido reconstruir el tejido social luego de la profunda crisis experimentada por el modelo neoliberal en sus expresiones político- institucional, económico y social que llegó a su máxima manifestación en los años 2001-2002.

Sr. Presidente,

Es importante retrotraernos a nuestro reciente pasado para poder comprender los cambios que han tenido lugar en la Argentina toda, y consiguientemente los avances en materia del problema mundial de las drogas.

En este sentido, quiero comenzar destacando que las diversas aristas que incluye un abordaje integral de esta problemática ha llevado al Estado Argentino a diseñar su intervención integral a partir de la división primaria y coordinada de tareas y responsabilidades entre diferentes organismos estatales, a saber:

El paradigma desde el cual comenzamos a abordar este flagelo nos faculta a implementar un conjunto de acciones de manera coordinada, equilibrada y sobre todo acorde a las necesidades de aquella persona vinculada  al abuso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, permitiéndonos trabajar por su inclusión social. Tenemos claro que la “guerra contra las drogas” abordada solo desde la fiscalización, sanciones penales y acciones policiales ha fracasado.

Es aquí donde dejamos de abordar a esa persona desde la noción misma de “adicto”, término estigmatizante identificado con ideas, valores y teorías que fundamentan propuestas asociadas a un proyecto mercantilista y excluyente de sociedad, a partir del cual se abren tres miradas posibles acerca del consumo problemático de drogas.

Por un lado, el sujeto que consume queda capturado en una mirada medicalizadora que lo señala como “enfermo” y/o “adicto”, víctima de una patología que lo excede, y cuya solución se le hace ajena, dejándolo pasivo y con el recurso único del abordaje médico-clínico.

Al mismo tiempo, el sujeto consumidor puede también quedar atrapado en los discursos criminalizantes, que lo señalan como “criminal” o “delincuente” no sólo porque la tenencia para consumo de estupefacientes es, bajo la legislación argentina, un acto ilegal en sí mismo; sino también porque la mirada criminalizadora se vincula a un discurso mediático que asocia droga con comisión de delitos, y lo que es peor, con pobreza.

Por último, hay un gran número de sujetos que consumen sustancias psicoactivas que no son captados por la mirada medicalizante ni tampoco la criminalizadora, y que quedan por tanto “excluidos” del abordaje a través de políticas o acciones. Se trata principalmente de los consumos de sustancias que están naturalizados (como el uso y abuso de alcohol) o incluso legitimados (como el uso de psicofármacos) y que en muchas ocasiones configuran una construcción social de las problemáticas que se  presentan como más graves (consumo de estupefacientes) mientras que otras desaparecen del paisaje, cuando afectan a una porción mayor de la sociedad.

En todos los casos, el abordaje se hace  desde un enfoque centrado en la “patología”: Se  trata de una construcción que proviene de la misma lógica individualista y reduccionista que asocia al consumidor con un enfermo y no considera la persona y ni sus relaciones.

Vale destacar que el abordaje del Problema Mundial de las Drogas que sostiene la República Argentina se opone a la estigmatización de los consumidores de drogas y a la asociación droga y delito. Argentina mantiene insistentemente una posición en la que el objetivo mayor de los esfuerzos del Estado, en materia de tráfico ilícito de drogas, debe orientarse a la persecución penal de los eslabones más altos de la comercialización ilícita de drogas y no a sus eslabones más bajo evitando cualquier estrategia cuyo eje sea la criminalización de la pobreza.

En la Argentina y sobre la base de lo que mencionaba al comenzar esta palabras, el respeto irrestricto de los derechos humanos, nos permitió generar un nuevo paradigma que contempla la complejidad del consumo problemático de drogas a partir de  una mirada multicausal que reconoce las especificidades de los sujetos, de sus trayectorias de vida, de las comunidades y sus prioridades y necesidades. Así, se prioriza el trabajo articulado con movimientos comunitarios y con la redes locales con el objeto de aproximarnos a la problemática real que se da en cada territorio social.

Bajo este enfoque, Sr. Presidente, son en primer lugar Sujetos con derecho no solo a recibir el tratamiento adecuado, sino también de lograr su plena participación en la sociedad. De esta  forma, el Estado no busca solamente “la reducción del daño” en la salud, sino que el objetivo es crear las condiciones  y oportunidades necesarias para lograr su plena integración social a partir del diseño e implementación de una política social esencialmente liberadora que le permita soñar con un proyecto de vida en el cual pueda desarrollarse plenamente.

Se trata de pensar en  “sujetos de derecho”: una persona con derechos a ser reconocidos y con una vida construida que trasciende al consumo de alguna sustancia. En este sentido, la República Argentina y en sintonía con la Declaración Política y el Plan de acción que se encuentra en elevación, aplica un enfoque amplio en el abordaje de la reducción de la demanda de drogas, ejecutando políticas y programas que incluyen acciones en materia de prevención, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, con un criterio interinstitucional amplio en las que intervienen, de modo coordinado no sólo los distintos organismos del Estado Nacional  sino también las provincias y diferentes sectores de la comunidad. Esto nos permite una aproximación desde la integralidad en la mirada e integralidad en las respuestas.

En este punto, es importante destacar que bajo este marco de acción, la construcción de estrategias de intervención, a la par de ser integrales y coordinadas, tiene un fuerte acento en el territorio, como espacio genuino para la participación individual y comunitaria desde el cual diseñar e implementar soluciones acordes a las necesidades detectadas.

Si bien el problema del uso indebido de drogas es un fenómeno que se da a escala global, adquiere características propias en cada realidad local. En nuestro país conviven realidades diversas, que están marcadas por las diferencias en el lenguaje, en las tradiciones, en la cultura, en las condiciones de vivienda, educación y salud, en el desarrollo social y económico de la zona, en la infraestructura vial y de comunicaciones, etcétera. En definitiva, el consumo de sustancias psicoactivas se dibuja de acuerdo a las configuraciones de las condiciones de vida.  Con lo cual es importante diseñar respuestas diferenciadas considerando las particularidades de cada uno de los territorios. El territorio está, para nosotros, en las antípodas de programas enlatados o moldes que bajen los índices de ofertas o demandas.

De esta manera, hemos adoptado un nuevo conjunto de iniciativas convergentes en dispositivos que son adaptados en cada lugar de acuerdo a las problemáticas encontradas:

Sr. Presidente,

En materia de desviación y tráfico ilícito de precursores químicos y en concordancia con el espíritu original de los tratados, cuyo  propósito está centrado en la salud física y moral de la humanidad, ya desde 1971 la Republica Argentina ha promulgado la Ley 19.303, determinando los estupefacientes y sustancias que bajo fiscalización podrían circular en territorio nacional. Asimismo en el año 2005 se creó a través de la Ley 26.045 el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), resguardando la integridad del sujeto de derecho.

Este Registro Nacional ha propuesto un control riguroso con abordaje territorial nacional sobre los usos lícitos de las sustancias químicas fiscalizadas por la Convención de 1988, coartando el libre albedrio de sujetos que desviaran las sustancias enmarcadas las Listas para fines ilícitos, afectando la salud del individuo y sus condiciones de sujeto de derecho, dañando la sociedad entera.

Conscientes de que la fiscalización de precursores y sustancias psicotrópicas es central en la estrategia para la reducción de la oferta, el control de dichas sustancias se ha vuelto más riguroso con los años, habida cuenta de la rápida proliferación de nuevas sustancias y su transformación para usos indebidos.

Argentina, a través de su Ministerio de Salud y la SEDRONAR, implementa un sistema de trazabilidad con el objeto de realizar un seguimiento y correlación coherente de las importaciones, exportaciones y comercialización interna para dirimir usos y fines de las sustancias y medicamentos que fueren plausibles de poner en riesgo la legitimidad de su uso y comercialización, que no fueran abocados a fines lícitos en consonancia con los tratados internacionales.

Por eso acordamos con la necesidad de un aumento de la cooperación internacional en la identificación y elaboración de informes de nuevas sustancias psicoactivas que ayuden a identificar las alertas tempranas

En relación al blanqueo de dinero  y bienes producto del tráfico ilícito de drogas, desde la aprobación de la Declaración Política y su Plan de acción, la República Argentina ha realizado pasos sustanciales para enfrentar el lavado de activos de origen ilícito incluyendo aquellos vinculados al narcotráfico. La sanción de un nuevo marco normativo implicó la entrada en vigor de un nuevo paradigma en cuanto a la consideración de la criminalidad económica. Entre los aspectos trascendentes introducidos se destacan la incorporación de la figura de autolavado, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el decomiso sin condena y el fortalecimiento de la Unidad de Información Financiera.

No obstante, si bien en los últimos años varios Estados de América Latina y el Caribe han adoptado medidas semejantes que permitieron fortalecer sus regímenes, la Republica Argentina entiende que continúa presentado un problema la existencia de las denominadas "guaridas fiscales". Este tipo de jurisdicciones son particularmente susceptibles de ser utilizados por quienes buscan legitimar activos provenientes de actividades ilícitas y debería ser un tema a abordar con miras a fortalecer la cooperación internacional enfatizando el concepto de responsabilidad común y compartida también en lo que se refiere a las políticas internacionales en materia de lavado de activos.

Sr. Presidente,

La comunidad internacional viene reconociendo cada vez más que la cooperación regional es de importancia fundamental para dar una respuesta coordinada y eficaz al problema mundial de las drogas y a otros problemas de índole transfronteriza.

En este aspecto, es importante destacar el proceso de integración que está  vivenciando la región latinoamericana y caribeña. Para América Latina, el proceso de unidad e integración regional en el siglo XXI (UNASUR, CELAC) es parte de la lucha por la descolonización. Ya no luchamos contra el colonialismo de hace 500 años que devastaba pueblos por el afán de riqueza y poder. El colonialismo o neocolonialismo que reaparece a mitad del siglo XX para definir formas de dependencia económica, social, política y cultural con recetas que han fracasado también con el afán de riquezas o poder.

Buscamos, y necesitamos, una región plenamente democrática, pacífica y territorialmente integrada que reconoce y se reencuentra con su historia y su cultura, redescubriendo elementos claves que afianzan su clara conciencia y su acción como plataforma en su relación con el resto de los países y regiones en un mundo cada vez más caracterizado por la formación de bloques políticos- económicos.

Esta nueva configuración geopolítica plantea también desafíos en el tema drogas exigiendo de los Estados la máxima cooperación y coordinación posible, entendiendo que el uso indebido de drogas posee características propias en la región y aún dentro de cada uno de los países que la componen. Por lo tanto, deben ser los mismos Estados y grupos regionales quienes fijen las prioridades en sus agendas,  con pleno respeto de su soberanía, la integridad de sus territorios y el principio de no intervención en sus asuntos internos.  

Tenemos que “descolonizar”, también, la mirada sobre las drogas. Argentina respeta, sin enjuiciar, las autonomías y las decisiones de cada país en materia de drogas, narcotráfico, producción o despenalización. El Estado argentino no acepta las intromisiones unilaterales, ni los informes tendenciosos o calificativos o ranking de países. Sí bregamos, en materia de narcotráfico, por el trabajo conjunto.

Defendemos y promovemos la multilateralidad. Somos parte de esta Comisión. Sin embargo, creemos que es necesario un análisis sistemático de sus mecanismos e instrumentos. Ellos tienen que ser útiles a los Estados, no deben servir para su castigo o para promover el statu quo en materia de droga. Deben servir para favorecer cambios positivos en las miradas sobre la problemática de las drogas y sus abordajes.   

Por este motivo, es necesario que los observatorios de drogas de la región comiencen a generar contenido que permita hacer un análisis que responda a los intereses y problemáticas de cada país en particular y de la región en su totalidad. Invito a mis hermanos de Latinoamérica y el Caribe a que aunemos esfuerzos para llevar adelante “un observatorio” regional que nos permita tener datos certeros de nuestra realidad.

Es necesario modificar el paradigma que rige las decisiones internacionales en esta materia. La guerra contra las drogas ha generado niveles de violencia equiparables a un conflicto armado y ha tenido un enorme impacto en el funcionamiento de sistemas de seguridad, de justicia y en las cárceles.

El proceso iniciado de cara a la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas en 2016, representa una oportunidad para propender a  la evolución del modelo imperante y proponer nuevas estrategias. El escenario ha estado centralizado por posiciones conservadoras de países dominantes. Es necesario abogar por la inclusión en el debate de otros actores institucionales que permitan ampliar la mirada. Seria útil, por ejemplo, el involucramiento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, y el Fondo de Población, entre otros, para elaborar un nuevo y mejor diagnóstico sobre el problema. Dado que éste es un asunto global, resulta clave que los padecimientos ya vividos en la región de América Latina no se reproduzcan aún más en otras regiones del mundo.

Necesitamos una Política Mundial de Drogas que, comprometida con el desarrollo humano e incluyente de sus pueblos, insista en poner en el centro al “Ser Humano”; considerándolo como un “Sujeto de Derecho Pleno”.

Para finalizar, Sr. Presidente,  entendemos que el futuro de los sujetos sólo podrá ser sustentable en la medida que exista un Estado orientado al bien común y a la justicia social. Este Estado presente debe promover el desarrollo del potencial de los sujetos en pos de su crecimiento personal, que no será solamente individual sino que repercutirá en la comunidad.

El proyecto de vida de cada sujeto plantea una experiencia que es interpersonal, esencial y genuinamente colectiva; plantea que cada sujeto sea uno mismo dentro de una pluralidad. Por ello, la trascendencia será precisamente poder construir una experiencia comunitaria con el otro, que es distinto, singular y único.

Como sostiene nuestra Presidenta, tenemos que entender que el problema de las drogas no es casualidad, y que atenta contra nuestros jóvenes “cuando ellos no ven un mundo mejor, una oportunidad mejor, cuando se pierden las utopías. Porque una de las cosas que caracterizan siempre, en todas las latitudes y en todos los lugares, a los jóvenes, son los ideales, las utopías, las que llevan a luchar, las que llevan a pensar que podemos vivir en un mundo mejor”.

Muchas gracias.